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Las mentiras sobre vivienda de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

La semana pasada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hizo público un estudio por el que afirma que no existen evidencias de que los cambios de uso de alquiler residencial al turístico encarezcan la vivienda. Acto seguido , anunció que iba a recurrir ante los Tribunales las regulaciones de las viviendas de alquiler turístico aprobadas por los ayuntamientos de Madrid, San Sebastián y Bilbao.

Cuando desde prácticamente todos los sectores se afirma que una parte de la responsabilidad de la burbuja de los alquileres viene dada por una baja oferta, afirmar como hace la CNMC, que los cambios de uso de residencial a turístico no influyen en los precios es absurdo. Con análisis simplistas, no ven la cadena de efectos que produce este cambio de uso, que expulsa a familias a la periferia, enfrentándose ahora a la subida de precios que les marcan los nuevos propietarios de viviendas, socimis y fondos buitre, a quienes la banca rescatada y Sareb ha regalado nuestras viviendas.

Como bien ha acreditado la periodista de eldiario.es Marina Estévez, en un excelente artículo publicado en ese medio, la CNMC utiliza los mismos argumentos que el lobby de AirBnB ante Bruselas, pero leyendo dicho estudio podemos observar cómo no sólo utiliza sus argumentos, sino incluso las propias estadísticas de AirBnb.

La CNMC ignora en su informe que la vivienda es bien al que todas tienen derecho, según el artículo 47 de la Constitución, que además, mandata a los poderes públicos a combatir la especulación, y establece además que la comunidad debe beneficiarse de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Las desregulaciones, es decir, las eliminaciones de los controles gubernamentales a la banca, propiciaron la crisis de la que aún no hemos salido. Las Cajas de Ahorro desreguladas han terminado generando enormes deudas que los gobiernos han hecho pagar a la población y han terminado desapareciendo.

Las empresas de la economía presuntamente colaborativa como Deliveroo, AirBnB, Cabify, Uber y otras, sólo traen más desregulación, fraude fiscal y en definitiva un capitalismo más salvaje aún que aumenta el empobrecimiento de los sectores que tocan, y a través de ellos, del conjunto de la población.

La CNMC, nos tiene acostumbrados a multas, por ejemplo a las eléctricas, que hacen rentables algunos de sus fraudes, ya que únicamente rebajan un poco los beneficios obtenidos mediante prácticas fraudulentas. Su actuación en este caso, nos parece paradigmática de lo que es la defensa a ultranza de los dogmas neoliberales por encima de los derechos de la población. Además, camufla su defensa de los intereses de estas grandes multinacionales hablando de la defensa de la competencia y en favor de los «titulares de viviendas», como si esta no hubiera muerto con el capitalismo financiero de finales del XIX, restringiéndose esta competencia entre las grandes concentraciones de empresas, que aterrizan agresivas para aprovecharse de las infraestructuras y los impuestos de la ciudadanía, convirtiendo los barrios en zonas de atracción y ocio que despachan a vecinas, para, con los beneficios, desviarlos a paraísos fiscales.

Desde la PAH exigimos que aquéllos sectores de los que depende el cumplimiento de los Derechos Humanos, como lo es la Vivienda, salgan del campo de acción de los organismos que como la CNMC, anteponen los intereses de muy pocos a los Derechos de la mayoría.

Exigimos al Gobierno del Presidente Sánchez la adopción de medidas urgentes y de transformación social para garantizar el derecho a la vivienda. La PAH ha ofrecido a todos los partidos la Ley de Vivienda de la PAH con soluciones reales a los problemas, recogiendo las aportaciones de las Leyes de viviendas de las Comunidades Autónomas -momento para retirar los recursos de inconstitucionalidad- y en consonancia con las demandas que las Naciones Unidas ha hecho al gobierno del Estado.

El plan de Ábalos: Escasos e insuficientes cambios en política de Vivienda   

En relación con el anuncio hecho público ayer por el ministro Ábalos en el Congreso, sobre medidas fiscales, y construcción de 20.000 viviendas para alquiler asequible en las ciudades donde más se han disparado los precios, la PAH consideramos escasamente ambicioso, además de muy insuficiente y lento el plan, teniendo en cuenta las enormes dificultades para acceder a un alquiler y pagar su renta.

¿Medidas fiscales? Sí, pero no de reducción de impuestos, sino otras que obliguen a los grandes tenedores, que son los que marcan los precios, a sacar su stock al mercado. ¿Cómo? Gravando progresivamente, en función del tiempo que lleven cerradas las casas injustificadamente vacías, llegando a imponer sanciones. Esto sí que sacaría al mercado miles de casas ¿Más medidas? Sí, recupere el impuesto de sociedades a las Socimis. 

¿Otras medidas? Sí, haga una ley de tanteo y retracto estatal (mejor que la andaluza por supuesto) que permita al Estado, a las CCAA y ayuntamientos adquirir con preferencia, y al mismo precio que compran fondos buitre y Socimis y así se irá generando el ahora inexistente Parque Público de Vivienda que incidirá positivamente a la baja en los precios de alquiler.             

¿Construcción de nuevas viviendas? Sólo donde no haya casas vacías. Según el último censo de vivienda del INE, en España hay más de 3,5 millones de casas vacías, utilice el Ministerio las medidas que aporta la Ley de Vivienda de la PAH de cesión obligatoria temporal para parque público, es más  rápido y barato.

Mantener el acceso a la vivienda a millares de familias que en estos momentos siguen en una situación precaria con ayudas es una medida cara y repercute en las arcas sin ningún retorno, es una hucha sin fondo que no nos conduce a  más que a crecer la deuda de España y a aplazar el desahucio hasta el fin de las ayudas.

Sea valiente y haga una ley integral que solucione por todas el problema habitacional en España, impulse la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH.

Aprueben la Ley de Vivienda de la PAH, que para frenar los precios plantea el establecimiento de índices de referencia de precios, elaborados por los ayuntamientos con participación económica y social, que fijan límites de precios en función de la ubicación, características, servicios y otros parámetros, así impedirá las subidas desbocadas de un mercado salvaje, alimentado por la ausencia de vivienda social, y parque público de vivienda y de controles en los precios.

Además, les permitirá cumplir con el Comité DESC de Naciones Unidas acabando con los desahucios, y permitirá el acceso a los suministros básicos de miles de familias. 

Por último Sr. Ministro, recíbanos, le pedimos una entrevista el pasado día 20 y aún no ha dicho Vd. esta boca es mía.  Escuche la voz de quien mejor conoce la problemática: las familias afectadas

La PAH vuelve al Congreso

Llegó el momento de hacer eficaces los cambios estructurales necesarios para garantizar el derecho a la vivienda en España

10 de junio 2018

Hoy la PAH ha vuelto al Congreso para reunirse con todos los grupos parlamentarios y forzar el trámite urgente de la única proposición de ley que aborda todos los problemas que impiden que la vivienda sea un derecho real y efectivo en nuestro país, la Ley Vivienda de la PAH.

Toca pasar página y dejar atrás uno de los episodios más trágicos de nuestro país, liderado por el Partido Popular, que no solo fomentó la época dorada de la banca, de la estafa y de los rescates multimillonarios regalados, secuestró cualquier avance social, en especial el acceso o poder mantener una vivienda. Bloqueo en 2013, de un ILP hipotecaria y contra los desahucios, recursos para suspender leyes autonómicas que garantizaban el derecho a la vivienda a lo largo de los últimos tres años, o más recientemente, el veto injustificado a la Ley Vivienda PAH, para evitar su debate en el Congreso.

Desde la PAH creemos que ha llegado el momento de demostrar que el nuevo Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, no es un simple cambio de caras, sino un cambio real. Un cambio de justicia histórica, en un país que está en deuda con las más de 700.000 familias que han perdido su hogar por ejecución hipotecaria, con las más de 170 familias que siguen sufriendo diariamente un desahucio. Un país que está en deuda con las vidas truncadas por la desesperación en estos años de violencia institucional. Vidas que siguen estando en juego, como vimos recientemente en Cornellá.

Los objetivos en las reuniones de hoy son claros. La retirada inmediata de los recursos a las leyes autonómicas en materia de vivienda [1], cuya suspensión ha privado a las familias de herramientas que las protejan del atentado al derecho a la vivienda orquestado por la bancaUna retirada que depende exclusivamente de la voluntad del PSOE hacerla efectiva y compromiso de apoyo, de todos los grupos parlamentarios, en la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH y agilizar así su debate y fase de enmiendas para lograr lo antes posibles hacer eficaces los mecanismos de choque y los cambios estructurales que necesitamos.

1º Dación en pago retroactiva, para cancelar deudas ilegítimas surgidas de hipotecas-estafa, y de un procedimiento judicial ilegal en relación a Europa como ha reiterado el TJUE, que elimine las cláusulas abusivas. Mecanismos de segunda oportunidad, inembargabilidad de la vivienda habitual y Responsabilidad limitada a la vivienda.

2º Moratoria indefinida para todos los desahucios sin alternativa habitacional, como nos exige el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España en 1976 y ratificado en 2014. El Comité DESC de la ONU ya reclamó a España este comportamiento en un dictamen emitido hace ahora 1 año. Transparencia cesión de créditos a fondos de titulización. Obligación de la banca de ofrecer alquiler social y de las Administraciones al realojo. Ayudas, sin pequeño tenedor

3º Establecimiento de índices de referencia de precios para el alquiler, reforma de la LAU para recuperar derechos eliminados a los inquilinos con la reforma aprobada en 2013, como ampliación años de contratos de alquiler

4º Utilización de casas cerradas injustificadamente por grandes tenedores como Parque Público de Vivienda provisional mientras se va creando el definitivo, mediante cesión obligatoria.

5º Garantía de acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas.

Tras una larga jornada de reuniones, hemos encontrado buena disposición general y una mayoría clara en el apoyo de nuestras demandas, aunque cierta falta de concreción por parte de algunos grupos. Destacar la buena recepción del PSOE y que Ciudadanos se ha comprometido, a pesar de las diferencias, a no bloquear en la votación a tramite, un no bloqueo que esperamos también tengan en cuenta en fases posteriores permitiendo que el proceso parlamentario sea ágil y no se eternice.

Sabemos que esta ha sido la primera toma de contacto para conseguir que nuestra Ley pase a trámite en setiembre. No nos valen las excusas, la emergencia crece cada día, las familias no pueden esperar más y mientras, los bancos, los fondos buitre y las SOCIMIS, siguen haciendo el agosto con nuestras casas, las que nos robaron y ahora están vendiendo.

No nos lo inventamos nosotras, los últimos datos del CGPJ son alarmantes. Solo en el primer trimestre de 2018, hubo 16.000 desahucios, lo que nos da una proyección de 70.000 a final de año, cifras superiores al 2017, en unos momentos en que los desahucios, a pesar de estar silenciada su visibilización, son más numeroso que nunca y lejos de reducirse, no hacen más que aumentar. Por eso también hemos puesto sobre la mesa el cumplimiento urgente de todas las recomendaciones del dictamen del Comité DESC de hace un año. La más importante, la suspensión de todos los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional

Seguiremos negociando y apretando. Hoy nos han tenido en los despachos, de no conseguir nuestros objetivos, nos tendrán en las calles, de frente, en nuestro terreno, donde somos más, hasta conseguir conquistar el derecho a la vivienda.

¡Hoy recuperemos la ley 24/2015 y el resto de leyes autonómicas, mañana a por la Ley Vivienda PAH!

[1] 

Carta a Pedro Sánchez

Interpelamos al Presidente Pedro Sánchez con una carta para que retire el recurso, interpuesto por el PP, que tiene suspendidos algunos artículos de la Ley 24/2015

Julio de 2015, siendo aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, nace la Ley 24/2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social -cerca de 150.000 firmas-, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC).

Mayo de 2016, el Partido Popular no ve constitucional que la banca y grandes propietarios de vivienda se corresponsabilicen en garantizar los derechos de las familias y opta, una vez más, por secuestrar los derechos más fundamentales presentando el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016, provocando la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores.

Esta suspensión nos privó de herramientas que garantizaban una segunda oportunidad a las familias. Durante los meses que la Ley 24/2015 estuvo plenamente vigente paró miles de desahucios, corresponsabilizó a los grandes propietarios asegurando realojos adecuados cediendo su vivienda vacía; y la parte de pobreza energética, que no se tocó, continúa en estos momentos, parando miles de cortes de suministro. La efectividad de esta ley, está avalada por los Ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.

Desde la suspensión de la Ley 24/2015, la emergencia habitacional, lejos de reducirse, no ha hecho más que aumentar. En Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acumulan casos con esperas de más de 6 meses, ante la carencia de vivienda con un parque público que no llega al 2%. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses

En relación con la pobreza energética, a pesar de la vigencia de esta parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, a la vez que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y se resisten a asumir su responsabilidad negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.

Debido a la suspensión de herramientas legislativas para hacer frente a la realidad que sufrimos, continúan habiendo vidas en juego, como demuestran la muerte de Rosa de Reus después de que Gas Natural le cortara la luz, contraviniendo la Ley 24/2015; o recientemente la muerte de Jordi en Cornellà, que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone, estando en situación de exclusión residencial. Dos muertes que se podrían haber evitado.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez puede retirar el recurso del PP contra nuestra Ley 24/2015. Por eso, hoy hacemos pública una carta dirigida al actual presidente del Estado español, para que la recupere con carácter de urgencia, tal como se comprometió el PSOE en el documento que firmaron el 20 de abril de 2016, cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley y fuimos al Congreso a presionar a todos los partidos. Un documento firmado de puño y letra por la responsable de vivienda Mar Rominguera, cuando Pedro Sánchez era líder del grupo parlamentario socialista, donde se comprometían a:

  • Defender públicamente la Ley 24/2015 y la necesidad de esta para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética.
  • Desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo.
  • Ampliar los derechos que la Ley 24/2015 otorga al resto del Estado, con la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH y retirando todos los recursos contra leyes de emergencia habitacional.

La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular y Mariano Rajoy, por lo cual es imprescindible recuperarla. Existen numerosos precedentes en los cuales un cambio de Gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas.

El mismo PSOE, bajo la Presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos contra leyes de Andalucía, Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura impulsados por el Partido Popular, la mayoría de estas de materias sociales, como la educación, la sanidad exterior y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.

Frente a la emergencia habitacional, desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.

El pasado viernes interpelamos el Presidente Quim Torra con una carta para que pusiera prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley, puesto que parece que su intención y la del Gobierno catalán es enterrar nuestra ley y quedarse con la 4/2016, creada para cubrir el vacío dejado con la suspensión de la 24/2015, pero mucho menos garantista y que también está suspendida.

Hoy es el turno de hacer lo mismo con Pedro Sánchez, que es quien realmente tiene la capacidad de recuperar la Ley 24/2015, demostrando su altura política y dando un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda, pasando de las palabras a los hechos.

¡Recuperamos la Ley 24/2015! Hoy es posible y solo hace falta voluntad política. 

#CartaASanchez #RecuperemLa24

 

Recuperar la Ley 24/2015 ahora es posible

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente a la emergencia habitacional es urgente retirar el recurso que mantiene en suspensión algunos artículos de la ley más garantista de Europa en materia de vivienda.

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC), impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Habitatge de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social -cerca de 150.000 firmas- y fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015. ¡Había nacido la Ley 24/2015! Una ley que quería garantizar una segunda oportunidad a las familias, que paró miles de desahucios, que corresponsabilizaba a la banca y a los grandes propietarios, que asegura realojos adecuados y para, a día de hoy, miles de cortes de suministro. Nos consta que así lo consideran también

 

 los Ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.

Desgraciadamente el Gobierno del PP decidió, una vez más, actuar en contra de los derechos fundamentales y en mayo de 2016 interpuso el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016. Esto supuso la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores. Pero lo cierto es que nuestra Ley no es inconstitucional, al contrario,

 

 es la garantía del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución y de la Declaración de los Derechos Humanos.

A estas alturas, en Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acu

 

mulan casos con esperas de más de 6 meses. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses. El parque público de vivienda no llega al 2% y la movilización de vivienda social ha sido muy por debajo de las necesidades de la población catalana.

En relación con la pobreza energética, 

 

a pesar de la vigencia de parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, al mismo tiempo que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y siguen sin asumir su responsabilidad, negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.

Esta carencia de herramientas legislativas choca lamentablemente con la realidad, porque más que nunca hay vidas en juego: la muerte de Rosa en Reus, después de que Gas Natural le cortara la luz contraviniendo la Ley 24/2015, o recientemente la muerte de Jordi, un vecino de Cornellà que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone. No son casos aislados y se podrían haber evitado.

 

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.

Por eso, hoy interpelamos al Presidente Quim Torra con una carta [link: carta] para que ponga prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley.

Cataluña no puede continuar liderando el vergonzoso ranking de los desahucios, tiene que liderar el ranking de la conquista de los derechos sociales para todo el mundo. Cataluña ha sido pionera en la legislación contra la emergencia habitacional. La Ley 24/2015 es el principal exponente.

Esperamos una respuesta pública a esta 

 

carta, así como un encuentro para trasladarle la voz de las familias, antes de su reunión con el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

¡Recuperamos la Ley 24/2015! ¡Se puede! Solo es cue

 

stión de voluntad política.

#CartaATorra #RecuperemLa24 #AvuiEsPot

Descarga aquí la carta

 

 

 

Bankia: hacia una banca pública y social

Hoy comparece en el Congreso, ante la Comisión de investigación sobre la crisis financiera, el presidente de Bankia desde 2012, José Ignacio Goirigolzarri.

En su comparecencia hará referencia al latrocinio desarrollado por la entidad en la etapa anterior a él: tarjetas black, preferentes, salida a bolsa… Lo que no mencionará es que se trata también de un banco que, además de un ávido desahuciador, vendió hipotecas cargadas de cláusulas abusivas, fue rescatado con 40 mil millones de euros públicos, absorbió BMN, y llevó a cabo el ERE más importante del país con 7.000 empleados eliminados. Ni contará que actualmente ha adjudicado la gestión de todos sus activos inmobiliarios a Haya Real Estate, sociedad propiedad del fondo buitre Cerberus.

Ahora Bankia está en vías de ser privatizada de nuevo, sin antes haber devuelto ni la mitad del total de su rescate. Así se vuelve a privarnos de una banca pública capaz de atender, con una visión social y sin abusos, a las demandas de financiación.

Desde la PAH, exigimos a Goirigolzarri veracidad en sus declaraciones, como actual responsable debe denunciar expresamente las gestiones realizadas, ya que éstas podrían servir para futuras acciones legales contra los responsables de las diferentes estafas provocadas por Bankia y sus precursores. Aunque eso no le libra de tener que dar explicaciones de por que Bankia sigue dejando en la cuneta a las familias estafadas, patrocinando desahucios y arrebantando hogares.

Asímismo exigimos al Gobierno de Pedro Sanchez. que no permita los planes de privatización de Bankia. Tras recibir un rescate de 40.000 millones de euros, se trata de una entidad pública y debe ser dotada de las características de una Banca Pública. Bankia debe ser de todas y así librarnos de los abusos y estafas, de la banca privada tradicional.

Nosotras lo tenemos claro:

#BankiaEsNuestra

La PAH vuelve a la carga en defensa de las familias afectadas por la extorsión de Anticipa/Blackstone.

Desde que posó sus garras sobre nuestras casas, Blackstone, a través de un complejo entramado de sociedades, se ha convertido en la primera inmobiliaria privada en España, despachando un trato indigno a sus inquilinas, dejando proliferar narcopisos en los barrios y contribuyendo a inflar la escandalosa burbuja del alquiler. 

Hoy la PAH emprendemos una nueva acción internacional con la intención de subir la presión contra Anticipa/Blackstone y ganar el pulso que llevamos teniendo hace tiempo, en defensa de cientos de familias por todo el Estado que tienen sus casos enquistados y las garras del buitre por excelencia, en el cuello. 
 
Blackstone, el mayor fondo buitre del mundo, aterrizó en nuestro país en 2013 cuando la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le vendió 1.860 viviendas protegidas en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros. Una operación escandalosa que abrió las puertas a que, a día de hoy, Blackstone sea el mayor gestor inmobiliario y hotelero en España, patrocinando cientos de desahucios y la actual burbuja de alquiler.
 
Un año más tarde compró 40.000  hipotecas por 4.000  millones  de  euros,  con un fuerte descuento (que no se ofreció a los hipotecados), en un proyecto llamado Hércules, a CatalunyaCaixa: una banca previamente rescatada con 12.000 millones de dinero público cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio, que no dudó en deshacerse de sus activos tóxicos en lugar de rescatar a las familias, que previamente había estafado. Blackstone creó Anticipa, su filial en España, para gestionar estos casos. Desde entonces, este fondo buitre ha creado decenas de SOCIMIS, empresas que gracias al Partido Popular y su creación de un régimen fiscal privilegiado, están libres de pagar  el impuesto  de  sociedades y un sinfín de operaciones que han dejado a las familias con hipotecas o alquileres en manos de bancos como Catalunya Caixa, BBVA, Santander o Banco Popular, en total indefensión.
 
Familias que se están enfrentando a la pérdida de su vivienda, ya sea con desahucios silenciosos, vía subastas o daciones en pago sin más alternativa, ya sea vía desahucios invisibles producidos por la no renovación de los contratos de alquiler social. Las familias a las que Catalunya Caixa dejó en la cuneta en 2014, se ven ante un trato vejatorio y ninguna voluntad por parte de Anticipa/Blackstone de negociar ningún tipo de trato, que no sea quedarse con las viviendas para su posterior especulación. Por el camino dejan un sinfín de prácticas mafiosas como la extorsión, el chantaje, el soborno, alquileres superiores a las capacidades de pago (excusados en las ayudas de la Administración), cláusulas abusivas o la venta de las viviendas antes de la finalización de los contratos de alquiler social para provocar la expulsión de las inquilinas.
 
Por todo esto, hoy las PAHs Catalanas tomamos la sede de Anticipa/Blackstone en el Prat de Llobregat, para exigir una solución digna a todas las familias que llevan años viendo cómo son maltratadas, en general por todo este entramado financiero que convirtió su derecho a techo en mera mercancía para la especulación de unas pocas, y en particular por Anticipa/Blackstone y sus practicas más que cuestionables. 
 
No desfalleceremos, ni daremos un paso atrás en este duelo de titanes, hasta que las afectadas vean garantizadas sus demandas para poder volver a empezar dignamente y rehacer sus vidas. Ya sea dación a cero sin condicionantes ni remanentes, alquiler social sin chantajes, sin claúsulas abusivas y renovable, o quitas de deuda que permitan mantener el hogar que tanto sacrificio ha conllevado a las familias. Así como exigencias generales como mejorar el protocolo de atención telefónica de Anticipa donde se acabe con  el trato vejatorio, amenazas, mentiras, presión y abuso, junto a la creación de oficinas físicas en cada capital de provincia para que las afectadas puedan ir a exponer sus casos.
 
El buitre campa a sus anchas gracias a la complicidad política y no estamos dispuestas a permitirlo más. Seguiremos golpeando desde abajo, peleando caso a caso, hasta lograr que se legislen nuestras demandas recogidas en la #LeyViviendaPAH, logrando esos cambios estructurales que garanticen de una vez por todas en este país el derecho a una vivienda digna, estable y asequible.
 
#StopBlackstone

La Ley de Vivienda de la PAH pasará al Pleno del Congreso

Un paso más en el cumplimiento de las demandas de la ciudadanía para acabar con la emergencia habitacional y la especulación del derecho a la vivienda. 

El nuevo Gobierno del PSOE ha cumplido su compromiso de permitir el trámite de la Ley de Vivienda de la PAH, que fue vetada por el anterior con la complicidad de Cs en la Mesa del Congreso. La Ley volvió a la Mesa tras la sentencia del TC sobre el otro veto a la LOMCE, y ahora, el actual Gobierno no la ha vetado.

Desde la PAH valoramos positivamente este avance en la recuperación de la democracia secuestrada. Ahora, dadas la situación de emergencia habitacional, la burbuja de alquiler, la carencia casi absoluta de un Parque de Vivienda Pública y el elevado número de desahucios, que machaconamente reitera el CGPJ trimestre tras trimestre, es imprescindible que la Ley de Vivienda PAH llegue pronto al Pleno del Congreso, para que éste apruebe su toma en consideración lo antes posible, y con el mayor parecido posible al original, que desde la PAH elaboramos en contacto directo con las afectadas, porque contiene los instrumentos necesarios para paralizar los desahucios, cancelar deudas injustas, ilegítimas e impagables, para bajar los precios de los alquileres y alargar la duración de los contratos, para la creación de un parque público de viviendas digno y para garantizar el acceso a los suministros básicos de las familias vulnerables.

En definitiva, esta Ley constituye una enorme oportunidad para que el artículo 47 de la Constitución comience a ser real para millones de familias.

Desde la PAH estaremos muy pendientes de lo que hagan cada uno de los grupos parlamentarios en relación con esta Ley y les recordaremos, tantas veces como sea necesario, el compromiso que ya firmaron previamente para hacer realidad una ley que ya es referente internacional en materia de vivienda. Más que nunca, ahora es el momento de aunar todos los esfuerzos de quienes defienden el derecho a la vivienda y señalaremos a aquéllos que la bloqueen o pretendan desnaturalizarla. Hoy se abierto una ventana de oportunidad en la defensa y conquista de los derechos más fundamentales, una ventana que no vamos a permitir se vuelva a cerrar.

¡Sí Se Puede!

Los datos trimestrales del CGPJ reafirman la urgencia de hacer realidad la Ley Vivienda PAH

Los últimos datos del CGPJ siguen siendo alarmante a pesar del descenso de los desahucios hipotecarios

Según los últimos datos, publicados hoy por el CGPJ, sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales (y por ende en las personas más vulnerables), se detecta una bajada en el número de desahucios por ejecución hipotecaria, fruto de la paralización temporal de cientos de miles de estos procedimientos en los juzgados, que se encuentran pendientes de la resolución que adopte el TJUE sobre la cláusula de vencimiento anticipado y que se reactivarán como tales ejecuciones o como procedimientos ordinarios, según sea su resolución, lo que sin duda, volverá a elevar la cifra de estos desahucios. No obstante aún con esa bajada, la cifra de desahucios por esta causa es de 5.371, o sea 60 desahucios al día.

Sin embargo, en la actualidad es más preocupante y alarmante la cifra de desahucios por impago de alquiler: 9.719, es decir 107 al día, con un incremento con respecto al último trimestre de 2017 de 520 desahucios más, lo que vuelve a ratificar la salvaje burbuja inmobiliaria que sufrimos.

Si a la dificultad de obtener una hipoteca justa, se la añaden  los disparatados y abusivos incrementos de las rentas de alquiler, y la ausencia de un Parque Público de Vivienda que modere los precios, el acceso a la vivienda en España, lejos de ser un derecho garantizado está a las puertas de convertirse en un privilegio al alcance de muy pocas familias, o bien de familias sobre endeudadas.

Sólo la aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que contiene los instrumentos necesarios para saldar deudas tan injustas como impagables, moderar los precios del alquiler, generar el Parque Público de Vivienda, y garantizar el acceso a los suministros básicos, podrá permitir a corto plazo que el artículo 47 de la Constitución pueda empezar a ser realidad y aliviar a los ciudadanos de esta crisis social.

En este sentido, esperamos que el nuevo Gobierno cumpla el compromiso del PSOE y la demanda de cientos de colectivos e instituciones del ámbito, permitiendo el trámite parlamentario de esta ley de vivienda, que cuyo debate fue anteriormente vetado por el PP, pero que volvió a su trámite tras la sentencia del TC sobre otro veto antidemocrático. El próximo martes vence el plazo y estaremos muy pendientes de que la solución al problema de miles de familias no sufra otro nuevo veto ni más frenos.

La PAH celebra el fin del gobierno de los desahucios

Desde la PAH celebramos con esperanza el fin del gobierno de los desahucios. Del gobierno que machacó nuestra ILP de 2013, y cuyas actuaciones en materia de vivienda han sido revocadas una y otra vez por los tribunales, especialmente por el TJUE. Del gobierno que nunca ha dudado: entre generar sufrimiento o favorecer a la banca siempre ha optado por lo segundo. Del gobierno que ha permitido el acaparamiento de casas por los fondos buitre y las socimis antes que crear un Parque Público de Viviendas. Ese gobierno del PP ha terminado.

 

Ahora, desde la PAH, le exigimos al nuevo gobierno que cumpla con su compromiso con nosotras de permitir el trámite de la Ley de Vivienda de la PAH, y vamos aún más lejos: le interpelamos para que la aprueben urgentemente, para acabar con los desahucios y las deudas impagables, para poner freno a la burbuja del alquiler, para iniciar la creación del Parque Público de Viviendas, para que garantice el derecho de acceso a los suministros básicos de energía y agua, para que cumpla el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en definitiva, le exigimos que se empiece a cumplir de una vez en España el artículo 47 de la Constitución.
Hoy se ha abierto la puerta a poder recuperar los derechos y libertades que nos han robado los últimos años.
Toca estar a la altura y tender la alfombra roja a las familias, quitándosela a la banca, las SOCIMIS, los fondos buitre, las mordazas, las privatizaciones.

 

De una u otra forma, la PAH estaremos atentas, muy pendientes y decididas a seguir peleando para que el acceso a la vivienda no constituya un privilegio, y no dependa de la capacidad económica de las familias.