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Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el tercer trimestre de este año se han presentado en los juzgados 5.518 nuevas ejecuciones hipotecarias, y se han producido 19.606 nuevos desahucios en todo el estado. Siguen bajando los derivados de ejecución hipotecaria, fruto de la “tregua” que mantiene los procedimientos paralizados en los, juzgados a la espera de sendas resoluciones del TJUE sobre las cláusulas de vencimiento anticipado y de intereses de demora. Y continúa el ascenso imparable de los desahucios como consecuencia de impago del alquiler que aumentan un 4,2%, como consecuencia de la indefensión que sufren los inquilinos como consecuencia de las reformas de la LAU, la burbuja que están generando en los precios del alquiler el cambio a usos turísticos de viviendas que antes eran residenciales, y por supuesto de los bajos salarios que impiden cada vez más el acceso a una vivienda digna.

Esta brutal cifra de casi 20.000 desahucios, pone nuevamente de manifiesto el grave incumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones contenidas en el dictamen de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU del pasado mes de junio, en el que se establecía un plazo de 6 meses para establecer una serie de modificaciones legislativas, judiciales y sociales, que el Gobierno parece estar ignorando hasta el momento.

Desde la PAH consideramos que, el Derecho Fundamental de acceso a una vivienda digna en nuestro país, sólo será posible mediante la aprobación y aplicación íntegra de la Ley de Vivienda de la PAH, que esperamos registrar en el Congreso el próximo 10 de enero, y por ella continuaremos la movilización necesaria hasta su aprobación.