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La PAH nos hemos reunido con Pedro Sánchez

Tras 10 años de lucha y legitimidad, esta mañana la PAH nos hemos sentado por primera vez cara a cara con un presidente del Gobierno, al que le hemos exigido un plan de choque urgente frente a la emergencia en vivienda. La reunión terminó sin ningún compromiso firme, más allá de una declaración de buenas intenciones y el anuncio de recoger nuestras aportaciones en un documento que presentarán el próximo martes, cosa que está por ver.

30 de agosto de 2019

Corren tiempos convulsos para las familias desde el inicio de la estafa, mal llamada crisis, iniciada en 2008. Por el camino han quedado más de 600.000 desahucios, el crimen de dejar a las familias en la estacada mientras se rescata a la banca con 77.000 millones de dinero público sin retorno ni contraprestación social, una ley hipotecaria al servicio de la banca, venta de pisos públicos a fondos buitre, falta de parque público de vivienda, negativa a alquileres sociales en plena burbuja de los precios del alquiler… La emergencia está muy lejos de solucionarse ante la pasividad crónica de los distintos gobiernos, que han mirado hacia otro lado y legislado solo a favor de la especulación, el sistema financiero y los desahucios

Desde la PAH llevamos 10 años denunciando la situación, protegiendo a las familias que se acercan por todo el Estado a nuestras asambleas y presentando los cambios legislativos necesarios para revertir esta situaciónde vulneración y mercantilización del Derecho a la vivienda. Hemos logrado leyes autonómicas y llevado una Ley de Vivienda estatal al Congreso que no logró llegar a la fase de enmiendas para hacerse realidad a causa del bloqueo sistemático del PP y Ciudadanos, semana tras semana, mientras criminalizaban a las familias en precario. Una ley y una reforma legislativa más que urgente en el marco actual en el que cada año la cifra de los desahucios roza los 60.000, la banca está vendiendo su cartera de pisos vacíos de forma masiva a los fondos buitre, los precios del alquiler ya desbordan los sueldos medios, los presupuestos del estado para vivienda son irrisorios y seguimos sin vivienda pública y social. Un cúmulo de situaciones que convierten nuestro país en un indiscutible error democrático y una absoluta anomalía en toda Europa.

Está mañana, por primera en la historia nos hemos sentado cara a cara frente a un presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, el ministro de vivienda José Luis Abalos y la secretaria de Estado de vivienda Beatriz Corredor nos han atendido en una reunión en la que también estaban convocados otros actores como la Patronal de la construcción o la AEB (patronal bancaria), para hablar de vivienda. 

Nosotras lo tenemos claro y no estamos dispuestas a que esta reunión se limite a un encuentro cara a la galería para un uso puramente electoral por parte del PSOE, a costa de las lágrimas y lucha de tantas afectadas. Queremos compromisos y soluciones ya, sin excusas ni dilaciones, cada retraso es un favor a la banca. Por eso, más allá de argumentar la realidad de la situación y poner la cara colorada a más de uno de los presentes, hemos entregado un documento con nuestro Plan de choque para frenar la emergencia habitacional hasta lograr esa reforma legislativa necesaria para empezar a gobernar pensando en las familias, no en el sistema financiero, haciendo realidad el artículo 47 de esa Constitución que tanto se llenan la boca en defender.

Nuestro plan de choque, a grandes rasgos consta de:

  • La suspensión temporal de todo desahucio que afecte a personas con bajos ingresos, que carezcan de alternativa habitacional adecuada, hasta que la Administración Pública que corresponda pueda garantizar genuinamente el acceso a una vivienda adecuada.
  • El cumplimiento del mandato constitucional acerca de los Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
  • La anulación del procedimiento conocido como desahucio abierto, que genera un sufrimiento añadido, por la incertidumbre al ignorar cuándo se va a producir el desahucio. Algunos jueces siguen reinterpretando la ley haciendo necesaria una nueva revisión de la LEC que evite estas reinterpretaciones.
  • Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, así como ampliar su radio de alcance.
  • Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social, que ahora se están negando para que las familias firmen alquileres de mercado a pesar de estar en situación de vulnerabilidad económica.
  • Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los salarios y prestaciones existentes en nuestro país, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
  • Incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
  • Impedir la enajenación de vivienda pública por norma legal.
  • Medidas legales que otorguen a la administración pública pertinente el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente, acaban en manos de fondos buitre.
  • Cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada, con prohibición expresa a Bankia y a la SAREB de seguir vendiendo suelo o viviendas, cediendo de forma inmediata aquéllas de las que dispongan en zonas tensionadas. Y que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales se les reclame su deuda en vivienda.
  • Reforma de la fiscalidad de la vivienda, para que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades. Así como penalizaciones a vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
  • Incorporar plenamente la Directiva 93/13/CE y toda la jurisprudencia del TJUE en relación a las cláusulas abusivas.
  • La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas sobrevenidas y ajenas a la voluntad del deudor, superando el sobreendeudamiento de miles de familias y conseguir una auténtica segunda oportunidad. Además, para carteras hipotecarias transferidas con importantes descuentos a fondos buitre, la aplicación del derecho de retracto, actualmente muy limitado.
  • Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH, la Ley 24/2015 catalana -fruto de una ILP impulsada por la PAH y con amplio consenso político de extenderla- más la incorporación de los aspectos más progresistas y avalados por el Tribunal Constitucional, como la movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler social estable o la consideración del Derecho a la vivienda como Derecho Subjetivo para las familias vulnerables.

Gracias al trabajo diario y las miles de pequeñas victorias alcanzadas a lo largo de los años, con desobediencia civil pacífica, hemos llegado hasta aquí. La mayoría de los partidos han apoyado nuestra Ley Vivienda -incluido el PSOE-, nos han escuchado, recogido nuestras propuestas… Ahora sólo sólo queda lo más evidente: dejar la cobardía política atrás y tener la altura necesaria para hacerlas realidad.

Nosotras seguiremos estando ahí, valientes y empoderadas, luchando contra la vulneración del Derecho a la vivienda. No valen excusas ante vidas en juego y el martes estaremos muy vigilantes a las novedades que presente el PSOE.

 

PP Y CIUDADANOS VETAN LA LEY VIVIENDA PAH, PERO JAMÁS PODRÁN VETAR NUESTRAS GANAS DE LUCHAR

El partido de Albert Rivera se une al veto del PP para evitar que la Ley de Vivienda de la PAH se debata en el Congreso. Hoy martes, 20 de marzo, una minoría ha cerrado las puertas del Congreso a un texto de ley que cuenta con amplio apoyo de la ciudadanía. Hoy se ha vetado una propuesta que nace para acabar con la ley actual de vivienda, una ley anómala e injusta que expulsa del sistema a las personas, que nos condena a la exclusión social y a la muerte civil y financiera. PP y Ciudadanos secuestran nuestra solución y deciden seguir apostando por los desahucios, la estafa en alquileres, y las deudas de por vida.
 
Con la complicidad de Ciudadanos, el Gobierno deja que el sector privado siga haciendo negocio con un bien social, con un derecho humano, ampliando la burbuja de la hipoteca a los alquileres. Lo sucedido hoy no representa solamente la repetición de errores del pasado. Hoy, los que han sostenido el veto dan la espalda al trabajo y a las soluciones que hace 9 años que se vienen construyendo desde la calle para responder a su inacción. Su veto no se reduce a una negativa a nuestras propuestas. Es sobretodo una negativa al debate, una resistencia a abrir las puertas del Congreso a la ciudadanía.
 
Para responder a la emergencia habitacional, las ciudadanas decidimos dar forma de texto de ley a las soluciones que ya hace años practicamos desde la calle. Registramos una propuesta legislativa que recoge medidas que permitan acabar con las deudas de por vida, que eviten que ninguna persona se quede en la calle o sin acceso a suministros eléctricos. Medidas que amplían el parque de vivienda social. Proponemos, a diferencia del Plan de Vivienda del PP, que sea la banca y no sus víctimas quien ponga a disposición pública los millones de viviendas vacías que utiliza para especular.
 
Nuestra propuesta no supone mayor gasto en los presupuestos públicos del Estado y prevé que las medidas que puedan afectar a los presupuestos vigentes, se pongan en práctica durante el siguiente ejercicio presupuestario. Por todo ello el camino natural de nuestra propuesta sería pasar al debido debate parlamentario, puesto que el texto no tiene ningún error de forma o contenido que justifique el veto.
 
El gobierno del PP miente, engaña y estafa a la ciudadanía cuando excusa el veto en que nuestras medidas para aumentar el parque público costarían dinero de los presupuestos. Estas medidas se centran en que los bancos y grandes tenedores tengan que ceder sus pisos injustificadamente vacíos a la Administración municipal. PP declara falsamente que desde los presupuestos del Estado se tendría que pagar los alquileres sociales que se concedieran a las familias para habitar en estos pisos cedidos, pero en realidad nuestras medidas contemplan que las familias pagarían estos alquileres sociales según baremos del 10%, 12% y 18% de sus ingresos. Estos pagos, de hecho, podrían ir a parar a la Administración suponiendo una nueva fuente de ingresos. 
El gobierno también declara falsamente que garantizar agua, luz y gas provocaría una disminución de los ingresos de 186 millones, ya que se rebajaría el consumo. Lo que es una cifra ridícula teniendo en cuenta que estas medidas acabarían con la pobreza energética de 5 millones de hogares. Y que serían medidas que no entrarían en vigor hasta el siguiente ejercicio presupuestario, sin afectar a los presupuestos en vigor. Además de que harían innecesarias medidas como el Bono Social y las ayudas al pago de las facturas de los suministros.
 
Nuestro texto de ley está avalado por un amplio consenso social. Cuenta con el apoyo de grupos de hasta 14 Parlamentos Autonómicos, 100 mociones en Ayuntamientos a favor, decenas de vídeos de apoyo de voces reconocidas de músicos, actores, colectivos sociales y periodistas, el apoyo de dos Eurogrupos del Parlamento Europeo y de la Relatoría para la Vivienda Adecuada de la ONU. Además, hemos llevado a cabo un proceso abierto a todos los grupos parlamentarios, incluyendo sus voces y asegurándonos, a cada paso tomado, que se cumplieran todos los trámites exigidos.
 
Sin embargo, nos han cerrado las puertas vetando la discusión democrática. No se trata de un veto técnico, sino de falta de voluntad política.  El veto del PP es alarmante, pero no sorprendente. Se inscribe en una trayectoria de años de complicidad con la banca. Más grave aún es la complicidad de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera actúa como cómplice del gobierno del PP sumando la mayoría necesaria para impedir que nuestro texto de ley pueda ser debatido en el Congreso. Ciudadanos se ha aliado con el PP, con falsas alegaciones técnicas en lo que supone un secuestro del aparato legislativo puesto que Ciudadanos tiene la capacidad de levantar el veto del gobierno, ya que lo han hecho en anteriores ocasiones con la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOMCE).
 
Hoy PP y Ciudadanos han mostrado a quiénes representan. Sólo tienen oídos para la banca, las Socimis, los fondos de especulación. Cuando ellos callan se hace un silencio desde dónde hablamos por las que siguen quitándose la vida a causa de la actual ley criminal. Al cerrar las puertas a soluciones construidas colectivamente por quienes sufrimos en la piel la emergencia habitacional, estos partidos demuestran que nos quieren fuera. Fuera del debate, fuera del congreso, fuera del proceso de decisión. Fuera nos tendrán. Porque hoy en nuestro país tenemos un desahucio cada 8 minutos y 7.000 muertes al año por pobreza energética.
 
En la PAH no nos rendimos nunca, porque hay vidas en juego. Por eso, interpondremos un recurso que obligará a la Mesa del Congreso a volver a posicionarse sobre el veto del gobierno a la Ley Vivienda PAH. Y desde la sociedad civil seguiremos dando lecciones a los que se consideraban expertos: primero fueron los bancos y ahora es el gobierno y sus cómplices. Nosotras hemos aprendido a configurar acuerdos que se transforman en leyes, pero ellos no han aprendido nada y repiten la misma respuesta soez. Un veto que perpetúa su política mortífera a la cual nosotras nos oponemos con vida e imaginación. Cada vez que dicen no, generan muerte. Pero ante cada NO suyo, nosotras construimos un SÍ SE PUEDE que salva vidas, que transforma vidas
 
Su veto no es una sorpresa, en nuestros 9 años de recorrido sabemos que las puertas las abrimos nosotras, juntas, organizándonos. Su veto es la enésima muestra de cerrazón ante la vida que vivimos las que somos mayoría. Pero mientras ellos cierran las puertas al diálogo, nosotras hemos abierto las puertas de las casas que nos roban y salimos a la calle. Para seguir posibilitando lo imposible y desobedeciendo una ley que es criminal. 
Nosotras, que somos las familias y los jóvenes y las mujeres y las migrantes y los abuelos y las precarias, no esperaremos sentadas a ver cómo destruís nuestro futuro. Nos hemos levantado. No somos una leyenda urbana, somos la realidad, somos un presente que no esperará a las urnas porque ya está en las plazas construyendo la democracia que queremos para nuestros hogares. 
 
Sí se puede, aunque no quieran.
#SeguimosEnPie

Nuestros hogares están en juego

Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue auto organizándose para conquistar sus derechos negados.

La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones  públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.

Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e Internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por Universidades y expertos nos dan la razón y demuestran como afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.

En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde el 2008) en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o en resumen un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas, para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.

Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los  fondos buitre, la banca, las socimis…

Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que si se puede lograr. 

El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.

Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.

Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores… etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP,  existe la ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PdeCat, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando un alegislación que incluya dichos derechos.

Estos derechos, pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y socimis que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!

También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.

Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña, junto a los Sindicatos de Inquilanas denominada “Por el Derecho a la Vivienda”, a la que esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales, de todo tipo ya que recordamos la vivienda nos afecta a a todas, para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones, ya iremos informando, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.

La campaña #PorDerechoAVivienda arranca, anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quien actuar. 

Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo como siempre hemos hecho hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos

El acuerdo de PGE para 2019 en vivienda: Insuficiente punto necesario de partida

Los contenidos en materia de Vivienda contenidos en el Acuerdo para los PGE de 2019, constituyen avances en materia de alquileres, algunos de los cuáles están incluidos en la Ley de Vivienda de la PAH (LVP), aunque otros quedan muy por debajo. La ampliación de la duración mínima de los contratos y la mejora en las prórrogas, con respecto a la reforma de la LAU que hizo el PP en 2013, mejoran la situación, pero resultan claramente insuficientes para pinchar la actual burbuja de precios y dotar de estabilidad los proyectos de vida más largos y de estabilidad. La ley de Vivienda de la PAH establece 10 años de contrato y 5 de prórroga.

No se incluyen medidas para movilizar la vivienda vacía, o su uso temporal como parque público, que sí contiene la Ley de Vivienda de la PAH, y que son imprescindibles para pinchar las actuales burbujas en marcha. Es positivo que se defina legalmente qué es una vivienda vacía, y quienes son grandes tenedores de vivienda, así como el enunciado de medidas a adoptar tras estas definiciones, es fundamental que se hagan rápido ambas cosas, con fin de poder disponer a nivel público y gravar fiscalmente a esas viviendas en manos de especuladores que las retiran del mercado para incrementar artificialmente los precios tanto de alquiler como de compra.

El plan de 20.000 viviendas en 4 años, es claramente insuficiente, y su llegada, aunque positiva, no aliviará la situación actual. Se habla de un nuevo Plan de Vivienda, aunque no se dice nada de derogar o modificar el actual del gobierno anterior, y desde la PAH consideramos imprescindible, como mínimo la modificación del actual, en la dirección de que el importante gasto público que genera, sirva para ir creando Parque Público tanto para alquiler como para vivienda social.

Se habla de establecer un plan de colaboración de la SAREB para destinar vivienda a alquiler social, es positivo si mejoran las condiciones actuales de los convenios, ya que apenas aportan más que gastos a las Administraciones Públicas. Sin embargo, no se dice nada de Bankia, de prohibirles expresamente que sigan vendiendo casas y suelo, que pueden ser utilizados para Parque Público, así como de su función como Banca Pública para la financiación de los diferentes proyectos de Vivienda Pública.

En cuanto a la protección de las familias hipotecadas, ahora mismo hay dos posibilidades: las contenidas de la Ley de Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva, la limitación de la responsabilidad limitada al bien hipotecado, y las contenidas en el bloque de enmiendas que UP presentó, a propuesta de la PAH a la ley de crédito inmobiliario, que entre otras, impide el blanqueo de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, que si se mantiene como en la propuesta de De Guindos, podría reactivar los cientos de miles d ejecuciones actualmente suspendidas. Ambas están actualmente en trámite parlamentario y su implementación sería muy rápida.

Es positivo que las socimis empiecen a pagar impuesto de sociedades, debieran hacerlo al mismo nivel que las demás sociedades, incrementando sus impuestos por número de casas injustificadamente vacías, una vez sea definido el concepto.

Por último, tenemos que lamentar un estruendoso silencio: Ni una sola mención a los desahucios en el acuerdo, cuando sólo en los 6 primeros meses de 2018 se han producido 33.059, si no se adoptan medidas ya, a fínales de año se habrán producido en torno a 70.000 ¿Cómo se puede omitir esa mención y medidas para resolverlo en un pacto que pretende mejorar el acceso a la vivienda? Por enésima vez, tenemos que recordar que el Comité DESC de NNUU, emitió un dictamen condenatorio a España hace más de un año, y que ni el gobierno de entonces, ni el de ahora han hecho nada al respecto. En el pacto ni se menciona, ni se plantea medida alguna para frenar los desahucios. La Ley de Vivienda de la PAH contiene una moratoria contra los desahucios, que lamentablemente, llegará tarde para muchas familias. Deben recordar los firmantes, y los poderes públicos en general, que existe un mandato constitucional, y otro mandato legal que obliga al cumplimiento de los tratados internacionales válidamente suscritos por España, como el PIDESC, que el propio Tribunal Supremo ha recordado esta obligación en una sentencia del pasado mes de julio, y que, en consecuencia se está vulnerando la Constitución y la ley 25/2014 de Tratados internacionales y el propio pacto, suscrito por España en 1976, y vuelto a ratificar en su protocolo facultativo en 2013.

En definitiva, desde la PAH valoramos este acuerdo como un punto de partida muy insuficiente aunque necesario, consecuencia directa de las luchas que venimos desarrollando desde hace 9 años, y que esperamos y trabajaremos para que pueda ser mejorado tanto en el trámite parlamentario como en las negociaciones que tenemos pendientes y abiertas con el Gobierno y los partidos políticos.

¡Ya era hora! El Congreso aprueba la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH

Tras una década de lucha social, llegó la hora de hacer justicia con las familias afectadas por la usura de la banca y las leyes criminales                                 

El 18 de septiembre de 2018, pasará a la historia en la lucha de los derechos civiles de nuestro país como el día en que el Congreso tomó en consideración la Ley de emergencia habitacional para familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, más conocida como la Ley de Vivienda de la PAH.            
            
Justo cuanto se producen 10 años del estallido de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, más de 700.000 desahucios después, otros tantos centenares de miles de familias que han estado o están al borde del desahucio, una incierta cifra de suicidios pero que supera seguro varios miles, después de toneladas de sufrimiento injusto, injustificable, inhumano e irracional, por fin la representación de la ciudadanía ha decidido estudiar las propuestas de la PAH, elaboradas con la autécticas conocedoras de los devastadores efectos de la crisis, la estafa hipotecaria o la actual burbuja del alquiler: las familias afectadas.     
            
En una situación de absoluta emergencia habitacional, con cerca de 16.000 desahucios sólo en el primer trimestre de este año, con unos precios y una regulación del alquiler que está expulsando a la gente, no solo de sus casas sino también de sus barrios y ciudades, precarizando aún más las condiciones de vida,  con unos precios de compra subiendo al ritmo de los años de la burbuja y sin un parque público de vivienda social en regimen de alquiler que frene las subidas, con unos fondos buitre que no paran de acaparar vivienda a precios de saldo, pero que no sacan al mercado para especular con ellas; y un oligoplio energético que inpunemente no duda en cortar los suministros básicos de agua, luz y gas, condenando a una vida de frío y oscuridad. Este es el contexto en el que ¡Ya era hora! Se escuchan nuestras propuestas.            
            
La Ley de Vivienda de la PAH es una propuesta de Justicia Social que nace del sufrimiento, pero que constituye la única esperanza para conseguir que el acceso a la vivienda en este país, pueda dejar de depender exclusivamente del nivel de renta de las familias, y llegue algún día a ser considerado como un Derecho exigible por la ciudadanía.            
            
Vamos a estar muy pendientes del trámite de la ley, no vamos a consentir que, vía enmiendas, puedan desnaturalizar el espíritu, los contenidos o el alcance de nuestra ley. Ni tampoco que con argucias retrasen su aprobación definitiva, que esperamos no más allá de la próxima primavera, porque la situación es dramática.            
            
Vamos también en paralelo, a pelear por otras medidas también imprescindibles, pero que por razones jurídicas no cabían en la ley, como la retirada inmediata de los recursos de inconstitucionalidad contra todas las leyes autonómicas que interpuso el gobierno del PP, vamos a exigir el cumplimiento inmediato del dictamen del Comité DESC de la ONU, a pelear por una reforma fiscal de la vivienda que saque al alquiler los 3,5 millones de casas vacías que hay según el INE…           
            
Y aunque somos fuertes, este camino no lo vamos a hacer solas, sino de la mano de la Alianza contra la Pobreza Energética, que ya colaboró en el redactado de la Ley, y del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Colectivos sociales, que junto a la PAH, luchan por el Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada en este país; así como un gran número de movimientos sociales que nos han acompañado en este proceso y continúan estando a nuestro lado.       

Largo ha sido el camino desde que la PAH nació en febrero de 2009, dispuesta a cambiar las cosas, revertir los sentimientos de culpa, vergüenza y miedo de las familias afectadas hacia el empoderamiento y hacer entender que no somos culpables, sino víctimas de un sistema dominado por la banca y unas leyes de vivienda totalmente criminales.

El objetivo principal estaba claro, lograr un nueva legislación.

Nos decian que era imposible, que las cosas eran así, que no las podriamos cambiar, pero nosotras sabiamos que lo imposible solo tarda un poco más. Alzamos la voz y con paso firme llegamos al Congreso.

Hoy arranca una etapa de esperanza, una oportunidad para reparar una injusticia histórica y evitar que se repitan los devastadores hechos que nos han traído hasta aquí.

¡Sí se puede! #YaEraHora

 

Gracias a la presión social la Ley Vivienda PAH llega al Congreso

Decían que no cabían pero tras nueve años de lucha, este mes de septiembre, las demandas de la PAH serán llevadas al pleno del Congreso. Un paso de gigante para hacer realidad el Derecho a la Vivienda en España

Por fin la Ley de Vivienda de la PAH será sometida a la consideración del Congreso en el próximo Pleno, del martes 18 de septiembre. Han pasado nueve meses desde que fue registrada el 13 de enero, avalada por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, EH-Bildu y Compromís. Después de haber sido vetada por el anterior gobierno del PP, la ley volvió a la carga tras la sentencia del TC sobre el veto a la LOMCE; y no habiendo sido vetada por el Gobierno actual, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos (Podemos, En ComúPodem, IU, En Marea y Equo) la llevará al Pleno.                          

Tras la ILP que llevamos al Congreso en 2013 avalada por 1,5 millones de firmas, y que el PP transmutó en Ley 1/2013, denostada por el TJUE en varias ocasiones, volvemos con una ley elaborada por las familias afectadas, que aborda globalmente los problemas actuales del acceso a la vivienda en España: los desahucios, el endeudamiento de por vida, la carencia de parque público de vivienda, los alquileres y la pobreza energética. La Ley debe superar el trámite de la toma en consideración si PSOE, PNV y PDeCAT cumplen sus compromisos adquiridos con la PAH y votan junto a los grupos que ya avalaron su registro.              

Desde 2013 hasta hoy, se han producido en España más de 700.000 desahucios por impago de hipoteca y, en los últimos años, esta cifra se ha visto aumentada por los desahucios de alquiler. Los precios de compra de vivienda están volviendo a subir a ritmos cercanos a los de la época de la burbuja, los alquileres suben a un ritmo muy superior, los fondos buitre no cesan de acaparar vivienda mientras seguimos sin parque público, generando que miles de familias vivan en precario, y cada año mueren  cerca de 7.000 personas en accidentes derivados de la pobreza energética, y ello sin contar además los suicidios provocados por la angustia ante la pérdida del hogar. 

Con este panorama, esperamos que los representantes de la ciudadanía  estén a la altura y sean capaces de ir más lejos que la simple toma en consideración, y la tramiten con la rapidez y fidelidad al texto que la situación de emergencia habitacional que sufrimos exige. Aprovechamos para volver a recordar a José Luis Ábalos, secretario de Estado de Vivienda, su compromiso de reunirse con la PAH para abordar de manera integral cuestiones relacionadas con la política de vivienda del Gobierno, sin que de momento tengamos fecha para dicha reunión.                   

Largo ha sido el camino, pero con paso firme, la sociedad civil organizada no se ha rendido ante los abusos de poder y la vulneración sistemática de un derecho tan básico como es la vivienda. Pronto se cumplirán 10 años desde que la PAH arrancamos con convicción y la clara determinación de acabar con las leyes criminales e injustas que tenemos en este país.

El objetivo estaba claro: garantizar el derecho a techo para todo el mundo como dicta nuestra Constitución. 

Hoy es un paso histórico más, fruto del trabajo de miles de familias, que desde la calle, combatieron la política del miedo y el sentimiento de culpa, levantando la cabeza y avanzaron, sin dar un paso atrás, para defender y ganar los derechos de todas.

¡Sí se puede! 

EL MINISTRO DE FOMENTO JOSÉ LUIS ÁBALOS RECIBIRÁ EN BREVE A LA PAH

Según se desprende del escrito de respuesta a la PAH, por parte del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo, el Ministro de Fomento nos recibirá pronto.

Desde la PAH hemos venido solicitando dicha entrevista, desde la entrada del nuevo Gobierno, ante la situación de emergencia habitacional, el acaparamiento de viviendas que no se ofrecen en alquiler por parte de fondos buitre y socimis, con el objetivo de poder trasladar cara a cara nuestras propuestas en materia de vivienda, la mayor parte de ellas, incluidas en la ley de Vivienda de la PAH, actualmente pendiente de que la Mesa del Congreso fije la fecha de su debate en pleno.

Por nuestra parte, esperamos convencer al Gobierno de la necesidad urgente de llegar más lejos de lo que hasta ahora se ha venido anunciando desde la Moncloa. Es de máxima urgencia abordar cuestiones que puedan resultar ventajosas y con posibilidades de éxito a corto plazo, relacionadas con el cumplimiento de tratados internacionales, como el PIDESC, para parar los desahucios, lograr la eliminación de todas las clausulas abusivas de los contratos hipotecarios, pinchar la burbuja de los precios de alquiler y que el próximo invierno podamos reducir al máximo el número de fallecimientos consecuencia de accidentes derivados de la pobreza energética o suicidios a causa de la desesperación e impotencia frente a la situación de perdida de vivienda, como esta primavera en Cornellá.

Nos reiteramos en la necesidad de que en el siguiente período de sesiones parlamentarias, que comenzará en septiembre, se apruebe la toma en consideración de la Ley de Vivienda de la PAH, que cuenta con los apoyos para dicho trámite del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu, e incluso de Cs si sus votos resultaran imprescindibles para la toma en consideración en pleno. Siempre basándonos en las reuniones mantenidas con anterioridad con nosotras.ç

Frente a una situación crónica de emergencia habitacional, de violación sistemática del art. 47 de la Constitución y en unos momentos en que nuestras viviendas están siendo vendidas a precios de coste a fondos buitre para seguir con su especulación e hinchando la burbuja inmobiliaria, es urgente, de justicia y de sentido común, que desde el Gobierno haya, de una vez por todas un auténtico compromiso, más allá de las palabras, para legislar a favor de las familias y no a favor de la banca, el oligopolio energético y los fondos de inversión.

Quitemos la alfombra roja a los especuladores de derechos y legislemos la Ley Vivienda PAH, la más completa y efectiva, como llevamos demostrando hace años logrando soluciones gracias a la desobediencia pacifica y a golpear desde abajo, con acciones y negociaciones. La aprobación de la Ley Vivienda PAH, es devolver una deuda histórica que este país tiene con millones de personas, afectadas por la crisis y estafas en los años anteriores y posteriores a esta.

El plan de Ábalos: Escasos e insuficientes cambios en política de Vivienda   

En relación con el anuncio hecho público ayer por el ministro Ábalos en el Congreso, sobre medidas fiscales, y construcción de 20.000 viviendas para alquiler asequible en las ciudades donde más se han disparado los precios, la PAH consideramos escasamente ambicioso, además de muy insuficiente y lento el plan, teniendo en cuenta las enormes dificultades para acceder a un alquiler y pagar su renta.

¿Medidas fiscales? Sí, pero no de reducción de impuestos, sino otras que obliguen a los grandes tenedores, que son los que marcan los precios, a sacar su stock al mercado. ¿Cómo? Gravando progresivamente, en función del tiempo que lleven cerradas las casas injustificadamente vacías, llegando a imponer sanciones. Esto sí que sacaría al mercado miles de casas ¿Más medidas? Sí, recupere el impuesto de sociedades a las Socimis. 

¿Otras medidas? Sí, haga una ley de tanteo y retracto estatal (mejor que la andaluza por supuesto) que permita al Estado, a las CCAA y ayuntamientos adquirir con preferencia, y al mismo precio que compran fondos buitre y Socimis y así se irá generando el ahora inexistente Parque Público de Vivienda que incidirá positivamente a la baja en los precios de alquiler.             

¿Construcción de nuevas viviendas? Sólo donde no haya casas vacías. Según el último censo de vivienda del INE, en España hay más de 3,5 millones de casas vacías, utilice el Ministerio las medidas que aporta la Ley de Vivienda de la PAH de cesión obligatoria temporal para parque público, es más  rápido y barato.

Mantener el acceso a la vivienda a millares de familias que en estos momentos siguen en una situación precaria con ayudas es una medida cara y repercute en las arcas sin ningún retorno, es una hucha sin fondo que no nos conduce a  más que a crecer la deuda de España y a aplazar el desahucio hasta el fin de las ayudas.

Sea valiente y haga una ley integral que solucione por todas el problema habitacional en España, impulse la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH.

Aprueben la Ley de Vivienda de la PAH, que para frenar los precios plantea el establecimiento de índices de referencia de precios, elaborados por los ayuntamientos con participación económica y social, que fijan límites de precios en función de la ubicación, características, servicios y otros parámetros, así impedirá las subidas desbocadas de un mercado salvaje, alimentado por la ausencia de vivienda social, y parque público de vivienda y de controles en los precios.

Además, les permitirá cumplir con el Comité DESC de Naciones Unidas acabando con los desahucios, y permitirá el acceso a los suministros básicos de miles de familias. 

Por último Sr. Ministro, recíbanos, le pedimos una entrevista el pasado día 20 y aún no ha dicho Vd. esta boca es mía.  Escuche la voz de quien mejor conoce la problemática: las familias afectadas

La PAH vuelve al Congreso

Llegó el momento de hacer eficaces los cambios estructurales necesarios para garantizar el derecho a la vivienda en España

10 de junio 2018

Hoy la PAH ha vuelto al Congreso para reunirse con todos los grupos parlamentarios y forzar el trámite urgente de la única proposición de ley que aborda todos los problemas que impiden que la vivienda sea un derecho real y efectivo en nuestro país, la Ley Vivienda de la PAH.

Toca pasar página y dejar atrás uno de los episodios más trágicos de nuestro país, liderado por el Partido Popular, que no solo fomentó la época dorada de la banca, de la estafa y de los rescates multimillonarios regalados, secuestró cualquier avance social, en especial el acceso o poder mantener una vivienda. Bloqueo en 2013, de un ILP hipotecaria y contra los desahucios, recursos para suspender leyes autonómicas que garantizaban el derecho a la vivienda a lo largo de los últimos tres años, o más recientemente, el veto injustificado a la Ley Vivienda PAH, para evitar su debate en el Congreso.

Desde la PAH creemos que ha llegado el momento de demostrar que el nuevo Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, no es un simple cambio de caras, sino un cambio real. Un cambio de justicia histórica, en un país que está en deuda con las más de 700.000 familias que han perdido su hogar por ejecución hipotecaria, con las más de 170 familias que siguen sufriendo diariamente un desahucio. Un país que está en deuda con las vidas truncadas por la desesperación en estos años de violencia institucional. Vidas que siguen estando en juego, como vimos recientemente en Cornellá.

Los objetivos en las reuniones de hoy son claros. La retirada inmediata de los recursos a las leyes autonómicas en materia de vivienda [1], cuya suspensión ha privado a las familias de herramientas que las protejan del atentado al derecho a la vivienda orquestado por la bancaUna retirada que depende exclusivamente de la voluntad del PSOE hacerla efectiva y compromiso de apoyo, de todos los grupos parlamentarios, en la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH y agilizar así su debate y fase de enmiendas para lograr lo antes posibles hacer eficaces los mecanismos de choque y los cambios estructurales que necesitamos.

1º Dación en pago retroactiva, para cancelar deudas ilegítimas surgidas de hipotecas-estafa, y de un procedimiento judicial ilegal en relación a Europa como ha reiterado el TJUE, que elimine las cláusulas abusivas. Mecanismos de segunda oportunidad, inembargabilidad de la vivienda habitual y Responsabilidad limitada a la vivienda.

2º Moratoria indefinida para todos los desahucios sin alternativa habitacional, como nos exige el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España en 1976 y ratificado en 2014. El Comité DESC de la ONU ya reclamó a España este comportamiento en un dictamen emitido hace ahora 1 año. Transparencia cesión de créditos a fondos de titulización. Obligación de la banca de ofrecer alquiler social y de las Administraciones al realojo. Ayudas, sin pequeño tenedor

3º Establecimiento de índices de referencia de precios para el alquiler, reforma de la LAU para recuperar derechos eliminados a los inquilinos con la reforma aprobada en 2013, como ampliación años de contratos de alquiler

4º Utilización de casas cerradas injustificadamente por grandes tenedores como Parque Público de Vivienda provisional mientras se va creando el definitivo, mediante cesión obligatoria.

5º Garantía de acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas.

Tras una larga jornada de reuniones, hemos encontrado buena disposición general y una mayoría clara en el apoyo de nuestras demandas, aunque cierta falta de concreción por parte de algunos grupos. Destacar la buena recepción del PSOE y que Ciudadanos se ha comprometido, a pesar de las diferencias, a no bloquear en la votación a tramite, un no bloqueo que esperamos también tengan en cuenta en fases posteriores permitiendo que el proceso parlamentario sea ágil y no se eternice.

Sabemos que esta ha sido la primera toma de contacto para conseguir que nuestra Ley pase a trámite en setiembre. No nos valen las excusas, la emergencia crece cada día, las familias no pueden esperar más y mientras, los bancos, los fondos buitre y las SOCIMIS, siguen haciendo el agosto con nuestras casas, las que nos robaron y ahora están vendiendo.

No nos lo inventamos nosotras, los últimos datos del CGPJ son alarmantes. Solo en el primer trimestre de 2018, hubo 16.000 desahucios, lo que nos da una proyección de 70.000 a final de año, cifras superiores al 2017, en unos momentos en que los desahucios, a pesar de estar silenciada su visibilización, son más numeroso que nunca y lejos de reducirse, no hacen más que aumentar. Por eso también hemos puesto sobre la mesa el cumplimiento urgente de todas las recomendaciones del dictamen del Comité DESC de hace un año. La más importante, la suspensión de todos los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional

Seguiremos negociando y apretando. Hoy nos han tenido en los despachos, de no conseguir nuestros objetivos, nos tendrán en las calles, de frente, en nuestro terreno, donde somos más, hasta conseguir conquistar el derecho a la vivienda.

¡Hoy recuperemos la ley 24/2015 y el resto de leyes autonómicas, mañana a por la Ley Vivienda PAH!

[1] 

La Ley de Vivienda de la PAH pasará al Pleno del Congreso

Un paso más en el cumplimiento de las demandas de la ciudadanía para acabar con la emergencia habitacional y la especulación del derecho a la vivienda. 

El nuevo Gobierno del PSOE ha cumplido su compromiso de permitir el trámite de la Ley de Vivienda de la PAH, que fue vetada por el anterior con la complicidad de Cs en la Mesa del Congreso. La Ley volvió a la Mesa tras la sentencia del TC sobre el otro veto a la LOMCE, y ahora, el actual Gobierno no la ha vetado.

Desde la PAH valoramos positivamente este avance en la recuperación de la democracia secuestrada. Ahora, dadas la situación de emergencia habitacional, la burbuja de alquiler, la carencia casi absoluta de un Parque de Vivienda Pública y el elevado número de desahucios, que machaconamente reitera el CGPJ trimestre tras trimestre, es imprescindible que la Ley de Vivienda PAH llegue pronto al Pleno del Congreso, para que éste apruebe su toma en consideración lo antes posible, y con el mayor parecido posible al original, que desde la PAH elaboramos en contacto directo con las afectadas, porque contiene los instrumentos necesarios para paralizar los desahucios, cancelar deudas injustas, ilegítimas e impagables, para bajar los precios de los alquileres y alargar la duración de los contratos, para la creación de un parque público de viviendas digno y para garantizar el acceso a los suministros básicos de las familias vulnerables.

En definitiva, esta Ley constituye una enorme oportunidad para que el artículo 47 de la Constitución comience a ser real para millones de familias.

Desde la PAH estaremos muy pendientes de lo que hagan cada uno de los grupos parlamentarios en relación con esta Ley y les recordaremos, tantas veces como sea necesario, el compromiso que ya firmaron previamente para hacer realidad una ley que ya es referente internacional en materia de vivienda. Más que nunca, ahora es el momento de aunar todos los esfuerzos de quienes defienden el derecho a la vivienda y señalaremos a aquéllos que la bloqueen o pretendan desnaturalizarla. Hoy se abierto una ventana de oportunidad en la defensa y conquista de los derechos más fundamentales, una ventana que no vamos a permitir se vuelva a cerrar.

¡Sí Se Puede!