Nuestros hogares están en juego

Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue auto organizándose para conquistar sus derechos negados.

La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones  públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.

Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e Internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por Universidades y expertos nos dan la razón y demuestran como afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.

En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde el 2008) en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o en resumen un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas, para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.

Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los  fondos buitre, la banca, las socimis…

Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que si se puede lograr. 

El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.

Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.

Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores… etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP,  existe la ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PdeCat, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando un alegislación que incluya dichos derechos.

Estos derechos, pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y socimis que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!

También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.

Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña, junto a los Sindicatos de Inquilanas denominada “Por el Derecho a la Vivienda”, a la que esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales, de todo tipo ya que recordamos la vivienda nos afecta a a todas, para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones, ya iremos informando, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.

La campaña #PorDerechoAVivienda arranca, anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quien actuar. 

Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo como siempre hemos hecho hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos

Las mentiras sobre vivienda de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

La semana pasada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hizo público un estudio por el que afirma que no existen evidencias de que los cambios de uso de alquiler residencial al turístico encarezcan la vivienda. Acto seguido , anunció que iba a recurrir ante los Tribunales las regulaciones de las viviendas de alquiler turístico aprobadas por los ayuntamientos de Madrid, San Sebastián y Bilbao.

Cuando desde prácticamente todos los sectores se afirma que una parte de la responsabilidad de la burbuja de los alquileres viene dada por una baja oferta, afirmar como hace la CNMC, que los cambios de uso de residencial a turístico no influyen en los precios es absurdo. Con análisis simplistas, no ven la cadena de efectos que produce este cambio de uso, que expulsa a familias a la periferia, enfrentándose ahora a la subida de precios que les marcan los nuevos propietarios de viviendas, socimis y fondos buitre, a quienes la banca rescatada y Sareb ha regalado nuestras viviendas.

Como bien ha acreditado la periodista de eldiario.es Marina Estévez, en un excelente artículo publicado en ese medio, la CNMC utiliza los mismos argumentos que el lobby de AirBnB ante Bruselas, pero leyendo dicho estudio podemos observar cómo no sólo utiliza sus argumentos, sino incluso las propias estadísticas de AirBnb.

La CNMC ignora en su informe que la vivienda es bien al que todas tienen derecho, según el artículo 47 de la Constitución, que además, mandata a los poderes públicos a combatir la especulación, y establece además que la comunidad debe beneficiarse de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Las desregulaciones, es decir, las eliminaciones de los controles gubernamentales a la banca, propiciaron la crisis de la que aún no hemos salido. Las Cajas de Ahorro desreguladas han terminado generando enormes deudas que los gobiernos han hecho pagar a la población y han terminado desapareciendo.

Las empresas de la economía presuntamente colaborativa como Deliveroo, AirBnB, Cabify, Uber y otras, sólo traen más desregulación, fraude fiscal y en definitiva un capitalismo más salvaje aún que aumenta el empobrecimiento de los sectores que tocan, y a través de ellos, del conjunto de la población.

La CNMC, nos tiene acostumbrados a multas, por ejemplo a las eléctricas, que hacen rentables algunos de sus fraudes, ya que únicamente rebajan un poco los beneficios obtenidos mediante prácticas fraudulentas. Su actuación en este caso, nos parece paradigmática de lo que es la defensa a ultranza de los dogmas neoliberales por encima de los derechos de la población. Además, camufla su defensa de los intereses de estas grandes multinacionales hablando de la defensa de la competencia y en favor de los «titulares de viviendas», como si esta no hubiera muerto con el capitalismo financiero de finales del XIX, restringiéndose esta competencia entre las grandes concentraciones de empresas, que aterrizan agresivas para aprovecharse de las infraestructuras y los impuestos de la ciudadanía, convirtiendo los barrios en zonas de atracción y ocio que despachan a vecinas, para, con los beneficios, desviarlos a paraísos fiscales.

Desde la PAH exigimos que aquéllos sectores de los que depende el cumplimiento de los Derechos Humanos, como lo es la Vivienda, salgan del campo de acción de los organismos que como la CNMC, anteponen los intereses de muy pocos a los Derechos de la mayoría.

Exigimos al Gobierno del Presidente Sánchez la adopción de medidas urgentes y de transformación social para garantizar el derecho a la vivienda. La PAH ha ofrecido a todos los partidos la Ley de Vivienda de la PAH con soluciones reales a los problemas, recogiendo las aportaciones de las Leyes de viviendas de las Comunidades Autónomas -momento para retirar los recursos de inconstitucionalidad- y en consonancia con las demandas que las Naciones Unidas ha hecho al gobierno del Estado.

EL PARTIDO POPULAR REGISTRA UN VETO AL DERECHO A LA VIVIENDA

Hoy el gobierno del Partido Popular, encabezado por M. Rajoy, ha registrado un veto para bloquear la Ley Vivienda PAH: un texto que, de aprobarse, acabaría con los desahucios, los cortes de suministros y los alquileres imposibles. Este veto supone una afrenta directa a la democracia. Ahora que el gobierno ha registrado un veto, el próximo martes 20 de marzo tocará a la Mesa del Congreso evaluar si aceptan el veto o no. 
 
Tanto PSOE como Podemos ya se comprometieron a que se opondrían al veto del PP. Por lo que recae en Ciudadanos la decisión de que la ley sea debatida por todos los grupos parlamentarios, y no sólo escrutada por el PP en boca de todos. Y es que la unión del PP y Ciudadanos cortaría con la razón por la que el Congreso existe, y es que la democracia se ejerza en base al debate de iniciativas de ley. En este caso, silenciarían no sólo a la ciudadanía que reclama su Derecho a Vivienda, sino también al resto de grupos políticos que nos dan apoyo.
 
La PAH denunciamos que había un problema: la estafa de hipotecas ahora se convertía en la incapacidad de acceder a un alquiler, con facturas de suministros por las nubes que ahogan a las familias y dificultan más aún costearse una vivienda. Denunciamos la falta de parque público, con un 1% mientras la media europea ronda el 15%. Denunciamos el medio millón de familias desahuciadas desde la explosión de la burbuja. Denunciamos que cada 8 minutos se produce un desahucio en el estado español.
 
Y la ciudadanía organizada hemos ofrecido soluciones. Mientras el Gobierno callaba, pusimos nuestros cuerpos en desahucios; mientras el gobierno callaba, defendimos a familias que sólo luchaban por un derecho básico a riesgo de ser llevadas a la cárcel. Y mientras el gobierno callaba, logramos dar respuesta, dando vida a un país que iba a la deriva. Y para que todas las familias pudieran gozar de esas pequeñas grandes victorias, decidimos poner soluciones sobre la mesa ante la mudez de nuestro gobierno. El texto de Ley de Vivienda que la PAH registramos procede del conocimiento acumulado en nuestras asambleas durante estos 9 años. 
 
Tras ser avalados por multitud de colectivos sociales alrededor del mundo, un abrumador apoyo social, el beneplácito de la ONU, y haber demostrado que Sí Se Puede proteger derechos básicos, dimos la oportunidad a nuestras instituciones a posicionarse del lado de los Derechos Humanos debatiendo y aprobando la Ley Vivienda PAH.
 
Durante el último año, hemos presentado informes, actas, negociado con todos los partidos políticos, registrado el texto en tiempo y forma. En definitiva, hemos dado todos los pasos que debían darse para encontrarnos que el PP veta la ley sin justificación alguna. ¿Cuáles son los motivos de veto? Nuestro texto de ley fue diseñado para que el rescate a la ciudadanía no procediese de las arcas públicas, sino que fueran los responsables de la emergencia habitacional que padecemos, quienes ofrecieran los recursos. Hablamos de los bancos, que estarían forzados a parar los desahucios y conceder alquileres sociales. Hablamos de las suministradoras, que ya no podrían cortar el agua, la luz y el gas a familias vulnerables. Hablamos de los fondos buitre, ya no podrían imponer alquileres desorbitados a las familias.
 
Y por si quedaba alguna duda, para no dar motivos de veto, se añadió una cláusula que permitía retrasar las medidas que afectarán a los presupuestos generales del Estado al ejercicio siguiente de los presupuestos. Por ello sentenciamos que NO hay justificación formal para vetar nuestra propuesta de ley. Y más aún, si el Gobierno puede paralizar cualquier propuesta que permita el desarrollo social del estado, nuestro futuro está en gran riesgo. Un partido político se ha adueñado de las funciones de todo un Estado. M. Rajoy ha hablado en voz de todos los partidos políticos, como si pretendiera ser él mismo todo el Congreso.
 
La Ley de Vivienda de la PAH ofrece vida, mientras que el PP ofrece miseria. Ahora Ciudadanos debe escoger con quien se posiciona. Si con las familias, o con el gobierno de la corrupción y los desahucios. Si con los derechos humanos, o con la precariedad. Y que tengan muy cuenta que siempre recordaremos el resultado de su decisión. Por eso, llamamos a toda la ciudadanía a concentrarnos el próximo lunes 19 de marzo frente a las sedes de Ciudadanos, para llevarles la realidad que el PP ha ignorado.
 
Por último, dejamos claro que a pesar de cómo finalice la Ley Vivienda PAH, desde la PAH lo tenemos muy claro. No vamos a dejar solas a las familias. Ya conseguimos lo más difícil, romper el silencio y el miedo de las afectadas. Y por muy difícil que se ponga la situación, seguiremos desobedeciendo leyes injustas hasta que las consigamos cambiar. Es imprescindible que el pueblo continúe salvando al pueblo.
 
¡Sí Se Puede!  Pero no quieren
#PPvetaElFuturo

NEVER HAS A LAW PROPOSAL HAD SO MUCH SUPPORT AS PAH’S HOUSING LAW (LEY VIVIENDA PAH)

Social collectives, institutions and international voices are aligned in favor of the debate and enactment of PAH’s Housing Law. Only the Popular Party (PP) and Ciudadanos would support a government veto against this law proposal.

Last January 10th, families organized within the Platform for People Affected by Mortgages (PAH by its Spanish acronym) registered PAH’s Housing Law in the Spanish Congress. Should it be passed, this law proposal would end evictions and energy poverty, as well as regulate rental contracts. This proposal is the result of three years of collective work, where affected families from 240 platforms throughout Spain agreed on the draft for a legal text. During the following year the initial text was negotiated with all Spanish MP’s, with the intention to generate a consensus proposal to kickstart a democratic debate among all forces of Congress.

The measures resulting from this process were: dation in payment, regulation of rental prices, a moratorium of evictions, an increase of public housing stock and guaranteed access to electricity, water and heating. All common sense measures which are a reality in the rest of the European Union. However, during this process we found out that the PP-led government has the capacity to veto law proposals affecting the national budget for the current tax year. Faced with this, we included a clause so that any measure needing public expenses would not be enforced until the next national budget were approved.

Nevertheless, we were aware that PP had cheated in the past. They had registered unjustified vetoes that were then endorsed by Ciudadanos in the Table of Congress. Given this fact, we began to knock on every door to explain the need for this law and the main obstacle it was facing. The veto, though a direct attack on democratic life, was also a mechanism unknown to most people. Everywhere we went we found overwhelming support. Those in favor described the possibility of the veto as an antidemocratic atrocity and our law as an example to be applauded. As of today we have the support of:

– Hundreds of social collectives, grassroot unions, neighbourhood associations and social movements which have taken part in demonstrations organized in Spain’s provincial capitals. The last one took place in Madrid on March 3rd, where families coming from all over Spain came to the country’s capital city to demand the debate and enactment of PAH’s Housing Law.

Social movements  from London, Berlin, Munich, Paris, Bucharest, Milan, Cyprus, Sarajevo and Lisbon have staged protest actions in front of Spanish embassies demanding that the government accepts PAH’s Housing Law for consideration. These demonstrations have been coordinated by the European Action Coalition for the Right to Housing and to the City, the Marea Granate (a collective of Spanish migrants abroad) and the Rosa Luxembourg Foundation.

With the slogan #EstaEsMiLey (#ThisIsMyLaw) we have received up to 40 supporting videos from journalists, musicians, artists, television presenters, actors and actresses and citizens’ collectives. Some examples would be Jordi Évole, Rozalen, Àngel Llàcer, Oxfam and the Kellys from Barcelona.

Over a hundred City Halls have signed motions supporting the legislation of our suggested measures.

Political parties of up to 14 Autonomic Parliaments (out of a total of 17) have signed documents of public support asking for this law to be accepted for consideration in Parliament. The Autonomic Parliament of Navarra even made a public statement of institutional support.

– In the Spanish Congress we have received support from the following political parties: Podemos, ERC (Catalan Republican Left), Compromís and EH Bildu. And even though they did not take part in the law’s registration process, both PSOE (Spanish Socialist Workers’ Party) and PDeCat (Catalan Democratic Party) have publicly supported the processing of our law.

– Recently, in the European Parliament, we received signatures of support from two Eurogroups in full: GUE/NGL (Gauche Unitaire Européenne / Nordic Green Left) and the EFA (European Free Alliance), who altogether represent 55 political parties from different European Union countries.

We have even garnered support repeatedly from the United Nations. As of today, the UN has ruled twice that in Spain human rights are violated when evictions without a housing alternative are carried out. UN Special Rapporteur on Housing, Leilani Farha, authored an article stating that the solution to these issues was PAH’s Housing Law. She went as far as describing PAH’s Housing Law as an example to inspire the world.

As if that were not enough, we would like to repeat that PAH’s Housing Law incorporates the demands of a Popular Legislative Initiative that we registered in 2013 in the Spanish Congress and which received 90% of public support from Spanish society. Spanish civil society stands behind PAH’s Housing Law. Social organizations stand behind PAH’s Housing Law. And institutions on all levels demand that this law be debated and enacted. Even voices from the international community have described PAH’s Housing Law as a world referent. In 40 years of democracy it is a historical precedent that a law proposal receives such massive and widespread support.

The only ones in favor of a government veto which would prevent this law being debated would be the Popular Party and Ciudadanos. The parties led by Mariano Rajoy and Albert Rivera. Faced with this situation, our message is clear: allow democracy to work. Allow a law written by and for the citizens to be debated.

Tomorrow, Friday the 16th of March, will be the last day when the government can register a veto, which would be unjustified. The government has the chance to position itself alongside all the voices that defend PAH’s Housing Law. And should they miss out on this opportunity, Ciudadanos can still reconsider their stance and join that overwhelming majority defending families’ rights. It is simply a question of political will. ¡Sí se puede! We can do it!

#ApoyosPAH / PAHsSupport

The historical struggle supported from Europe

The support for the PAH Housing Law and the fight for a dignified housing does not end in Spain. On the 27th and 28th of febrary, the PAH with representation from all the territories, traveled to Brussels to take our demands to the European Parliaments, with the exception of the PP who refused to help us.The reception of our demands was practically unanimous both for the spanish representations, even the Ciudadanos,as recognized that there was no point in vetoing the discussion. as well as on the part of the majority of the members of the European Parliaments from the rest of the European caountries.

We also met with social movements from countries such as Greece and Brussels where we received a warm welcome that ended with a unanimous statement: «We need the PAH Housing Law in ours countries» A statement that only reaffirms the words of the UN Housing Rapporteur, affirming that this Law was a precedent that serves to inspire the world.

At the same time we were in Brussels, social movements across Europe supported the PAH Housing Law carrying out an action at Spanish embassies and consulates across the continent to bring them a document and obtein signatures of support from ambassadors and consumers in Berlin , Milan, Paris, Munich, Cyprus, Lisbon, Sarajevo, Bucharest. We only have words of thanks for the Foundation of Rosa de Luxembourg, Granates Tides, to all the members of the European Action Coalition for the right to housing and the city

All this is another example of the loneliness of the PP, protected only by Ciudadanos. If we do not overcome the veto, which has a deadline of March 16, we would face an absolute violation of Spanish democracy and a greater evidence of the lack of political height of those who claim to represent the families of this country, but only They worry about the economic interests of a few without taking into account the most fundamental rights and the lives that are at stake due to the violation of these.

Yesterday we showed it in . We have shown that if they do not sit down to talk, we will rise up and occupy the streets to achieve with mobilization and civil pressure to carry out what the government is not capable of doing.

Thanks to all who have joined us in this international show of support for our proposal for the Housing Law. Your support has been key in reminding us that we are not doing this alone. It has been a very successful call and we can not thank enough for the help to promote a fairer legal system in Spain. Changing the housing policy of our country would mean a gigantic victory for our movement and a social welfare for all citizens.

[WRGF id=1963]

La vivienda como derecho, un debate urgente. Artículo de Leilana Farha, relatora de vivienda de la ONU

La vivienda como derecho

Leilani Farha

El valor central del proyecto de ley de la PAH es que ha sido redactado por los afectados por la problemática: las víctimas de desahucios y ejecuciones hipotecarias.

El 10 de enero, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca registro registró un proyecto de #LeyViviendaPAH en el Congreso. #LeyViviendaPAH tiene como  objetivo generar el diálogo sobre un cambio paradigmático, que es el de proteger la vivienda como un derecho humano. Como relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, mi rol es identificar las mejores prácticas así como los problemas y obstáculos en el goce del derecho a la vivienda a nivel mundial.

En España, se identifican varios obstáculos sistémicos que demuestran que la vivienda ha sido y sigue siendo usada como una herramienta de mercantilización, dejando de lado su valor intrínseco como bien social.

De acuerdo a Cáritas España, 40.000 personas carecen de hogar y se enfrentan  a una sociedad que los estigmatiza como delincuentes o drogadictos, cuando deberían ser tratados como víctimas de una grave violación de sus derechos humanos. Mucho más preocupante es que, en España, 12,9 millones de personas viven en riesgo de pobreza y exclusión social (red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado español).

Este fenómeno se agrava por causa de los desahucios y ejecuciones hipotecarias que se produjeron al estallar la crisis del 2007. Desde ese momento, ha habido 515.000 desahucios y 721.000 ejecuciones hipotecarias. La problemática de vivienda se hace más compleja cuando se suma la vulnerabilidad del arrendador por la falta de regulación y control de los arrendamientos de viviendas y la poca garantía y defensa al acceso de los suministros

Más de tres millones de viviendas vacías

En España, existen en este momento más de tres millones de viviendas que permanecen vacías debido a su mercantilización, financiarizacion y turistificacion. Así la vivienda se ha convertido en una herramienta de especulación para generar riqueza; ignorando su uso prioritario como bien social.

Esta realidad no solo se da en España; en Londres 20.000 viviendas están actualmente deshabitadas, en Australia hay hasta un millón de viviendas vacías. En EEUU, desde el 2008, ha habido nueve millones ejecuciones hipotecarias. En el mundo, 100 millones de personas viven en situación de vulnerabilidad, en asentamientos informales, y sin acceso a una vivienda.

El valor central de #LeyViviendaPAH es que ha sido redactado por las mismas personas afectadas por desahucios y ejecuciones hipotecarias, proponiendo soluciones a las causas sistémicas que produjeron esta situación. El proyecto, entre otras cosas, propone medidas concretas para evitar desahucios, la creación de otra burbuja inmobiliaria, la invasión de fondos buitres, y la mercantilización y turistificación de la vivienda. La #LeyViviendaPAH nos presenta una oportunidad para debatir un cambio paradigmático que  entienda a la vivienda como un derecho humano del que todas debiéramos de gozar. Es también un precedente de buenas prácticas que sirva para inspirar al mundo.

 ¡Apovechemos esta oportunidad y apoyemos el debate!

ADN PAH PARA LOGRAR UNA LEGISLACIÓN JUSTA EN MATERIA DE VIVIENDA

El miércoles, 10 de enero, registraremos la Ley Vivienda PAH en el Congreso y queremos compartir con todas vosotras como ha sido posible. Compartir nuestra historia y ese adn PAH que nos ha hecho llegar tan lejos.

¿Recordáis por qué y cuando surge la PAH?

Era la época del llamado milagro económico español. Poseer una casa era símbolo de estabilidad. El sueño de una vida sin riesgos. En una especie de locura, millones de españoles se lo creyeron.

A finales de los 90, principios del 2000, en España reinaba un mantra: “¡Hipotécate! ¿Para qué vas a pagar un alquiler cuando por el mismo precio pagas una hipoteca?”.  España era la octava economía del mundo, basada en combinar unos tipos de interés muy bajos, tras la entrada en el euro, con la desregulación del mercado hipotecario y una ley del suelo hecha a medida. Pero en 2008 la burbuja inmobiliaria estalla. Decenas de miles de personas se quedan sin trabajo, no pueden pagar la hipoteca y acaban en la calle. Sin casa y endeudadas. Y el gobierno sólo supo decirles que habían vivido por encima de sus posibilidades.

Nueve años después, se sigue sin saber la magnitud del trauma. Aún no hay datos definitivos sobre el número de desahucios. Las cifras más fiables, las del Colegio de Registradores, hablan de 30.034 en el 2012.

En ese contexto, en Barcelona, un grupo de activistas por el derecho a la vivienda, proveniente de movimientos como V de Vivienda, las Oficinas de Derechos Sociales o el movimiento okupa, empezaron a pensar como organizase con las familias que no podrían continuar pagando su hipoteca y serían sometidas a una legislación injusta que las condenaría a un desahucio y una deuda de por vida. Un grupo de activistas capaces de soñar con el Sí Se Puede. Un sueño que ha podido ser realidad porque lo hemos hecho de manera colectiva. ¡Había nacido la PAH!

En nuestra primera asamblea informativa, con unas 60 afectadas, esperábamos encontrarnos a mucha gente enfadada porque había habido una estafa, un engaño masivo por parte del Gobierno, de los bancos, pero nos encontramos a gente devastada, no podían ni hablar. Sentían culpa y vergüenza.

“¿Quién va defender tu caso mejor que tú mismo?” Con esta frase, la información necesaria sobre la estafa hipotecaria y sus cláusulas abusivas, el trabajo psicólogo colectivo, una terapia en la que las afectadas contaban sus problemas y los compartían con otras personas a las que les había ocurrido lo mismo, poco a poco, las familias recuperaban la autoestima. Pasaban de ser afectados a convertirse en activistas.

Todo esto sucedía prácticamente en silencio, sin que los casos ocuparan las portadas de los periódicos y sin que las autoridades consideraran el problema un asunto urgente, mientras las familias afectadas iban perdiendo el miedo y se iban creando más PAHs por todo el Estado.

Empezaron las campañas de denuncia y visibilización de un drama silenciado. Con Dación en pago, los bancos fueron invadidos por activistas y afectadas bajo el lema “Este banco roba, estafa y engaña y hecha a la gente de sus casas”. Con Stop Desahucios, llegó el primer desahucio parado. Con la Obra Social PAH logramos dar un techo a las familias que la Administración se lo había negado, recuperando pisos vacíos en manos de la banca, muchos procedentes de ejecuciones hipotecarias.

Llegaron las primeras daciones, los alquileres sociales, las victorias, la explosión mediática, el cambio en el imaginario social, el apoyo social, las concentraciones multitudinarias, el 15-M, la primavera verde, los escraches, más de 200 PAHs por todo el Estado, la ILP Hipotecaria, que hubiera sido una realidad de no ser por el bloqueo del PP y su mayoría absoluta, los cambios legislativos a nivel autonómico… Se estaba haciendo posible lo que decían era imposible

Un largo camino

Han pasado casi 9 años que se han traducido en miles de desahucios parados y ejecuciones hipotecarias solucionadas con la dación en pago, con quitas, con alquileres sociales, con realojos, con eliminación de cláusulas abusivas, como el IRPH o la cláusula suelo, recuperación de pisos en manos de los bancos rescatados con dinero público para que las familias sigan peleando por esa regularización que la administración les negó… Un sinfín de #LogrosPAH que se van sucediendo día tras dias, gracias a la denuncia, la protesta pacífica y la presión ciudadana.

En este tiempo, hemos aprendido que para luchar por el derecho a la vivienda es importante no estar solas. Cuando estamos juntas reducimos el miedo a migajas, compartiendo soluciones y experiencias logramos descifrar las trampas del lenguaje hipotecario. Entre todas hemos sacado fuerzas e inventado soluciones para superar cada escollo:

Cuando nos bloquearon una ILP en el Congreso de los Diputados para responder a la estafa hipotecaria, decidimos montar ILPs autonómicas. Y ganamos en Catalunya, Murcia, Valencia.

Ante la suspensión de las leyes autonómicas o bloqueo de nuevas iniciativas como la #ILPViviendaMadrid, hemos decidido insistir y elaborado una propuesta de ley que está a punto de registrarse en el Congreso.

Porque en estos momentos, la situación de la vivienda sigue siendo alarmante y son necesarias medidas que giren la situación.

  • Medidas que evitan que cada día, se produzaca un desahucio cada 8.
  • Medidas que eviten la burbuja inmobiliaria que se está produciendo con los alquileres.
  • Medidas que paren la invasión de los fondos buitre que nos están echando,de nuestras casas y de nuestros barrios, para convertirlas en pisos turísticos de alto standing.
  • Medidas para ampliar el parque público de vivenda social.
  • Medidas que se produzcan cortes de suministros y garanticen su acceso.

Nos sobran los motivos, la urgencia aprieta, y nosotras seguimos poniendo el cuerpo, el alma y todos nuestros esfuerzos para garantizar la vivienda digna para todas con la aplicación de políticas valientes y efectiva.

La Ley de vivienda de la PAH

¿Somos conscientes de la situación que vivimos? Tenemos un partido gobernando en minoría, pero que sigue bloqueado y suspendiendo toda iniciativa que huela a bienestar social.

Aún así, la PAH ni se detiene ni retrocede y llevamos nuestras demandas al Congreso. Unas demandas recogidas en un texto legal, la Ley vivienda PAH, fruto de tres de trabajo, movilizaciones, escraches y de apoyo tanto social como institucional.

Una Ley, creada tanto para acabar con la problemática actual, como para evitar futuras.

Una Ley pensada para garantizar un futuro digno a nuestr@s hij@s y niet@s.

Una ley que protege a todo el mundo, tanto a las personas que diariamente sufren la angustia de no poder pagar bajo riesgo de perder su hogar, como protege a quien tiene que hacer malabares para poder llegar a fin de mes cubriendo necesidades básicas.

Quizás estás leyendo esto y piensas: «esto no va conmigo» pero ¿estás segur@ de esa afirmación?

  • ¿No te gustaría dejar de compartir piso y permitirte un proyecto de vida personal?
  • ¿No te gustaría poder reducir notablemente tu letra mensual de la hipoteca? ¿O poder acceder a un hogar digno en función de tus ingresos?
  • ¿No te gustaría vivir sin ese miedo cada vez que abres el buzón lleno de facturas por los suministros que no sabes si podrás pagar.

Sabemos que no hay que conformarse con un «las cosas son así», podemos cambiar las cosas, como ya hemos demostrado, con la fuerza social y colectiva. Solo así lograremos que todas podamos disfrutar de ese descanso real ya que nos permita acceder o mantener un hogar, soltando la soga que nos ahoga.
Estamos en un contexto histórico y queremos compartirlo contigo

Las PAHs valencianas rechazan el recurso de inconstitucionalidad del PP, que impide avanzar en el derecho a la vivienda y suministros.

La decisión del Partido Popular de presentar recurso de inconstitucionalidad a la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda y a la Ley 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) boicotea el derecho de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana a una vivienda asequible, digna y adecuada, y a los suministros básicos.

Poco importa que el derecho a la vivienda esté recogido en la Constitución Española (art. 47), en el Estatuto de Autonomía (art. 19), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.25) y en el Pacto Internacional de Derechos. Económicos, sociales y Culturales (art. 1 y ss).

Con este recurso se impugna artículos fundamentales de la reciente Ley 2/2017 de vivienda en la C. V. que quedarán en suspenso hasta la sentencia del TC. Se van a anular los artículos que garantizan el derecho a la vivienda en casos de exclusión social, que evitarían desahucios obligando a los bancos a ofrecer alquiler social, que permiten movilizar las viviendas de grandes tenedores mediante el Registro de Viviendas Deshabitadas y las sanciones a las que estén deshabitadas de forma permanente e injustificada. También va a dejarse sin efecto el artículo 23 de Medidas para prevenir y paliar la pobreza energética -referido a la electricidad y gas- que pretendían garantizar el acceso a estos suministros básicos, evitando los cortes por no poder pagar (medida que además se vuelve a plantear también contra artículos importantes de la Ley 1/2017 sobre Pobreza energética).

Las razones de que esta Ley invade competencias estatales son excusas, que ponen de manifiesto la falta de voluntad política del PP para afrontar la emergencia habitacional. Además, la reincidencia de acudir al art. 149.1.13 de la CE, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica supone un obstáculo definitivo para que las CCAA regulen aspectos que le son de su competencia, como la vivienda, una recentralización y “expropiación” de sus competencias vía judicial y no política, como han impuesto en el recurso contra la ley de vivienda en Andalucía.

Y más cuando las medidas adoptadas por el Gobierno no sólo no resuelven los problemas de la mayor parte de la población afectada por los 600.00 desahucios, sino que cada día continúan sin parar tal como evidencias los 35 desahucios diarios en la C.V. según el CGPJ. El clamor ante esta situación en el estado español ha sido recogido recientemente en un Dictamen de las Naciones Unidas que decreta que los desalojos sin alternativa constituyen una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada.

Las PAHs del P.V. rechazamos y condenamos la incapacidad demostrada por parte del PP a la hora de afrontar los problemas de esta Comunidad, y su forma de hacer política poniendo «palos en las ruedas» y obstaculizando sin cesar los avances que nos deberían conducir a un estatus cada vez más garantista de los derechos humanos. Exigimos que el PP levante todos los recursos interpuestos en las Comunidades Autónomas y cree un marco estatal adecuado, como plantean
la Ley de Vivienda de la PAH que se va a presentar en este mes en la mesa del Congreso.

Finalmente, las PAHs del País Valenciano evaluarán el próximo día 18 de noviembre en la Coordinadora de Comunidad la trascendencia de este recurso y estudiarán las medidas a adoptar, entre la que se encuentra instar a todos los grupos políticos que han aprobado la redacción de esta Ley a que usen todos los recursos para su defensa y continúen luchando por su legitimidad y posterior reglamentación. Y también al PP que no la apoyó a incluir estas demandas en las leyes de ámbito estatal que no podrán negar que son de su competencia.

Valencia, 5 de noviembre de 2017

Para Halloween, truco o trato de la PAH al Banco Santander

Son fechas terroríficas, pero las PAHs Catalanas seguirán demostrando que el miedo a cambiado de bando

Hoy 31 de octubre las PAHs catalanas se movilizan para seguir demostrando que hace tiempo perdieron el miedo y ofrecerle truco o trato al banco Santander, conocido coloquialmente como banco Satánder. Las fecha no podría ser más propicia, para enfretarse al mal en la defensa de los derechos más fundamentales de las familias afectadas por la vivienda. Una situación provocada por la estafa hipotecaria, la falta de parque público de vivienda, por estar los piso vacíos en manos de la banca y no de la administración o la negativa a ofrecer realojo y alquiler social en dichos pisos, tras sufrir un desahucio, ya sea por ejecución hipotecaria, impago de alquiler u ocupación.

Nuestro trato es claro y de mínimos, queremos soluciones que aseguren el descanso real ya de las familias. Ya sean afectadas directas del Banco Santander, de su filial UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios)  o del Banco Popular, entidad que se adjudicaron hace unos meses por 1€. O lo que viene siendo lo mismo, esta operación ha sido la estrategia para rescatar al Santander, que sólo ganó 1.867 millones en el primer trimestre de 2017.

Queremos dación en pago retroactiva, para todas las familias en fase de ejecución hipotecario y futura perdida de vivienda, evitando aumentar la lista de los 173 desahucios diarios en todo el estado. Es inaceptable que Banco Santander siga desahuciando y apoderándose de las casas de la gente, que previamente estafó, mientras Ana Botín gana 9,9 millones en 2016, con un fondo de pensiones de 43,1 millones de euros.

Queremos se usen los pisos vacíos, arrebatados a la ciudadanía con engaños, para ampliar el parque público de vivienda y dar solución a la emergencia habitacional provocada por la banca y la falta de políticas de vivienda valientes para que el Estado defensa los derechos delas familias por delante de los intereses financieros. Es vergonzoso que tras la adquisición por 1€ del Banco Popular, se permita que los pisos acaben en manos de un fondo buitre como Blackstone, que ha adquirido el 51% de todo el ladrillo tóxico de Banco Popular, con el único objetivo de seguir amasando beneficios multimillonarios con la especulación de nuestras vidas y nuestros hogares.

Queremos alquiler social asequible en base a los ingresos de la unidad familiar, que garaticen el derecho a la vivienda a las familias en exclusión residencial. Seguirá habiendo vidas en juego, mientras se sigan vulnerando Derechos Humanos básicos. Sabemos que la ley hipotecaria española es ilegal y criminal, tan criminal como la actitud de la banca, que niega a la gente un hogar, pero que no tiene reparos en invertir miles de millones en la industria armamentística. Un sector liderado por Banco Santander y BBVA, las entidades que más desahucios acumulan y más beneficios en paraísos fiscales. El banco Santander debe cumplir con su responsabilidad, ofreciendo alquiler a todas las personas desahuciadas, ya sea por la vía hipotecaria o por haber recuperado uno de tantos pisos vacíos en manos de la entidad, como única solución a la falta de soluciones que las destino a vivir en la calle.

Queremos quitas para aquellas afectadas que con ellas puedan evitar la perdida de su hogar. Es un crimen que alguien pierda su hogar por no poder pagar una cuota inflada con clausulas ilegales, colocadas con el único fin de poder adquirir las viviendas, tarde o temprano, para seguir especulando. Una muestra más de la estafa hipotecaria, que llevamos años denunciando y dando soluciones legislativas, para poder salvar a las personas antes que rescatar a los bancos con dinero público, para que trabajadores de las entidades, en este caso Banco Santander, puedan tener beneficios anuales de más de 1 millón de euros, a costa de nuestras vidas.

Por todo esto, hoy la PAH toma las oficinas del Banco Santander, como un imparable ejercito de zombies con un sólo objetivo: conquistar el derecho a la vivienda. Y si no hay trato habrá truco al más puro estilo PAH, con denuncia pública y movilizaciones pacíficas, hasta conseguir nuestras demandas. La ciudadanía organizada hace tiempo que perdimos el miedo, con valentía y decisión, logramos hacer posible lo que decían era imposible y que el miedo cambiara de banda, como demuestra la banca cada vez que cierra sus puertas antes el poder de las camisetas verdes.

¿Hoy que va a ser?

¿#TrucoOTrato?

EL ESTADO ESPAÑOL COMETE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CON CADA DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

Ante el Dictamen de Naciones Unidas sobre desahucio de alquiler en España. No toleramos ni un desahucio más.

Ayer conocimos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha declarado que el desalojo sin alternativa habitacional de personas en procedimientos de alquiler, bajo su actual regulación, constituye una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. El Comité juzgaba un caso de desahucio por extinción de contrato de alquiler de habitación, ocurrido en 2013 en el barrio de Tetuán de Madrid, que terminó con una familia con cuatro miembros durmiendo en un coche. Ni los Servicios Sociales municipales, ni el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) [1]., ni el propio Juzgado, impidieron el desahucio ni tampoco proveyeron de una vivienda para una unidad familiares con dos niños de 1 y 3 años de edad. En sus conclusiones, Naciones Unidas declara producida una violación por parte del Estado, ordena la reparación del daño causado a la familia e insta al Gobierno a remitir un plan de reforma profundo en materia de alquiler y vivienda en un plazo de 6 meses pues aprecia una situación de violación estructural.

Podéis consultar la decisión en este enlace.

Las conclusiones de Naciones Unidas apuntan a responsabilidades estatales con implicaciones para todos sus estamentos, desde los servicios sociales municipales, incapaces de atender algo tan básico como el techo de una familia, hasta el Congreso de los Diputados, responsable de una legislación procesal que convierte las sedes judiciales en oficinas de gestión del mercado de vivienda sin que los jueces puedan tomar siquiera en consideración la situación en que quedan las personas que van a ser desalojadas.

Como hemos denunciado ante miles de desahucios desde 2009, en España se produce una violación estructural del Derecho a la Vivienda reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y la propia Constitución de 1978, con daños sociales irreparables en los sectores más vulnerables.

Este panorama dantesco de emergencia social ha llevado a la PAH y al movimiento por la vivienda a organizarse para detener miles de desalojos forzosos y recuperar miles de viviendas vacías de entidades financieras para convertirlas en hogares. Haciendo este camino hemos comprobado que la lucha por el Derecho a la Vivienda pone en relación los derechos de hipotecados, endeudados, desahuciados, alquilados, precarios, ocupantes sin título, habitantes de autoconstrucciones, personas sin techo, uniéndonos a todas frente a los abusos de un mercado de vivienda despiadado[2].

En este sentido, la victoria de la familia madrileña que ha denunciado al Estado y conseguido su condena, es también una victoria de todo el movimiento, que nos reafirma en nuestras razones y convierte en más necesarias que nunca las campañas de desobediencia civil (Stop Desahucios, Obra Social PAH) y las propuestas de cambio (ILPs autonómicas, Ley de Vivienda Estatal de la PAH).

A partir de septiembre se tiene que discutir en el Congreso nuestra propuesta de Ley de Vivienda que incluye varias de las recomendaciones de Naciones Unidas. En ese marco, desde la PAH exigiremos a todos los diputados que se posicionen respecto del cumplimiento de Derechos Humanos en materia de vivienda como hemos reclamado cada día en las calles.

¡No soportamos más violaciones de Derechos Humanos!

¡No toleramos ni un desahucio más!

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 6 de julio de 2017.

[1] Naciones Unidas señala como especialmente sangrante la inacción de las autoridades autonómicas madrileñas que alegaron no disponer de viviendas suficientes para proteger a esta familia ( y a otras miles de familias desahuciadas en Madrid), cuándo al mismo tiempo se vendía el parque de vivienda pública a fondos buitre de capital internacional. Ver dictamen, párrafo 17.
[2] El Gobierno de España, a través de su representación ante Naciones Unidas, había alegado que los casos de alquiler entre particulares son una cuestión ajena a la responsabilidad del Estado, que no puede interferir en asuntos “privados”. También negó cualquier tipo de vulneración, llegando a afirmar que el mercado de alquiler no está sometido a las normas internacionales de Derechos Humanos.