Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, el número de desahucios no ha dejado de crecer. Una ley hipotecaria anacrónica e injusta, sumada a un inexistente parque de vivienda pública ha dejado durante estos años a cientos de miles de familias en la más absoluta indefensión, con una deuda de por vida y en la calle.
Desde 2007 se han iniciado más de 600.000 procesos de ejecución hipotecaria en España, procesos que en la inmensa mayoría de los casos han terminado con la pérdida de la vivienda, y en ocasiones a pesar de ello acarreando igualmente una deuda de por vida. Perder la vivienda hipotecada ha sido un drama para miles de familias, pero una ley de arrendamientos totalmente injusta nos ha llevado a otro paisaje desolador, en estos 7 años se han ejecutado más de 400.000 desahucios por no poder pagar el alquiler.
Desde la PAH, la ciudadanía organizada, luchamos por nuestros derechos, los Derechos Humanos, y hemos parado en estos años miles de estos desahucios, pero evidentemente cuando los diferentes gobiernos lejos de solucionar el problema lo han extendido aún más (rescatando bancos en lugar de personas, con medidas que no son más que parches estéticos y una ley de alquiler que nos deja indefensas) hemos tenido que buscar soluciones desesperadas.
Nosotras, de manera organizada con la Obra Social de la PAH, recuperando viviendas de manos de los bancos que ya han sido rescatados con dinero público, hemos realojado más de 2500 personas. Pero son muchas más las personas que en soledad optan por la ocupación en precario como única forma de evitar el quedarse literalmente en la calle, familias enteras que se enfrentan a una situación de desamparo por parte de la justicia y las admnistraciones por no poder pagar pagar un techo donde vivir.
La vivienda no puede, ni debe ser un producto más de mercado en manos de empresas o bancos que usan un derecho básico como el de nuestro lugar donde vivir para hacer negocio. El precio de los alquileres en España sigue estando por encima de las posibilidades de miles de familias y más si tenemos en cuenta distintas causas para no poder acceder a él, como las personas sin papeles, los parados (un 22% de la población), los 700.000 hogares que según el INE no cuentan con ingresos o las cientos de miles de familias que arrastran deudas impagables como las hipotecarias. Para todas ellas el acceso al mercado de alquiler es imposible.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevamos 6 años exigiendo a la adminsitración, un aumento del parque publico de vivienda, pues estando éste en manos de bancos y grandes propietarios, la administración pública no tiene herramientas para garantizar el derecho a la vivienda de sus ciudadanas.
Son muchas las causas que dejan a miles de familias sin poder acceder a una vivienda de alquiler, ya que su precio no es adecuado a las necesidades de la ciudadanía y la vivienda no se valora por su función social, si no como otro producto más de un mercado que pasa por encima de la vida de miles de familias del Estado del NO derecho.
España es, en definitiva, un cementerio de la especulación, con un total de 3.5 millones de viviendas vacías, miles de millones de dinero público rescatando bancos y sin soluciones reales para las personas que cada día se enfrentan al reto de conseguir un techo bajo el que vivir.
Como cada septiembre la Fiscalía ha hecho públicas las cifras sobre las diligencias abiertas en este último año. En el lenguaje usado por la (in)Justicia del Estado Español, a la recuperación de viviendas le llaman » Delito de Usurpación».
El pasado 2014, el Poder Judicial abrió un total de 19.336 diligencias por usurpación (que no deja de ser una cifra aproximada), un 188,73% más que en 2010, un porcentaje que no deja de crecer, y que refleja en la mayoría de los casos a personas que se encuentran sin alternativa habitacional, sin poder acceder al mercado de vivienda de alquiler y sin respuesta alguna por parte de la admnistración pública, familias que no han tenido otra opción que recuperar sus derechos, es decir, recuperar viviendas vacías para seguir teniendo un techo y a las que en lugar de ayudar, se condena a pasar por un proceso penal y muchas veces un nuevo desahucio y la exclusión total por parte de muchas administraciones.
Parece que no es suficiente con dejar miles de familias sin ningún tipo de acceso a la vivienda, no es suficiente con darles la espalda. El gobierno las penaliza de nuevo con leyes que responden a los intereses de los bancos y a los grandes propietarios.
La ciudadanía organizada, de todas formas, seguiremos dando respuestas reales, desobedeciendo junto a nuestras vecinas, porque la vivienda es un derecho que entre todas tenemos que conquistar.
