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Hoy martes 5 de diciembre finaliza la recogida de enmiendas al proyecto de ley de crédito del PP en el Congreso de los diputados. Una legislación que la Directiva Europea 2014/17/UE marcaba que se realizará antes del 21 de marzo de 2016. Hablamos de un retraso que ha provocado que la Unión Europea exija una sanción de 105.000 euros diarios al Estado español hasta que se apruebe definitivamente una ley de crédito.

El proyecto de ley de crédito del PP no solo llega tarde, sino que además llega mal. En líneas generales, pretende que los bancos otorguen información sobre posibles consecuencias ante el impago. Pero que, en ningún caso, retira las cláusulas abusivas. Ni siquiera la cláusula suelo, que protagonizó la octava sentencia del TJUE que declaraba ilegal la ley hipotecaria del Estado español.

Peor aún, este proyecto de ley tampoco elimina la cláusula de vencimiento anticipado, que posibilita a los bancos exigir de golpe toda la deuda hipotecaria a las familias que no puedan hacer frente a unas pocas mensualidades. Esta cláusula ha sido la causa de que más de 700.000 familias hayan pasado por procesos de ejecución hipotecaria desde 2008, perdiendo la mayoría de estas familias su hogar y encima arrastrando de por vida la deuda hipotecaria. Hablamos de una violación sistemática de Derechos Humanos que no ocurre en ninguna otra parte de la Unión Europea.

Concretamente, en el proyecto de ley que ahora presenta el PP, la cantidad de impagos antes de ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado será de entre nueve y doce meses, que corresponderán al 2% y 4% del capital de la hipoteca. Es decir, el PP permitirá que, si una familia se ve incapaz de hacer frente al 2% de la hipoteca, independientemente de su situación económica y social, el banco podrá exigir de golpe el 100% restante de toda la deuda.

Por decirlo más claro: familias que acumulen deudas bancarias de menos de 5.000 euros, de repente se les exigiría un pago único de más de 200.000 euros a riesgo de ser desahuciadas. Una estafa en toda regla que mantiene a las familias expuestas a la emergencia habitacional. Este proyecto está pensado para legalizar los abusos bancarios, tratando de evitar futuras condenas judiciales a la banca y omitiendo flagrantemente nuestros derechos y protección frente a los intereses de la banca.

Afirmamos que este proyecto de ley está muy lejos de solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. E ignora el dictamen de la ONU que insta al gobierno del PP a reformar las leyes para evitar desahucios sin alternativa habitacional antes de que acabe 2017. Por lo que exigimos a los grupos parlamentarios que tengan la cordura de modificar positivamente este proyecto de ley, y que pongan toda su energía en apoyar la Ley Vivienda PAH: un texto de ley que recoge medidas para acabar con los desahucios, regularizar la dación en pago retroactiva y movilizar la vivienda vacía de la banca.

Un texto de ley redactado por las mismas familias afectadas por procesos hipotecarios que durante 9 años se han movilizado contra la banca consiguiendo arrancar miles de soluciones. La Ley Vivienda PAH es la herramienta para hacer efectivas las exigencias internacionales y proteger el futuro de las familias. Es el camino para pasar de una ley criminal a una ley de justicia. Es la única alternativa para acercar el Derecho a la Vivienda en nuestro país.

¡La Ley Vivienda PAH al Congreso!