La decisión del Partido Popular de presentar recurso de inconstitucionalidad a la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda y a la Ley 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) boicotea el derecho de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana a una vivienda asequible, digna y adecuada, y a los suministros básicos.
Poco importa que el derecho a la vivienda esté recogido en la Constitución Española (art. 47), en el Estatuto de Autonomía (art. 19), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.25) y en el Pacto Internacional de Derechos. Económicos, sociales y Culturales (art. 1 y ss).
Con este recurso se impugna artículos fundamentales de la reciente Ley 2/2017 de vivienda en la C. V. que quedarán en suspenso hasta la sentencia del TC. Se van a anular los artículos que garantizan el derecho a la vivienda en casos de exclusión social, que evitarían desahucios obligando a los bancos a ofrecer alquiler social, que permiten movilizar las viviendas de grandes tenedores mediante el Registro de Viviendas Deshabitadas y las sanciones a las que estén deshabitadas de forma permanente e injustificada. También va a dejarse sin efecto el artículo 23 de Medidas para prevenir y paliar la pobreza energética -referido a la electricidad y gas- que pretendían garantizar el acceso a estos suministros básicos, evitando los cortes por no poder pagar (medida que además se vuelve a plantear también contra artículos importantes de la Ley 1/2017 sobre Pobreza energética).
Las razones de que esta Ley invade competencias estatales son excusas, que ponen de manifiesto la falta de voluntad política del PP para afrontar la emergencia habitacional. Además, la reincidencia de acudir al art. 149.1.13 de la CE, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica supone un obstáculo definitivo para que las CCAA regulen aspectos que le son de su competencia, como la vivienda, una recentralización y “expropiación” de sus competencias vía judicial y no política, como han impuesto en el recurso contra la ley de vivienda en Andalucía.
Y más cuando las medidas adoptadas por el Gobierno no sólo no resuelven los problemas de la mayor parte de la población afectada por los 600.00 desahucios, sino que cada día continúan sin parar tal como evidencias los 35 desahucios diarios en la C.V. según el CGPJ. El clamor ante esta situación en el estado español ha sido recogido recientemente en un Dictamen de las Naciones Unidas que decreta que los desalojos sin alternativa constituyen una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada.
Las PAHs del P.V. rechazamos y condenamos la incapacidad demostrada por parte del PP a la hora de afrontar los problemas de esta Comunidad, y su forma de hacer política poniendo “palos en las ruedas” y obstaculizando sin cesar los avances que nos deberían conducir a un estatus cada vez más garantista de los derechos humanos. Exigimos que el PP levante todos los recursos interpuestos en las Comunidades Autónomas y cree un marco estatal adecuado, como plantean
la Ley de Vivienda de la PAH que se va a presentar en este mes en la mesa del Congreso.
Finalmente, las PAHs del País Valenciano evaluarán el próximo día 18 de noviembre en la Coordinadora de Comunidad la trascendencia de este recurso y estudiarán las medidas a adoptar, entre la que se encuentra instar a todos los grupos políticos que han aprobado la redacción de esta Ley a que usen todos los recursos para su defensa y continúen luchando por su legitimidad y posterior reglamentación. Y también al PP que no la apoyó a incluir estas demandas en las leyes de ámbito estatal que no podrán negar que son de su competencia.
Valencia, 5 de noviembre de 2017
Hoy 31 de octubre las PAHs catalanas se movilizan para seguir demostrando que hace tiempo perdieron el miedo y ofrecerle truco o trato al banco Santander, conocido coloquialmente como banco Satánder. Las fecha no podría ser más propicia, para enfretarse al mal en la defensa de los derechos más fundamentales de las familias afectadas por la vivienda. Una situación provocada por la estafa hipotecaria, la falta de parque público de vivienda, por estar los piso vacíos en manos de la banca y no de la administración o la negativa a ofrecer realojo y alquiler social en dichos pisos, tras sufrir un desahucio, ya sea por ejecución hipotecaria, impago de alquiler u ocupación.
Nuestro trato es claro y de mínimos, queremos soluciones que aseguren el descanso real ya de las familias. Ya sean afectadas directas del Banco Santander, de su filial UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) o del Banco Popular, entidad que se adjudicaron hace unos meses por 1€. O lo que viene siendo lo mismo, esta operación ha sido la estrategia para rescatar al Santander, que sólo ganó 1.867 millones en el primer trimestre de 2017.
Queremos dación en pago retroactiva, para todas las familias en fase de ejecución hipotecario y futura perdida de vivienda, evitando aumentar la lista de los 173 desahucios diarios en todo el estado. Es inaceptable que Banco Santander siga desahuciando y apoderándose de las casas de la gente, que previamente estafó, mientras Ana Botín gana 9,9 millones en 2016, con un fondo de pensiones de 43,1 millones de euros.
Queremos se usen los pisos vacíos, arrebatados a la ciudadanía con engaños, para ampliar el parque público de vivienda y dar solución a la emergencia habitacional provocada por la banca y la falta de políticas de vivienda valientes para que el Estado defensa los derechos delas familias por delante de los intereses financieros. Es vergonzoso que tras la adquisición por 1€ del Banco Popular, se permita que los pisos acaben en manos de un fondo buitre como Blackstone, que ha adquirido el 51% de todo el ladrillo tóxico de Banco Popular, con el único objetivo de seguir amasando beneficios multimillonarios con la especulación de nuestras vidas y nuestros hogares.
Queremos alquiler social asequible en base a los ingresos de la unidad familiar, que garaticen el derecho a la vivienda a las familias en exclusión residencial. Seguirá habiendo vidas en juego, mientras se sigan vulnerando Derechos Humanos básicos. Sabemos que la ley hipotecaria española es ilegal y criminal, tan criminal como la actitud de la banca, que niega a la gente un hogar, pero que no tiene reparos en invertir miles de millones en la industria armamentística. Un sector liderado por Banco Santander y BBVA, las entidades que más desahucios acumulan y más beneficios en paraísos fiscales. El banco Santander debe cumplir con su responsabilidad, ofreciendo alquiler a todas las personas desahuciadas, ya sea por la vía hipotecaria o por haber recuperado uno de tantos pisos vacíos en manos de la entidad, como única solución a la falta de soluciones que las destino a vivir en la calle.
Queremos quitas para aquellas afectadas que con ellas puedan evitar la perdida de su hogar. Es un crimen que alguien pierda su hogar por no poder pagar una cuota inflada con clausulas ilegales, colocadas con el único fin de poder adquirir las viviendas, tarde o temprano, para seguir especulando. Una muestra más de la estafa hipotecaria, que llevamos años denunciando y dando soluciones legislativas, para poder salvar a las personas antes que rescatar a los bancos con dinero público, para que trabajadores de las entidades, en este caso Banco Santander, puedan tener beneficios anuales de más de 1 millón de euros, a costa de nuestras vidas.
Por todo esto, hoy la PAH toma las oficinas del Banco Santander, como un imparable ejercito de zombies con un sólo objetivo: conquistar el derecho a la vivienda. Y si no hay trato habrá truco al más puro estilo PAH, con denuncia pública y movilizaciones pacíficas, hasta conseguir nuestras demandas. La ciudadanía organizada hace tiempo que perdimos el miedo, con valentía y decisión, logramos hacer posible lo que decían era imposible y que el miedo cambiara de banda, como demuestra la banca cada vez que cierra sus puertas antes el poder de las camisetas verdes.
¿Hoy que va a ser?
¿#TrucoOTrato?
Alfredo Guillen fue una de las tantas personas que durante la época de la burbuja inmobiliaria apoyo a sus parientes. Dos sobrinas suyas le solicitaron que solicitara un préstamo Bankia hipotecando su vivienda, para así poder hacer frente a una serie de deudas. Alfredo, de buena fe, accedió a su petición, que termino por ser una estafa. Sus sobrinas se marcharon con el dinero proveniente del préstamo, el cual no pensaban devolver desde el principio. Y Alfredo tuvo que hacer frente a la deuda poniendo en riesgo lo único que tenía: su hogar y una pensión de 700 euros.
Tras pasar por la horrenda experiencia de que su hogar fuera subastado, acudió a la PAH con una orden de desahucio en la mano. El banco pretendía dejarle en la calle a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, gracias a la presión de la PAH se paralizo el desahucio de Alfredo y se inicio una vía de negociación. Mientras tanto Alfredo invitaba a María, una conocida que se había quedado en la calle, a vivir en su piso. Un acto de pura generosidad a pesar de que Alfredo se encontraba en plena emergencia habitacional. Un ejemplo más de que somos las ciudadanas de a pie quienes recuperamos los Derechos Humanos aún en la más difícil de la circunstancias.
Después de un año de negociación con Bankia para encontrar una solución habitacional para Alfredo, arrancamos a Bankia el acuerdo de un alquiler social a 5 años. El precio que se pactaba era de 100 euros al mes. Precio correspondiente a los baremos de 10%, 12% y 18% sobre los ingresos de la unidad familiar tal como contempla la Ley 24/2015 contra los desahucios y la emergencia habitacional. Era un acuerdo puramente de mínimos, insuficiente para un caso tan grave. Bankia ni siquiera le concedía a Alfredo la condonación de la deuda hipotecaria a pesar de que era más que obvio que jamás podría hacerle frente.
Además, a escasos días de la fecha de firma del alquiler, Bankia se echó para atrás incumpliendo el acuerdo. Dado que el Partido Popular recurrió los artículos de la Ley 24/2015 que obligaba a los bancos a conceder alquileres sociales a las familias, Bankia afirmo que no iba a respetar ningún acuerdo que nombrara a esta ley. De este modo, la entidad hubiera dejado a Alfredo en una situación de absoluta indefensión si no hubiera sido por la PAH. Un ejemplo más de que la violación reincidente de Derechos Humanos se ejerce por parte de los mismos bancos que hemos rescatado con nuestro dinero.
Bankia, recordémoslo, tuvo el rescate más escandaloso e inmenso que hemos sufrido en todo el estado español. Hasta 23.500 millones de dinero público le fueron cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio. Incluso un reciente informe demuestra que las ayudas públicas a Bankia constituyen una totalidad de 147.000 millones, más que los recortes que hemos sufrido en educación, sanidad y seguridad social. En vez de paralizar desahucios y ofrecer alquileres sociales a la ciudadanía, el informe de Emergencia Habitacional del Observatori DESC coloca a Bankia como el banco que más desahucia, llegando a ser responsable hasta del 20% de los desalojos hipotecarios.
Por si fuera poco, durante 2014 todas contemplamos como Bankia protagonizaba el escándalo de las tarjetas opacas Black que acarrearon 15 millones de gastos en negro: la mayor parte en viajes, golf y clubs de alterne. Es totalmente inadmisible que la entidad número uno en recibir ayudas públicas sea una entidad que sigue desahuciando, que continúa malversando y que además lidera el ranking de los bancos que más desalojan. Es totalmente inaceptable que Bankia continúe especulando con vidas en juego como la de Alfredo.
Desde la PAH somos conscientes que estamos ante un caso extremo. La salud de Alfredo está en peligro debido a su avanzada edad. Dada la actuación de Bankia y la precaria situación en la que se encuentra Alfredo, es necesario que se le conceda un alquiler social vitalicio y la extinción de toda la deuda hipotecaria. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los responsables políticos del municipio de Barcelona para que exijan responsabilidades y una solución inmediata a Bankia.
Por todo esto desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona pedimos:
Tras más de un año de negociaciones, Anticipa/Blackstone ha demostrado que NO tiene ninguna intención de responder favorablemente a ninguna de nuestras demandas y de dar solución a los decenas de casos que están bloqueados. Desde que Anticipa/Blackstone se hizo cargo de la cartera de hipotecas de CatalunyaCaixa (banco rescatado con 12.000 millones de euros de dinero público) en Julio del 2015, las familias no han dejado de ser extorsionadas, amenazadas, engañadas y ninguneadas de forma sistemática. Prácticas mafiosas de Anticipa/Blackstone:
Por lo tanto a partir de hoy las PAH de toda Cataluña dejarán de reunirse, contestar llamadas o mails de ningún representante de Anticipa/Blackstone hasta que nuestras demandas sean atendidas:
Las familias afectadas también rompen cualquier comunicación con Anticipa/Blackstone y sólo contestarán a los mails que respondan exactamente a sus peticiones. No cederemos ante las prácticas mafiosas de Anticipa/Blackstone. Nuestras peticiones tienen toda la legitimidad y continuaremos plantando cara a todos los que atenten contra nuestro derecho a una vivienda digna. No vamos a parar hasta conseguir que Anticipa/Blackstone aparte sus garras de nuestros hogares.
En la mañana de hoy, viernes 22 de julio de 2016, se ha ejecutado un nuevo desahucio en Móstoles, Comunidad de Madrid. Hoy les ha tocado a Ana y su hija sufrir la violencia y falta de ética de Bankia, a quienes no han dado la más mínima oportunidad. Esta familia vivía en esta casa desde hace 10 años, con un contrato de alquiler. Pese a ello, los propietarios no hicieron frente a la deuda contraída con Bankia y la entidad es ahora propietaria de la vivienda.
Desde el primer momento, la intención de Bankia fue echar a esta familia a la calle, pero un juez les obligó a respetar su contrato de alquiler. Desde que se produjo dicha resolución judicial Ana ha hecho frente al pago mensual, pese a su precaria situación económica. Entonces, Bankia recurre a reclamar las mensualidades no abonadas desde el cambio de propiedad hasta que el juez dicta que se debe respetar el contrato de alquiler. Bankia no ofrece ninguna posibilidad de acuerdo, como podría haber sido aplazar el pago de estas cantidades pendientes.
Tanto la familia como Stop Desahucios Móstoles han estado intentando negociar con la entidad, a la que se ha aportado toda clase de documentación para probar su buena fe en este contencioso. Ni desde el Departamento de Recuperaciones, ni desde Responsabilidad Social Corporativa, ni desde Inmuebles han mostrado voluntad de suspender el lanzamiento. Con todos ellos nos hemos puesto en contacto hasta esta misma mañana, pero de nada ha servido.
Finalmente, Bankia se ha salido con la suya y, con la violenta colaboración de la Policía Nacional, ha ejecutado un desahucio cruel e inaceptable, tanto por el fondo como por las formas. Por el fondo, porque saben que es injusto desahuciar a esta familia; en las formas por el enorme y violento despliegue policial, que ha llegado a romper una pared y provocar grandes destrozos para entrar en la vivienda. Unos destrozos cuyo coste va a ser mayor que el montante de dinero por el cual se lleva a cabo la ejecución del desahucio: 2.500€.
Ante esta situación, no podemos aceptar que las instituciones que nos gobiernan se queden de manos cruzadas, sin cumplir su deber de servir a la gente y dando por buena esta actuación de Bankia. Por ello, exigimos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Móstoles:
– Que condenen públicamente este desahucio.
– Que presionen a Bankia para que sea la entidad la encargada del realojo de esta familia. No toleramos que la entidad (rescatada por toda la ciudadanía) firme un acuerdo con la Comunidad de Madrid en virtud del cual cede 100 viviendas para alquiler social, pero al mismo tiempo deje a cientos de familias en la calle.
– Que, si ese realojo no se produce, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Móstoles dejen de colaborar con Bankia. Que rescindan todo acuerdo al que hayan llegado en materia de cesión de viviendas y no trabajen con esta entidad hasta que esta se comprometa a dejar de ejecutar desahucios. Las casas que ceden están manchadas de lágrimas y sangre.
Animamos a las PAHs y colectivos 15M del Estado a hacer suyas estas exigencias y a exigirlas en sus territorios. Ni casas sin gente, ni gente sin casa. ¡No toleramos ni un desahucio más!
Stop Desahucios Móstoles
Coordinadora de Vivienda de Madrid
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Siguen las movilizaciones de denuncia para terminar con la política de extorsión y chantaje en manos del fondo buitre americano, que continúa negando soluciones a cientos de familias afectadas.
Este miércoles 8 de junio, en la calle Mare de Deu del Port, 385 del Barcelona, las PAHs Catalanas hemos preparado una acción innovadora para seguir con nuestra campaña de señalización y denuncia al fondo buitre Blackstone, y su filial española Anticipa, que empezó hace algunos meses con gran repercusión internacional. Hoy hemos ocupado uno de los pisos que Anticipa tiene a la venta, con esta acción también queremos informar a toda la ciudadanía que todos los pisos que gestiona Anticipa vienen de procesos de ejecución hipotecaria: en todos esos pisos vivían familias que han sido desahuciadas de forma silenciosa.
La ocupación viene precedida de dos semanas de bloqueo telefónico durante las cuales todas las PAHs hemos estado llamando a sus teléfonos de venta y alquiler de pisos, solicitando citas y no presentándonos a las mismas. Pero hoy, sí que acudimos a una cita concertada con un comercial, para ocupar uno de sus pisos, y no nos iremos hasta lograr un firme compromiso por escrito que dé respuesta a nuestras demandas:
Con el cumplimiento de nuestras demandas, se desbloquearan los casos de más de 100 familias afectadas, que siguen sin solución desde que Blackstone adquirió 90.000 activos hipotecarios de CatalunyaCaixa entre los que se encontraban sus hipotecas. Hablamos de una entidad que había sido rescatada con 12.000 millones de euros de dinero público, de nuestros impuestos, y de los que ahora vemos que se beneficia Blackstone, el mayor fondo buitre inmobiliario del mundo con sede en Nueva York. Fondo que compro la cartera hipotecaria de CX por tan sólo 4.000 millones.
La política del fondo buitre está clara y es unidireccional: pretenden lograr beneficios multimillonarios con la venta y alquiler de las viviendas de familias en exclusión resindencial. Blackstone ha llegado a aprovecharse de la angustia y la desesperación de las familias, recurriendo impunemente a la extorsión, contratando empresas externas para que se presentaran en el domicilio de las familias y amenazándolas con el desahucio si no abandonaban voluntariamente la vivienda. El chantaje, además, obligaba a renunciar al alquiler social si la familia solicitaba la dación en pago. En estas situaciones de violento acoso, se ha llegado incluso a ofrecer cantidades irrisorias de dinero para que las familias abandonaran sus hogares. Esto son prácticas intimidatorias y mafiosas que no vamos a permitir ni un segundo más.
Esta acción se enmarca en una campaña de movilización internacional que iniciamos en Febrero del 2015. Desde entonces hemos conseguido que cientos de familias no cedan al chantaje y extorsión de Blackstone, y que continúen luchando por soluciones reales y dignas ¡Gracias a la PAH David está ganando a Goliat! Y estamos seguras que acción tras acción, llegará el momento donde la mafia financiera de Blackstone será derrumbada por el Derecho a la Vivienda. La PAH ya ha conseguido hacer claudicar a docenas de bancos. Blackstone no va a ser diferente; sólo otra futura victoria de la ciudadanía.
¡Sí Se Puede!
#OcupaBlackstone