El pasado 16 de marzo, el PSOE registró una propuesta para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos que regula la duración y los precios de los alquileres. La propuesta, si bien anda por buen camino recuperando mecanismos que existían en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, debe ser más ambiciosa para hacer frente a la burbuja del alquiler.
Su propuesta se centra en dos ejes. Por una parte, el PSOE pretende aumentar la duración mínima de los contratos de 3 a 5 años. Si bien es positivo este aumento, es necesario aumentar mucho más la duración contractual para que vivir de alquiler se pueda compaginar con proyectos largos de vida. Desde la PAH, hemos propuesto desde hace años una duración de 5 años con prórroga por otros 5 en casos de pequeño propietario. Incluso, una duración de 10 años con prórroga por otros 10 en casos de gran tenedor como pueden ser un banco o una gran inmobiliaria.
Además, es necesario que se establezcan contratos de duración indefinida para colectivos vulnerables. Hablamos de personas que tienen especiales dificultades a la hora de buscar otra vivienda frente a la negativa de que les renueven los contratos de alquiler; de hecho, ya se ha legislado esta duración en la Ley 2/2017 de la Generalitat Valenciana por la función social de la vivienda para las personas mayores de 65 años, discapacitados del 33 % o superior, familias con dos o más hijos en edad escolar, víctimas de violencia de género, menores tutelados y aquellos colectivos que se determinen reglamentariamente.
A este respecto, recordamos que el PSOE en 1985 eliminó los alquileres de duración indefinida a través del Decreto Boyer. Mientras que actualmente los alquileres indefinidos son una realidad en Alemania, Austria, Suiza y los países escandinavos. El aumento de la duración de los contratos no sólo permitiría proyectos largos de vida, sino que frenaría la subida desorbitada de precios que se dan entre contrato y contrato.
Por otra parte, el PSOE plantea la creación de un índice de referencia voluntario que marque los precios adecuados de los alquileres según características de la vivienda. La idea del PSOE es que los propietarios que se acojan al índice tendrán reducciones del impuesto del IRPF hasta en un 60%.
Si bien es necesario la creación de un índice, el planteamiento del PSOE está mal enfocado. En primer lugar, ofrecer reducciones fiscales es de nuevo entrar en la lógica de comprar derechos ciudadanos con recursos públicos: en este caso, comprar derechos de las inquilinas estableciendo incentivos fiscales a la propiedad. En segundo lugar, una burbuja del alquiler que provoca el aumento interanual de los precios a un 9% requiere de medidas efectivas como dotar a los Ayuntamientos de la capacidad de crear índices de referencia obligatorios cuando lo demande la ciudadanía del municipio.
Una medida que ya existe en Alemania. Y que dada la emergencia habitacional por la que atravesamos, marcada por 104 desahucios diarios por no poder hacer frente al precio de los alquileres, no sólo contemple las características de la vivienda, sino también la capacidad adquisitiva de la población. Ya que, si hablamos de vivienda, hablamos de un bien de primera necesidad que representa un Derecho Humano de primer orden tan necesario como la sanidad, la educación y la alimentación.
Estas medidas, deben ser además complementadas con la creación de un parque público de alquiler, que es posible forzando a los bancos, y a los fondos buitres propietarios de decenas de miles de pisos vacíos vendidos por la banca, a ceder sus pisos injustificadamente vacíos a la Administración municipal. Estas cesiones no tendrían ningún gasto presupuestario, ya que serían mantenidos por los alquileres sociales concedidos a familias vulnerables.
En caso de que la propuesta de ley del PSOE entrara a trámite, el camino para que no se convierta en una iniciativa incapaz de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía pasa por integrar todas nuestras demandas en forma de enmiendas.
Más aún, todas las demandas que realizamos desde la PAH pueden hacerse reales aprobando directamente la Ley Vivienda PAH. Una propuesta de ley registrada en el Congreso cuyo debate parlamentario fue bloqueado por un veto injustificado impuesto por el gobierno del PP y Ciudadanos. A pesar de que Rivera y Rajoy no quieren que hablemos de soluciones reales, ahora existe la posibilidad de interponer un recurso contra el veto. Y tratar por segunda vez que la Ley Vivienda PAH entre al Congreso para ser debatida democráticamente. Recordemos que la Ley Vivienda PAH no sólo acabaría con la burbuja del alquiler, sino que también prevendría a las familias de futuras emergencias habitaciones, con medidas que evitarían que los precios se descontrolasen de nuevo.
Ya que se han conjurado en retroceder cinco décadas recortando en bienestar social, también exigimos igualmente regular según el poder adquisitivo actual de las familias. Es decir, tenemos un mercado inmobiliario del siglo XXI totalmente especulativo con unas rentas de poder adquisitivo del siglo XIX.
La precariedad en las familias está constituyendo pobreza severa sin parar de extenderse a todo el conjunto de la sociedad habiendo mecanismos para frenarlo. La Ley Vivienda PAH los tiene, solo hace falta sentido común y como mínimo debatirla en el Congreso donde recae toda la soberanía del pueblo. Se llama democracia.
¡Sí Se Puede!