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Tras 174 desahucios al día en 2017 y con una burbuja desbocada de los precios de alquiler: 

El Congreso aprueba una ley con más facilidades para desahuciar, y sin ninguna solución desde los poderes públicos para frenar los desahucios y garantizar el acceso a la vivienda

El pasado 24 de abril, el Congreso aprobó una nueva ley de desahucio exprés, para casos de ocupación de viviendas de particulares propuesta por el PDeCat, y apoyada por Cs, PP y PNV. Bajo el supuesto de que esta ley sólo podrá ser utilizada por personas físicas, y no por bancos, fondos o SOCIMIs, con esta ley lo que realmente se hace es allanar el camino para que los grandes especuladores en vivienda puedan beneficiarse de ella más tarde.

Se trata de una ley claramente innecesaria, dado el bajo número de casos afectados, sin embargo, como ya se ha dicho, lo que realmente pretenden los entre sí enemigos del PDeCat, PP y Cs, es que sean los grandes tenedores de vivienda los que finalmente la utilicen.

Esta ley que agiliza los desahucios, no contiene ningún instrumento para garantizar el realojo de las familias desahuciadas, como exige el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI DESC) suscrito por España en 1976, que prohíbe los lanzamientos a familias sin alternativa habitacional, que exige un juicio de proporcionalidad a los jueces antes de ordenar los desahucios y la coordinación entre los Órganos Judiciales y los Servicios Sociales.

El incumplimiento de dicho Pacto, provocó un dictamen del Comité DESC de la ONU el pasado verano, ordenando al Estado español su aplicación. Más recientemente, este Comité, incluso se ha dirigido al Gobierno para pedirle la paralización de algunos desahucios concretos, algunos de ellos, por causa de ocupación.

Desde la PAH tenemos que recordar una vez más, que el problema no es la recuperación de viviendas, sino el hecho de que el acceso a la vivienda dependa exclusivamente de la capacidad económica de las personas, que  fondos buitre, SOCIMIs y la banca sean propietarios de la inmensa mayoría de los más de 3,5 millones de casas vacías que hay en España según el INE, y que están provocando un incremento desquiciado de los precios de alquiler, mientras el parque público de vivienda apenas llega al 2% frente a la media del 15-20% en el resto de Europa. Todas las familias que se ven obligadas a ocupar para no vivir en la calle, en el resto de Europa vivirían en vivienda pública. Las familias no van a desaparecer, continuarán necesitando un lugar digno donde vivir y esta ley sólo hace que criminalizarlas sin ofrecerles alternativa alguna.  Por ello, es necesario poner en marcha una política de vivienda social y ampliación del parque público por parte de las Administraciones que haga recaer la responsabilidad del gasto, sobre todo, en quienes han sido los principales responsables de generar esta crisis y que además han sido rescatados.

También hemos de recordar, que la Ley de Vivienda de la PAH, vetada en el Congreso de forma fraudulenta por el PP y Cs (socios del PDeCat en esta ley de desahucio exprés), contiene los instrumentos necesarios para acabar con los desahucios, frenar la burbuja del alquiler y generar el necesario parque de vivienda pública, que garantice el Derecho de Acceso a la Vivienda.

Por último, somos la PAH, y lucharemos en todos los foros internacionales, nacionales y en las calles contra esta nueva injusticia, mientras también exigimos que cese el anticonstitucional y antidemocrático veto a nuestra Ley.