[Manifiesto y convocatoria] Tras 60 días acampada toca decir bien alto que Ingrid Somos Todas
Ingrid lleva 60 días viviendo en una tienda de campaña como única alternativa tras ser desahuciada porque el Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat incumple la Ley 24/2015 catalana
La ley marca que, en caso de desahucio sin alternativa, es la Administración quien debe garantizar un realojo digno, pero todavía quedan localidades en que sus dirigentes prefieren apostar por la especulación de un derecho fundamental como la vivienda, patrocinar los desahucios y dejar a sus familias en la calle, a pesar del coste que esto conlleva, sobre todo en los niños que ven destrozado todo su entorno.
El sábado 28 de septiembre se cumplirán 60 días del desahucio de Ingrid, madre de un niño de 5 años que ha cumplido los 6 en la calle. ¡Felicidades Justin! El sábado tendrás la fiesta que te mereces.
PAH Hospitalet, con todas las PAHs de su lado, junto a numerosos movimientos sociales y la solidaridad ciudadana, decimos BASTA.
BASTA de violar Derechos Humanos
BASTA de violar leyes surgidas para protegernos
BASTA de impunidad política
BASTA de actitudes racista. No podemos tolerar que Servicios Sociales le plantee a Ingrid, venezolana, que se vuelva a su país.
BASTA de normalizar la barbarie de las administraciones hacia el sector más vulnerable de la sociedad
BASTA de gente sin casa y casas sin gente en manos de buitres y banqueros.
¿Es este el modelo de ciudad que queremos? ¿Un modelo de ciudad que expulsa a sus habitantes? ¿Ciudades en las que se vulneren con impunidad los derechos fundamentales de la infancia mientras se fomenta la especulación? Definitivamente no.
Ingrid vivía de alquiler, una subida inasumible en la renovación del contrato sumada a, primero a la precariedad de los sueldos y segundo a la perdida de su trabajo, la llevó a sufrir un primer desahucio sin alternativa habitacional. Junto a la PAH, autoorganizándose para hacer el trabajo que debería hacer el Ayuntamiento de Hospitalet, recuperó un piso que llevaba años vacío en manos de Kutxabank, dándole la función social que deberían tener todos los pisos vacíos en poder de la banca y fondos buitre. Un nuevo techo donde rehacer su vida, ver crecer a su hijo y desde el cual regularizar su situación y negociar un alquiler social. Una solución digna que le fue negada.
La ciudadanía organizada hace años que reclama soluciones a los distintos gobiernos. Ya les hicimos el trabajo, impulsando una ILP catalana y logrando una ley para que estas situaciones no se repitieran. Ahora solo falta que el Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat cumpla con su responsabilidad y con la Ley.
Por una solución para Ingrid ya, la PAH denunciamos de nuevo la situación y animamos a todo el mundo a difundir la historia y acercarse a mostrar su apoyo a la plaza del Ayuntamiento de Hospitalet donde podrán ver de primera mano el resultado de las políticas cobardes que nos gobiernan en un ambiente festivo, pacífico y solidario.
Apoya el manifiesto y nos vemos el sábado 28 a partir de las 10.00 con actividades infantiles, talleres de arte urbano, de leyes que todas deberíamos conocer para defender nuestros derechos, actuaciones musicales y muchas, muchas ganas de demostrar que todas somos Ingrid, porque su historia mañana puede ser la nuestra.
Firma aquí y si eres un colectivo, entidad o movimiento social, difunde, comparte, publica este post en tu web y dale al ht #IngridSomosTodas
Nos vemos el sábado
Nueva agresión de la justicia española al derecho a la vivienda
En menos de 24hs hemos vivido la noticia de un nuevo varapalo a la banca y la de un nuevo favor a sus intereses. ¿La diferencia? La primera viene de Europa y la segunda de la justicia española. Desde la PAH manifestamos nuestro absoluto rechazo a la sentencia sobre el vencimiento anticipado y nos preguntamos, una vez más, de que lado está el Tribunal Supremo español, si de la justicia que supuestamente deben defender o de la banca.
Ayer conocimos el posicionamiento del Abogado General de Europa en relación con el IRPH, declarándolo abusivo por incomprensible y falto de transparencia.Ello, pese a la vergonzosa actuación en el proceso de la Abogada del Estado español, que, cumpliendo órdenes del Gobierno suponemos, avaló a la banca ¡Cómo no!, y más que eso, pidió al Tribunal que, en caso de considerarlo abusivo, no establezca retroactividad para que los bancos, no tengan que devolver a la gente los miles de millones estafados. No obstante, tendremos que esperar a la sentencia definitiva, que conoceremos en el primer trimestre de 2020.
Hoy el Tribunal Supremo de España ha vuelto, como nos tiene acostumbrados, a dar trato de favor a la banca con la sentencia sobre los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia dictada, como siempre, desde la lógica del prestamista. La sentencia considera que lo que está en peligro es el negocio de los prestamistas (bancos) que sin ejecución hipotecaria no darían préstamos. Sigue la estela de la Ley de Créditos Inmobiliarios, aprobada este año, a la que se remite constantemente. Ya en su momento, la PAH denunciamos que, lamentablemente el PSOE había seguido la estela de De Guindos y las políticas a favor de los desahucios del PP.
Los contratos hipotecarios tienen la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por impago de una cuota. La Ley 1/2013 modificó la ley procesal y permitía ejecutar al banco por 3 cuotas impagadas. El TJUE a lo largo de diversas resoluciones judiciales ha establecido que para valorar la abusividad de la cláusula hay que estar a lo que dice el contrato y no a la práctica que se haya hecho de ella. En la Sentencia de 26 de marzo, tras unas dudas tramposas por parte del Tribunal Supremo, el TJUE considera que los jueces deben valorar la esencialidad de la cláusula, si puede existir el contrato sin la cláusula de vencimiento anticipado, si llegan a la conclusión que puede existir el contrato sin el vencimiento anticipado no pueden sustituir la cláusula por ninguna otra.
Dedica gran espacio a explicar que lo que importa en la garantía hipotecaria, la garantía de cobrar, que es la razón de ser de la sentencia, y pensamos que la razón última de la posición del Tribunal Supremo en abusos bancarios en la última década. De hecho, en la sentencia se menciona la palabra “garantía” 18 veces mientras que palabra “vivienda” solo se nombra en dos ocasiones.
El Supremo ignora el mandato del TJUE de preguntar al consumidor afectado si quiere seguir vinculado o no a la cláusula de vencimiento anticipado pese a saber las consecuencias que se derivarían de ella en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
El Supremo interpretando la Sentencia del TJUE, hoy da las directrices de que, si el préstamo hipotecario se dio por vencido antes de la reforma de la Ley 1/2013, debe ser sobreseído sin más trámite. Ahora bien, los procesos en los que las familias afectadas hayan incumplido la gravedad que establece la Ley 5/2019, LRCCI (de crédito inmobiliario), 12 o 15 cuotas impagadas dependiendo del número de años de la vida del préstamo que hayan abonado, podrán los bancos continuar la ejecución. Y avala definitivamente a la banca en todas aquellas ejecuciones hipotecarias en las que se haya dictado un auto sobreseyendo el procedimiento en no dotar de cosa de fuerza juzgada pudiendo nuevamente iniciar una ejecución hipotecaria basada en lo previsto en el art. 24 LRCCI (12 ó 15 cuotas).
Desde un punto de vista meramente jurídico, el tratamiento de la jurisprudencia europea sigue la técnica del “espigueo”, tomando sólo lo que interesa para justificar la decisión ya tomada de consagrar el vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria. Destaca la ausencia de la reciente doctrina sobre el “orden público comunitario” y el artículo 6.1 de la Directiva 13/93. Tampoco aparece nada sobre la sentencia de 28 de febrero de 2019 del Tribunal Constitucional, que ha declarado que la protección a consumidores en ejecuciones hipotecarias forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por último, aunque esto ya no sorprenda, no existe alusión alguna a los Tratados de Derechos Humanos que determinan una protección cualificada de la vivienda habitual como Derecho Humano de toda persona.
No hay ni una palabra sobre el destrozo social causado por las ejecuciones hipotecarias en los últimos diez años, lo que supone un desprecio absoluto a las víctimas de los abusos bancarios. Ni una palabra sobre las razones de las afectadas. Ni una mención al desalojo de familias al amparo de prácticas abusivas constantemente consentidas o las cantidades millonarias cobradas gracias a cláusulas abusivas y que nunca serán devueltas. Por supuesto ninguna autocrítica.
Esta sentencia tendrá como efecto inmediato, el desatasco de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria con el consiguiente aumento del número de desahucios que habrá que sumar a los 173 diarios que según el CGPJ se ejecutaron en el primer trimestre de este año.
Desde la PAH si que estamos del lado de las familias y que se haga de una vez por todas justicia tras haber sido estafadas y desahuciadas. Por eso exigimos:
- La anulación total y con caracter retroactivo del IRPH, con la devolución a las familias de todo lo que les han robado. Si es ilegal, lo ha sido siempre.
- La anulación total y retroactiva de todas las claúsulas abusivas, grandes protagonistas y causantes de que la ley hipotecaria español sea criminal como declaran las 8 sentencias europeas sobre el tema.
- Modificación de la Ley de Crédito Inmobiliario en lo referente al Vencimiento Anticipado, de manera que no se modere su abusividad sino que se elimine definitivamente.
- La destitución del Tribunal Supremo por su constante defensa a los intereses de la banca y su ataque a los derechos de las familias.
- Ampliación de la moratoria de los desahucios asi como la ampliación a los requisitos para acogerse a ella. No podemos permitir reformas que generen una explosión de los desahucios en lugar de acabar con ellos.
Si hay algo más vergonzoso que medidas de maquillaje cara a la galería por parte del Gobierno, es que las medidas solo sirvan para retroceder en lugar de avanzar en materia de derechos sociales.
La PAH seguiremos enfrentándonos a estas injusticias hasta conseguir que el Derecho de acceso a una vivienda adecuada y digna sea una realidad en nuestro país y lograr las reformas legislativas se hagan con el objetivo de acabar con los desahucios y no alimentarlos, aplicando las medidas que llevamos casi una década presentando.
El PSOE de Hospitalet incumple la Ley 24/2015 catalana
La ley marca que, en caso de desahucio sin alternativa, es la Administración quien debe garantizar un realojo digno, no obstante, el Ayuntamiento dirigido por Nuria Marín lleva más de 40 días permitiendo que Ingrid viva en la calle sin ofrecerle ninguna solución
Hoy PAH Hospitalet con el apoyo de las PAHs cercanas y colectivos de la ciudad, han dicho basta ya. Juntas se han acercado al Ayuntamiento de Hospitalet dispuestas a no salir de ahí hasta lograr una solución para Ingrid. ¿La respuesta? Una cerrada de puertas y ninguna voluntad de escuchar y poner remedio a esta situación.
Ingrid, madre de un niño de 5 años, lleva 42 días acampada frente al Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat con una única intención, que le den una solución tras haber sido dejada en la calle sin ningún tipo de alternativa. Fue desahuciada el 31 de julio y la única respuesta por parte de Servicios Sociales fue que se busque un piso y que ya la ayudarían con la entrada. Vergonzoso, que no asombroso pues ya estamos acostumbradas a las barbaridades que este Ayuntamiento, presuntamente socialista, suele acometer en lo referente a vulneración de derechos humanos y sociales.
¿Es este el modelo de ciudad al que aspira el Gobierno de Pedro Sánchez que tan comprometido con la vivienda se vende? ¿Un modelo de ciudad que expulsa a sus habitantes? Hospitalet es una en las que mayor número de desahucios se producen y donde más se están notando los estragos de los precios hinchados por la burbuja del alquiler. ¿Ciudades en las que se vulneren con impunidad los derechos fundamentales de la infancia mientras se fomenta la especulación?
Ingrid vivía de alquiler, una subida inasumible en la renovación del contrato sumado a una caída de sus ingresos, ya la llevó a sufrir un primer desahucio sin alternativa habitacional, tras el cual, junto a la PAH y la autoorganización ciudadana, recuperó un piso vacío en manos de Kutxabank y le dió la función social que deberían tener todos los pisos vacíos en poder de la banca y fondos buitre. Un nuevo techo donde negociar y una regularización de su situación y un alquiler social, algo que no llegó hasta que volvió a verse en la calle.
La ciudadanía organizada ya hace años que reclama soluciones a los distintos gobiernos. La PAH ya les hicimos el trabajo y logramos una ley para que estas situaciones no se repitieran. Ahora solo falta que el Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat cumpla con su responsabilidad, que su modus operandi deje de ser la vejación de sus funciones y deje de violar los derechos de las familias.
Por una solución para Ingrid ya, la PAH denunciamos de nuevo la situación y animamos a todo el mundo a difundir la historia y acercarse a mostrar su apoyo a la plaza del Ayuntamiento de Hospitalet donde podrán ver de primera mano el resultado de las políticas cobardes que nos gobiernan.
Menos estudiar y más aprobar. Valoración de la PAH sobre lo recogido por el PSOE en materia de vivienda en su documento “Propuesta abierta para un gobierno común progresista”
Se resume en un mero documento de buenas intenciones que abruma por su falta de concreción y la cero mención a medidas para evitar o dar solución a los casi 200 desahucios diarios, y por la falta de de propuestas para enfrentarse a la banca, fondos buitre y oligopolio energético.
En las últimas semanas Pedro Sánchez se ha reunido con distintos actores actores de muchos campos que necesitan mejoras y acción política para afrontar muchos de los problemas que están ahogando a la sociedad española. El viernes 30 de agosto, la PAH estuvimos presentes en la última de ellas para afrontar el problema de la vivienda. En dicha reunión les entregamos nuestro plan de choque con ‘Propuestas de la PAH para abordar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional’.
Somos conscientes del caracter electoral de estas reuniones, del juego de tronos que prevalece en el Congreso por encima de las necesidades de la gente. No nos sorprende, pero no por ello podemos dejar de considerar alarmante, tras leer el documento ‘Propuesta abierta para un gobierno común progresista’ presentado ayer por el PSOE, su falta de concreción, destacando la falta de medidas resolutivas para enfrentar la raiz del problema. Tras 10 años de crisis y emergencia habitacional crónica, de una legislación pensada sólo para proteger a la banca, fondos buitre y sus intereses económicos, ahora es momento de contundencia y hechos claros, no de palabras. Por justicia a las 700.000 familias que ha perdido su hogar desde 2008, por las casi 200 que diariamente se enfrentan a una nueva orden de desahucio, no es tiempo de que las grandes medidas del Gobierno sean »se estudiará…», »se fomentará…».
Tras 10 años de políticas antisociales, los mismos que la PAH llevamos denunciando y luchando contra esta situación, al tiempo que trabajamos en esas medidas reales que los distintos gobiernos no han sido capaces de desarrollar y que se han limitado a bloquear.
Es el momento de dejar de discursear sobre visiones de cambio y de políticas valientes. Es el momento de hacerlas realidad. Nuestra valoración a las propuestas del gobierno en funciones es:
1º) No contiene ni una sola mención a los desahucios, ni ninguna medida concreta de las que la PAH propuso al PSOE para garantizar la disminución y suspensión de los 172 diarios que, según el CGPJ, se ejecutaron en el primer trimestre de 2019.Pedimos a Pedro Sanchez que se mojara con cambios legales acordes a las exigencias de la ONU, respondernos que se «favorecerá» el realojo es tan vacuo que no repara tantas lágrimas vertidas. Ninguna mención al vencimiento de las moratorias, que puede provocar un sangrante aumento de los desahucios por impago de hipoteca. Si realmente el PSOE quiere «fomentar» el alquiler social debe impedir que las entidades financieras puedan desahuciar a quienes han sufrido la estafa hipotecaria.
2º) En relación con el Parque Público de Vivienda, tampoco contiene medidas para recuperar las viviendas que ya están en poder de la banca en general, ni de Bankia en particular. Habla de convenios de la SAREB cuando ya existen y se podían estar aplicando, en lugar la venta actual de vivienda y suelo procedente de la burbuja inmobilaria. Más allá de que definirán qué es una vivienda vacía, no detalla medidas para movilizar esta vivienda desocupada hacia el alquiler asequible. Promete un plan de rehabilitación sin garantizar que esas ayudas no puedan a continuación incrementar la renta de los alquileres. Se mantiene en la irrisoria cifra de 20.000 viviendas para todo el Estado, en absoluto insuficientes para influir en los precios de zonas tensionadas en las que se concentran fondos de inversión como Blackstone.
3º) No incluye ninguna medida fiscal positiva en relación con la vivienda, que no sólo pueda servir para movilizar la vivienda desocupada sino también para la financiación del parque público. Ni mayor tributación a buitres y SOCIMI, ni sanciones a la banca. No concreta incrementos del PIB en vivienda cuando estamos muy por debajo de Europa.
4º) Se acepta intervenir los precios del alquiler, aunque no se especifica cómo, sino que reincide en la vaguedad de un índice estatal de referencia frente a índices locales más vinculantes. Habla de profundizar en las medidas ya adoptadas en marzo, cuando al no aplicar a los contratos anteriores a esa fecha dejan fuera de alcance al 99% de las renovaciones al alza. Las ayudas al alquiler, mal planteadas, pueden ser una línea directa al bolsillo de los grandes tenedores y echar más gasolina al fuego.
Ya en 2013 la PAH requería reforzar un Observatorio de la Vivienda, la situación de emergencia habitacional y de alza de precios requiere más que observar.
5º) Sí reconoce algunos postulados de mínimos de la PAH:
- La necesidad de aprobar una Ley estatal de vivienda que proteja su función social, para la cual la PAH ya presentamos un texto base que fue admitido a trámite por una mayoría parlamentaria y que sin embargo el PSOE sigue sin llamarnos para su discusión y trámite de urgencia.
Impedir normativamente que las viviendas con algún tipo de protección pública puedan ser gestionadas o vendidas a fondos buitre. Esto es consecuencia directa de la lucha sin descanso de miles de afectadas en la PAH, pero necesita que el Gobierno se implique en recuperar las promociones de vivienda ya afectadas.
- La prohibición de cortes de suministros básicos (agua, luz, gas) en primera vivienda, algo denunciado ante Europa y que siempre ha estado presente en nuestras iniciativas locales, autonómicas y estatales. Sin embargo faltan medidas firmes para disminuir la tarifa del tramo vital de estos suministros.
Y algunas premisas más como nuevas medidas de protección al consumidor -ante la insuficiencia de la actual Ley de Créditos Inmobiliarios-, el control de los pisos turísticos -que forman parte de la burbuja de alquiler-, o modificar la «Ley Mordaza», que sin embargo y pese a los recursos de alzada interpuestos, siguen aplicando ferreamente los delegados de gobierno del PSOE.
En definitiva, es una declaración de voluntad, pero carente de concreción y escasa de plan de choque urgente sobre el mayor y más dramático de los problemas: Los desahucios.
Visto el resultado, ahora exigimos que el programa de gobierno en materia de vivienda se mejore con la inclusión de nuestras propuestas contra los desahucios y para la generación del Parque Público de Vivienda y la concreción de las medidas de alquiler. Mientras esto no suceda, el PSOE sequirá siendo cómplice de cada uno de los 172 desahucios diarios, de la banca y de los fondos de inversión que se están apropiando de nuestras viviendas. A la PAH sólo nos quedará seguir en las calles, parando está sangría con nuestros cuerpos y denunciando la situación de emergencia de un país que poco tiene que ver con los de nuestro entorno en el desarrollo de políticas de vivienda.
La PAH nos hemos reunido con Pedro Sánchez
Tras 10 años de lucha y legitimidad, esta mañana la PAH nos hemos sentado por primera vez cara a cara con un presidente del Gobierno, al que le hemos exigido un plan de choque urgente frente a la emergencia en vivienda. La reunión terminó sin ningún compromiso firme, más allá de una declaración de buenas intenciones y el anuncio de recoger nuestras aportaciones en un documento que presentarán el próximo martes, cosa que está por ver.
30 de agosto de 2019
Corren tiempos convulsos para las familias desde el inicio de la estafa, mal llamada crisis, iniciada en 2008. Por el camino han quedado más de 600.000 desahucios, el crimen de dejar a las familias en la estacada mientras se rescata a la banca con 77.000 millones de dinero público sin retorno ni contraprestación social, una ley hipotecaria al servicio de la banca, venta de pisos públicos a fondos buitre, falta de parque público de vivienda, negativa a alquileres sociales en plena burbuja de los precios del alquiler… La emergencia está muy lejos de solucionarse ante la pasividad crónica de los distintos gobiernos, que han mirado hacia otro lado y legislado solo a favor de la especulación, el sistema financiero y los desahucios
Desde la PAH llevamos 10 años denunciando la situación, protegiendo a las familias que se acercan por todo el Estado a nuestras asambleas y presentando los cambios legislativos necesarios para revertir esta situaciónde vulneración y mercantilización del Derecho a la vivienda. Hemos logrado leyes autonómicas y llevado una Ley de Vivienda estatal al Congreso que no logró llegar a la fase de enmiendas para hacerse realidad a causa del bloqueo sistemático del PP y Ciudadanos, semana tras semana, mientras criminalizaban a las familias en precario. Una ley y una reforma legislativa más que urgente en el marco actual en el que cada año la cifra de los desahucios roza los 60.000, la banca está vendiendo su cartera de pisos vacíos de forma masiva a los fondos buitre, los precios del alquiler ya desbordan los sueldos medios, los presupuestos del estado para vivienda son irrisorios y seguimos sin vivienda pública y social. Un cúmulo de situaciones que convierten nuestro país en un indiscutible error democrático y una absoluta anomalía en toda Europa.
Está mañana, por primera en la historia nos hemos sentado cara a cara frente a un presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, el ministro de vivienda José Luis Abalos y la secretaria de Estado de vivienda Beatriz Corredor nos han atendido en una reunión en la que también estaban convocados otros actores como la Patronal de la construcción o la AEB (patronal bancaria), para hablar de vivienda.
Nosotras lo tenemos claro y no estamos dispuestas a que esta reunión se limite a un encuentro cara a la galería para un uso puramente electoral por parte del PSOE, a costa de las lágrimas y lucha de tantas afectadas. Queremos compromisos y soluciones ya, sin excusas ni dilaciones, cada retraso es un favor a la banca. Por eso, más allá de argumentar la realidad de la situación y poner la cara colorada a más de uno de los presentes, hemos entregado un documento con nuestro Plan de choque para frenar la emergencia habitacional hasta lograr esa reforma legislativa necesaria para empezar a gobernar pensando en las familias, no en el sistema financiero, haciendo realidad el artículo 47 de esa Constitución que tanto se llenan la boca en defender.
Nuestro plan de choque, a grandes rasgos consta de:
- La suspensión temporal de todo desahucio que afecte a personas con bajos ingresos, que carezcan de alternativa habitacional adecuada, hasta que la Administración Pública que corresponda pueda garantizar genuinamente el acceso a una vivienda adecuada.
- El cumplimiento del mandato constitucional acerca de los Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
- La anulación del procedimiento conocido como desahucio abierto, que genera un sufrimiento añadido, por la incertidumbre al ignorar cuándo se va a producir el desahucio. Algunos jueces siguen reinterpretando la ley haciendo necesaria una nueva revisión de la LEC que evite estas reinterpretaciones.
- Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, así como ampliar su radio de alcance.
- Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social, que ahora se están negando para que las familias firmen alquileres de mercado a pesar de estar en situación de vulnerabilidad económica.
- Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los salarios y prestaciones existentes en nuestro país, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
- Incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
- Impedir la enajenación de vivienda pública por norma legal.
- Medidas legales que otorguen a la administración pública pertinente el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente, acaban en manos de fondos buitre.
- Cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada, con prohibición expresa a Bankia y a la SAREB de seguir vendiendo suelo o viviendas, cediendo de forma inmediata aquéllas de las que dispongan en zonas tensionadas. Y que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales se les reclame su deuda en vivienda.
- Reforma de la fiscalidad de la vivienda, para que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades. Así como penalizaciones a vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
- Incorporar plenamente la Directiva 93/13/CE y toda la jurisprudencia del TJUE en relación a las cláusulas abusivas.
- La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas sobrevenidas y ajenas a la voluntad del deudor, superando el sobreendeudamiento de miles de familias y conseguir una auténtica segunda oportunidad. Además, para carteras hipotecarias transferidas con importantes descuentos a fondos buitre, la aplicación del derecho de retracto, actualmente muy limitado.
- Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH, la Ley 24/2015 catalana -fruto de una ILP impulsada por la PAH y con amplio consenso político de extenderla- más la incorporación de los aspectos más progresistas y avalados por el Tribunal Constitucional, como la movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler social estable o la consideración del Derecho a la vivienda como Derecho Subjetivo para las familias vulnerables.
Gracias al trabajo diario y las miles de pequeñas victorias alcanzadas a lo largo de los años, con desobediencia civil pacífica, hemos llegado hasta aquí. La mayoría de los partidos han apoyado nuestra Ley Vivienda -incluido el PSOE-, nos han escuchado, recogido nuestras propuestas… Ahora sólo sólo queda lo más evidente: dejar la cobardía política atrás y tener la altura necesaria para hacerlas realidad.
Nosotras seguiremos estando ahí, valientes y empoderadas, luchando contra la vulneración del Derecho a la vivienda. No valen excusas ante vidas en juego y el martes estaremos muy vigilantes a las novedades que presente el PSOE.
El Ayuntamiento de Hospitalet, del PSOE, vuelve a dejar a una familia vulnerable en la calle
Ingrid, junto a la PAH de Hospitalet, lleva acampada delante del Ayuntamiento desde el pasado miércoles exigiendo una solución habitacional.
El pasado miércoles 31 de julio, Ingrid junto a su hijo de 5 años, fueron desahuciados de un piso de Kutxabank. La familia venía de un proceso de impago de alquiler desde el pasado año. Debido a una subida del alquiler y la pérdida de recursos de la familia no pudieron hacer frente a las cuotas y sufrieron un desahucio sin alternativa habitacional. Gracias a la solidaridad y ayuda de la PAH, la familia pudo recuperar un piso en manos de la banca, en este caso de Kutxabanc, que estaba incumpliendo su función social ya que se encontraba vacío y la vivienda es para vivir, no para especular.
El pasado 31 de julio, la familia fue desahuciada sin realojo garantizado, ni por parte de la entidad financiera que no accedió a hacer un alquiler social, ni por parte de la Administración a realojarla en la Mesa de emergencia, tal y como prevé la Ley 24/2015.
Sin alternativa habitacional, Ingrid y su hijo, junto a las compañeras de PAH Hospitalet, iniciaron el mismo miércoles 31 de julio una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Hospitalet. Durante este tiempo han ido a acompañarlas diferentes entidades sociales y las PAHs del territorio catalán. La respuesta de Servicios Sociales ha sido que se busquen un piso para vivir y que les ayudarán para la entrada. ¿Y luego qué? ¿Otro desahucio? Está claro que la alternativa del Ayuntamiento no es una solución para Ingrid. En primer lugar porque con sus ingresos y una deuda del primer piso del que fue desahuciada nadie le alquilará ninguna vivienda, y en el supuesto, casi imposible, de que lo consiguiera, el primer mes ya no lo podría pagar. Es inaudito que la solución sea responsabilizar más a la familia que ha sido desahuciada, criminalizándola y culpándola por su situación. Mientras la Administración durante estos años ha sido incapaz de buscar soluciones y medidas para ampliar el parque de vivienda pública inexistente de la ciudad.
Exigimos una solución digna para Ingrid y su familia. No es el primer caso en que el Ayuntamiento de Hospitalet vulnera el derecho a una vivienda digna a sus vecinas. Es por eso que queremos remarcar y denunciar las políticas de vivienda que llevan años perpetuándose en esta ciudad. El actual regidor de vivienda y el nuevo gobierno municipal ningunean y hacen caso omiso, tanto a una Ley Catalana, la Ley 24/2015, que dice claramente en su artículo 5.6. «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio», como al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas, que prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional. Para Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet por el PSOE, el derecho a la vivienda de la ciudadanía no es más que papel para tirar a la basura.
Desde la PAH, lo tenemos claro, no vamos de dejar a las familias en la cuneta, vamos a luchar con ellas hasta conseguir nuestros derechos, y es que tener un hogar no debería ser un lujo, sino un derecho para toda la ciudadanía.
¡La #acamPAHdaHospitalet sigue! Necesitamos tu ayuda, acércate a la plaza y colabora con nosotras. Montando un taller, una charla debate sobre derechos humanos, acércate y pregunta por las comPAHs de PAH Hospitalet.
¡Frente a la inacción de las administraciones, autoorganización ciudadana!
¡Sí se puede!
[COMUNICADO] Contra la propuesta de de Ley del PP para criminalizar la ocupación, lanzamos Vivir no es delito.
El PP, culpable directo de la crisis con la vivienda y defensor acérrimo de la banca y los fondos buitres, lejos de buscar o apoyar soluciones que reviertan la situación, vuelve a la carga con una propuesta de Ley para criminalizar a las familias cuyo único delito es ser victimas y efecto de una políticas de vivienda antisociales.
La Obra Social de la Pah, ha realojado en viviendas recuperadas de la banca y de grandes propietarios, a más de 5.000 personas, demostrando que delante de un gobierno y una legislación que protege a la banca y a los intereses privados por encima de los intereses colectivos, es el movimiento popular por la vivienda quien está garantizando este derecho.
La ocupación de viviendas vacías se ha mostrado como una respuesta de desobediencia civil efectiva, para luchar por nuestros derechos. Y la única alternativa para acceder a una vivienda de muchas familias que no pueden comprar ni alquilar y la administración no les garantiza el derecho a techo. Ahora el Partido Popular quiere aprobar una nueva ley contra las que luchamos por una vivienda digna, delante de esta proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, desde la Obra Social de la Pah lanzamos este comunicado:
Nos encontramos ante una propuesta de ley que criminaliza y no recoge en ningún momento el derecho a la vivienda para las personas. Lo recoge para los propietarios. Es decir, pone en el centro de la cuestión la propiedad privada como medio para poder obtener un techo bajo el que podamos resguardarnos. Refuerzan la propiedad privada, no el derecho a vivienda.
El Partido Popular, junto a otros partidos políticos, siempre ha sido y será vocero de los grandes bancos y grandes tenedores, aquellos que especulan con nuestras vidas. Esto queda totalmente retratado en esta Propuesta de Ley, donde se centran en poner en la misma balanza a las personas físicas y a las jurídicas. ¿Tiene el mismo poder el Banco Santander que mi vecina del 4º? Rotundamente no. Son totalmente diferentes. Por ello nos posicionamos encontra de que la ley ampare las mismas situaciones para las personas físicas que para la jurídicas.
Por otro lado, dentro de su argumentario dicen que con esta ley se favorecerá la convivencia vecinal pacífica ¿Desde cuándo el hecho de pagar una hipoteca o alquiler te condiciona a ser buen o mal vecino? Es el respeto a las personas, la conciencia y los valores que cada una tenemos lo que nos hará tener una buena convivencia vecinal. Además, tenemos claro que lo que realmente rompe la convivencia vecinal son las lecheras de la policía nacional ejecutando desahucios de forma violenta y expulsando a vecinas de sus barrios.
En cuanto a las normas de empadronamiento que recoge esta ley, vuelven a ser totalmente discriminatorias hacia aquellas personas con precariedad laboral y falta de recursos económicos. Se vuelve a condenar a la exclusión aquellos que más sufren la pobreza. De aprobar esta Propuesta de Ley se les estarán negando derechos básicos como la sanidad y la educación a las personas que vivan ocupando. Por ejemplo, aquellas familias en las que haya menores, se les estará impidiendo poder acceder a la educación en sus recursos de proximidad, primer punto clave para trabajar por la correcta convivencia comunitaria. Por tanto, se condenará a estas personas a sufrir tres tipos de exclusiones: laboral, habitacional y social.
Por lo que respecta a la parte más jurídica, esta propuesta de ley niega el Derecho Fundamental a la Inviolabilidad del Domicilio recogido en el artículo 18.2 de la Constitución Española, ya que recoge “la protección del domicilio” solo para los propietarios, dejando claro que aquellos que disponen de una propiedad privada están por encima del resto de las personas en cuanto a derechos fundamentales se refiere. Asimismo, esta Propuesta también es completamente inconstitucional y contraria al derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Refleja que desde la denuncia la policía tiene 12 horas para desalojarte sin que haya un juicio previamente. No solo nos quieren sin casa, además quieren que no tengamos derecho a defendernos.
También quieren modificar el artículo 245.2 del Código Penal proponiendo pasar de multas de prisión de 6 a 18 meses e introducir como agravante el hecho de que la ocupación dure más de 15 días. Esta es la propuesta en materia de vivienda del partido popular: represión y mano dura.
Por último, queremos reflejar que sabemos el miedo que nos tienen. Temen la respuesta colectiva de la ciudadanía organizada. Por ello han añadido un apartado específico para nuestra lucha, reflejando que aquellas personas que sin participar en los hechos, promovieran la ocupación a través de la elaboración o distribución de instrucciones o recomendaciones para la ocupación o señalen inmuebles para ser ocupados, serán castigadas como autores de incitación con pena de prisión de 3 meses a un año. Una medida que evidentemente está escrita pensando en La PAH y más especialmente en nuestra campaña de la Obra Social. Ya hemos demostrado en incontables ocasiones que ninguna ley a va poder con nuestras ganas por luchar y cambiar esta realidad. ¿Alguien duda de que por muchas leyes que propongan, nosotras vamos a dejar de luchar?
Por todo lo expuesto, encontramos esta Proposición de Ley totalmente inconstitucional y propia de un Estado donde no se respetan los derechos ni las garantías fundamentales de las personas. Por tanto, desde la Obra Social de La PAH seguiremos trabajando para que se materialice el derecho a una vivienda digna, poniendo en el centro el derecho y no la propiedad.
Hoy lanzamos este comunicado y esperamos ver un rechazo mayoritario ante esta propuesta de ley. Evidentemente de prosperar la tramitación, saldremos a la calle a defender nuestros derechos y a señalar a aquellos que quieren pasar por encima de nuestras vidas, porque sabemos que juntas tenemos la capacidad de hacerles retroceder, porque sabemos que juntas…
¡Si Se Puede!
#VivirNoEsDelito
CUANDO EL DESAHUCIO ES LEY LA DESOBEDIENCIA ES UN DEBER
Ayer el Estado volvió a enseñar lo que realmente es. En Parla una mujer y sus dos hijos pequeños, uno gravemente enfermo, fueron desahuciados para garantizar el negocio de Bankia. Para ello usaron la violencia policial sin paliativos, golpes e identificaciones que pueden acabar en multas o procesos contra las más de 20 personas que tratamos de proteger el hogar de una familia más.No les basta con la brutalidad empleada, con la que han llegado a saltarle los dientes a un compañero, sino que activan todos los engranajes represivos a su alcance para castigar a quienes luchamos por los derechos democráticos como el de la vivienda.
Mientras tanto el gobierno municipal, del PSOE y Podemos,!Jamaba a respetar la legalidad y «el Estado de Derecho» y no interponerse entre la familia y los desahuciadores. La pata izquierda del régimen enseñó para qué están realmente en las poltronas y para qué sirve la institución: para asegurar con porrazos el expolio de la oligarquía contra el pueblo trabajador ante la pasividad cómplice de su «izquierda ».
Por ello insistimos en que todo lo que este sistema antidemocrático nos niega, lo conseguiremos solamente con lucha firme, organizada y solidaria. Y que si su «Estado de Derecho» protege los intereses de la banca y niega nuestros derechos y libertades fundamentales, sí, estaremos en contra y lo combatiremos hasta arrancarles todos y cada uno de ellos.
SI PARAR DESAHUCIOS ES DELITO, SOMOS CULPABLES
Nueva oportunidad perdida. La PAH te cuenta en que te afecta la nueva Ley Hipotecaria
El 17 de junio de 2019, entró en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, una ley de maquillaje para las entidades financieras.
Desde la PAH llevamos 10 años denunciando la estafa hipotecaria, denunciando que nuestra ley hipotecaria es absolutamente abusiva e ilegal, como ha corroborado el Tribunal de Justicia Europeo en reiteradas ocasiones. Hoy con la entrada en vigor de una reformada LCI, se pierde una nueva oportunidad de legislar acorde con los estándares europeos.
¿A qué nos enfrentamos? Estas son las novedades:
1. Gastos hipotecarios
Positivo: A partir de ahora los bancos pagarán los gastos de notaria, de gestoría, ni el impuesto de actos jurídicos documentados.
Negativo: Seguiremos pagando los gastos derivados de la tasación.
2. Comisiones
Positivo: Se reducen las comisiones por amortización anticipada y desaparece la comisión por subrogación
Negativo: Se mantiene la comisión de apertura
3. Impagos
Si hasta ahora el banco podía reclamar la totalidad de la deuda vía ejecución hipotecario tras tres impagos, ahora será tras 12 impagos si nos encontramos en la primera mitad de vida del préstamo o tras 15 impagos si estamos en la segunda mitad. El resultado una mayor cantidad de deuda acumulada aumentando la dificultad para ponerse al día.
Una situación que convalida y blanquea la abusividad del Vencimiento Anticipado, una cláusula ya declarada abusiva por el Tribunal Superior Europeo
4. Intereses de demora
Se sitúa en un 3% contradiciendo al Tribunal Supremo que establece un máximo del 2%
5. Plazo de oposición a la ejecución hipotecaria
Se establece un nuevo plazo excepcional para aquellas hipotecas en marcha anteriores a 2013. Las afectadas, que no hayan podido defenderse alegando cláusulas abusivas, contaran con 10 días para alegaciones desde el siguiente a la notificación.
En resumen, nuevo maquillaje a favor de las entidades financiares que no resuelve en absoluto nuestros problemas y vuelve a dejar fuera nuestras principales demandas: la dación en pago retroactiva con extinción total de la deuda, los alquileres sociales, medidas para acabar con los desahucios, la responsabilidad limitada y el control de información de la cesión de crédito.
Todo sigue igual, si la vida te trata mal y no puedes seguir pagando, te quitan tu hogar y te dejan una deuda impagable de por vida. Toda una condena que desde la PAH vamos a seguir denunciando.
Con desobediencia civil pacífica hemos conseguido miles de daciones en pago, alquileres sociales y desahucios evitados, llegando donde no llega el Gobierno. Vamos a seguir movilizándonos y trabajando para cambiar las reglas del juego y lograr una legislación que proteja de una vez por todas a las familias y garantice el derecho a la vivienda para todas.
NUEVO PLAZO DE OPOSICIÓN EN EJECUCIONES HIPOTECARIAS
LA PAH INFORMA
Domingo 16 de junio de 2019
Hoy entra en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. En esta ley se quiere “camuflar” la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado reconocida por TJUE y que afecta a todos los préstamos hipotecarios. En su disposición transitoria tercera dice que los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados en los que NO se haya interpuesto oposición por cláusulas abusivas, dispondrán nuevamente del plazo señalado en dicho artículo para formular un incidente extraordinario de oposición y que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble por banco o entidad.
EL NUEVO PLAZO será de diez días desde que el juzgado se comunique a las partes ejecutadas la posibilidad de formular incidente extraordinario en los términos indicados en el apartado anterior. (el juzgado tiene 15 días para notificarte).
Sin embargo, ninguna norma establece los criterios que van a seguir los juzgados a la hora de avisar del nuevo plazo para denunciar cláusulas abusivas y suspender el procedimiento de ejecución.
Por ello La PAH pretende seguir su lucha e informar a las personas a afectadas por la hipoteca con herramientas para su defensa tanto en las calles como en los juzgados. Ante tal situación queremos informar de lo siguiente:
Notificaciones de los juzgados: cada juzgado tendrá 15 día para notificar a las personas ejecutadas y darles nuevo plazo para oponerse por cláusulas abusivas y poder suspender el procedimiento. El plazo para oponerse será de diez días desde el siguiente a la notificación.
Procesos hipotecarios iniciados antes del año 2013: las personas que no pudieron presentaron escrito de oposición a la demanda de ejecución hipotecaria por cláusulas abusivas que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente pueden hacerlo ahora.
Procesos hipotecarios iniciados después del año 2013 (con la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social): las personas que no pudieron presentar escrito de oposición a la demanda de ejecución hipotecaria que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente y siempre que no se hubiera notificado la posibilidad de formular incidente extraordinario de oposición por tener cláusulas abusivas en el contrato de préstamo ni se hubiere admitido la oposición del ejecutado con base en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015 o cuando el juez de oficio ya hubiera analizado la abusividad de las cláusulas contractuales, pueden hacerlo ahora.
CUESTIONES PRÁCTICAS
Hemos elaborado una carta de solicitud en los juzgados para aquellas personas que decidan interpelar al juez de su procedimiento de ejecución hipotecaria y avisarle que debe otorgarle nuevo plazo para oponerse por la abusividad del préstamo.
Te la puedes descargar en este enlace.
Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito. Si no cuentas con abogado ni procurador puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal.
Si Se Puede!!!