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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró abusiva la legislación hipotecaria española, mandatando que las cláusulas abusivas han de eliminarse del contrato, gracias a lo cual el afectado ha podido reclamar al banco el dinero pagado de más o incluso suspender su ejecución hipotecaria en los tribunales, abriendo nueva jurisprudencia. Dentro de dicha vía judicial, la sentencia 1505/2018 de la sala especializada en tributos del Tribunal Supremo indica que es el banco quien debe pagar el impuesto por escriturar el préstamo, ya que precisamente eso le permite ejecutar la vivienda si se impaga alguna cuota. Otra punta de lanza para reclamar a quienes no han dudado en ejecutar hasta la casa de los avalistas.

Desde la PAH denunciamos que, en lugar de hacer justicia planteándose lo terrible de que 700.000 desahucios se hayan ejecutado a través de un procedimiento abusivo por no haber transpuesto la directiva europea de protección al consumidor, los poderes del Estado sólo se estén revolviendo por la repercusión en la cuenta de beneficios de la banca, lo que intentan paliar con 2 vías de blanqueo:

1) Presionando al Tribunal Supremo para que blanquee el alcance de la sentencia, que como cláusula viciada de origen debe ser retroactiva total.

2) Legalizando los abusos bancarios en la Ley de Créditos Inmobiliarios, diseñada por De Guindos y que ni PSOE ni Cs están enmendando para eliminar de raíz las cláusulas abusivas, entre ellas la responsabilidad ilimitada, la cantidad de intereses o la cesión a fondos buitres. Especialmente relevante es el blanqueamiento retroactivo del «vencimiento anticipado» cuando el TJUE aún está pendiente de pronunciarse, lo que supondría una nueva ola de ejecuciones hipotecarias y desahucios.

Ante esta estrategia de los poderes fácticos frente a la vía de la Ley Vivienda PAH, la PAH se pone en pie, no sólo para que los tribunales sean firmes ante los abusos bancarios, también para que el Parlamento y el Gobierno no permitan un abuso más, modificando la Ley de Créditos Inmobiliarios a favor del consumidor y aprobando las medidas contenidas en la Ley Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva.

Este lunes 5 de noviembre es un pistoletazo de salida para acabar con las cláusulas abusivas, interpelando a los poderes públicos para que legislen a favor del derecho a la vivienda frente a la especulación financiera.

Ante la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario, la PAH manifiesta:

• PRIMERA, QUE LOS GASTOS DE HIPOTECA LOS HAN DE PAGAR LOS BANCOS.

La razón es que los Bancos nos imponen la escritura hipotecaria a las personas consumidoras con el objetivo de, si no se pagan las cuotas hipotecarias, poder ejercer la garantía: es decir, iniciar un procedimiento judicial que puede acabar quedándose con nuestra vivienda. Por tanto, es absurdo que los gastos que ocasiona la escritura hipotecaria sean pagados por las personas afectadas, puesto que somos nosotras, las personas quienes estamos perjudicadas. Sólo el banco tiene interés en ello, como se deduce del art 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y recoge la sentencia 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

• SEGUNDA, EL MANTENIMIENTO DE LA SENTENCIA 1505/2018 Y EL RESPETO AL TJUE.

Nunca se ha convocado un Pleno de una Sala del Tribunal Supremo tras una sentencia. Nos encontramos ante una actuación sin precedentes: el Presidente de la Sala, al día siguiente de conocerse la Sentencia, ante “su enorme repercusión económica y social”, acordó, “con carácter urgente”, “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar”, y “avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

Esto, en su caso, debería haberse realizado antes de la sentencia, por ello la utilización indebida de las facultades legales del Tribunal Supremo, ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable, ya que parece que toda esta maniobra sólo tiene un objetivo: empequeñecer al máximo las repercusiones de la sentencia en la Banca.

A la PAH y a las organizaciones que apoyan esta concentración nos parece indigno que el Poder Judicial sea sensibles precisamente cuando se toca un euro de la banca, pero nunca, nunca, haya movido ni un solo dedo, cuando la ciudadanía ha sufrido lo indecible durante los años de la llamada crisis:

A) Especialmente los 700.000 desahucios el amparo de una legislación que nos ha dejado muchas veces en una situación de indefensión, una legislación en muchos aspectos preconstitucional, e ilegal por contener infinidad de cláusulas abusivas. Ante ellas, no hemos tenido conocimiento de ninguna reunión de la Sala Judicial que estudiase las repercusiones sociales ni pudiera en duda la validez de dicha legislación; ha tenido que ser el TJUE quien, sistemáticamente, la ha refutado y modificado.

B) También hemos de recordar otras prácticas bancarias abusivas, como las preferentes o las clausulas suelo. No es la primera vez que desde el Tribunal Supremo emanan sentencias o acuerdos que, después tienen que ser rectificadas por el TJUE, para proteger lo que en España se había desprotegido (por cierto, siempre a la parte más débil) o actuando deliberadamente contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo, intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así una parte del abuso. Recuérdese la sentencia de la Sala de lo Civil nº 241/2013 de 9 de mayo, sobre las cláusulas suelo, limitando la restitución de lo indebidamente cobrado por la banca a la fecha de la sentencia. Teniendo que ser el TJUE en sentencia de diciembre de 2016 el que restituyera el daño provocado por el Tribunal Supremo, al ratificar por enésima vez que no se pueden moderar las cláusulas abusivas, que hay que tenerlas por No puestas. Todo ello, sin olvidar las cuestiones prejudiciales en relación con las cláusulas de vencimiento anticipado y la de intereses de demora.

Rechazamos la total falta de sensibilidad hacia los intereses de la ciudadanía y que las decisiones del TS no estén motivadas por argumentos jurídicos que las justifiquen, sino por razones económicas y sociales cuando afectan a los poderosos, como ahora, que parece que responde a presiones de la banca. Y si eso es así, denunciamos alto y claro se rompe no solo uno de los principios de la democracia, como es la independencia de la justicia, sino también que el poder judicial está sometido y al servicio del poder fáctico que constituye la banca. Esto significaría una apuesta por la ruptura del sistema democrático, y esta concentración viene aquí, hoy, a manifestar que no lo tolerará: porque la justicia y las leyes han de estar al servicio de una sociedad democrática.

Por estas razones, la PAH y las Organizaciones que le dan apoyo (y que ahora pasaremos a leer) exige al Pleno de la Sala que no haga otra cosa que ratificar la sentencia 1505/2018, confirmando la obligación por parte de los bancos al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, declarando abusiva la cláusula que impone al cliente el pago de la misma y admitiendo la retroactividad desde el origen por la anulación de esta cláusula abusiva.

Finalmente hemos de comunicar que no sólo nos preocupa el Pleno del Tribunal Supremo. Este problema de hoy no es más que la punta del iceberg. Actualmente Se está tramitando en el Congreso de los Diputados la ley de crédito inmobiliario, elaborada por el ex ministro y banquero De Guindos, y que, entre otras cláusulas abusivas, mantiene la figura del “Vencimiento Anticipado”, puenteando con todo descaro al TJUE, que está pendiente de una pronta resolución que puede declarar con bastantes indicios que el Vencimiento Anticipado es también una importante cláusula abusiva.

Desde la PAH interpelamos al PSOE para que no ratifique las propuestas del PP en esta materia y garantice todas las medidas propuestas en defensa de los deudores hipotecarios, advirtiendo que, si no se modifica el texto actualmente defendido por Cs, PP y PSOE, podrían reactivarse miles de procedimientos de ejecución hipotecaria actualmente suspendidos en la mayor parte de las Audiencias Provinciales, con el consiguiente aumento de los desahucios y sufrimiento para miles de familias.

¡POR ESO, ESTA ACCIÓN VA A SER EL PISTOLETAZO DE SALIDA PARA NUEVAS MOVILIZACIONES SI SE SIGUE LEGISLANDO EN NUESTRA CONTRA EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS!!

POR QUE LOS BANCOS, PAGUEN LOS GASTOS DE LAS HIPOTECAS!!

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA!!