Hoy miércoles 15 de noviembre señalizamos a la banda en municipios de todo el Estado para poner rostro a las vidas en juego que necesitan urgentemente la legislación de la dación en pago retroactiva mediante el registro y pase a trámite de nuestra propuesta de ley estatal conocida como la Ley Vivienda PAH.
En 2007 el movimiento V de Vivienda, la ciudadanía organizada, alertó de que existía una burbuja inmobiliaria producida por la connivencia entre los gobiernos y la banca. Los gobiernos, desregularon los precios del alquiler provocando que alquilar fuera una opción cara e inestable y obviaron políticas públicas para garantizar un futuro parque público de vivienda. Como consecuencia, incentivaron que la única vía de acceso a la vivienda fuera el endeudamiento hipotecario de las familias. Los bancos, aprovecharon la situación y concedieron hipotecas de alto riesgo llenas de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, según la cual el banco puede exigirte toda la deuda hipotecaria tras tres impagos de cuotas, estafa que ha sido causa del 90% de las ejecuciones hipotecarias.
Hasta ahora la ciudadanía ha prevenido el desastre antes de que ocurriera, organizándonos en la PAH para combatirlo mientras las Administraciones Públicas miraban hacia otro lado. Y desde el principio fuimos propositivas, poniendo sobre la mesa la dación en pago, como mecanismo que posibilitará eliminar toda la deuda hipotecaria a cambio de la entrega del bien hipotecado, la práctica más común en el resto de la Unión Europea. Y exigimos que sea retroactiva, para que se aplique a todas las familias que habían pasado por una ejecución hipotecaria, y que, tras perder su vivienda, mantienen de por vida una deuda impagable que les condena a vivir en la economía sumergida. Con este ánimo presentamos en 2013 una ILP que recogió un millón y medio de firmas, que contenía tres demandas: dación en pago retroactiva, alquiler social y moratoria de los desahucios.
Entonces el gobierno del PP bloqueó la voz de las familias, y en lugar de legislar los mecanismos que proponíamos, rescataron a la banca con dinero público de todas nosotras. Para tratar de maquillar su actuación criminal sacaron el Código de Buenas Prácticas, una reforma simbólica que prometieron que solventaría la emergencia habitacional, pero que a día de hoy sólo ha solucionado la situación del 0.5% de las familias afectadas. Desde 2008 hasta hoy, y frente a la impasividad del gobierno, 700.000 familias han pasado por procesos de ejecución hipotecaria según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la ley hipotecaria española por vulnerar los Derechos Humanos en 8 sentencias. Estas sentencias nos dan la razón. Y nos la da también el Dictamen de las Naciones Unidas que establece un plazo para aplicar medidas para resolver la situación de emergencia habitacional que se vive en España. Plazo que acaba el 5 de diciembre de 2017, sin que el gobierno recoja nuestras demandas.
El PP incluso ha recurrido en el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Cataluña, Valencia y Murcia que impulsaron la PAH, aunque en Murcia se consiguió levantar el recurso. Acciones que muestran que el PP está del lado de la banca, tratando de impedir cualquier propuesta que trate a los bancos como responsables del problema habitacional que han generado. De hecho, recientemente el PP madrileño junto a Ciudadanos vetaba en la Asamblea Regional de Madrid una ILP autonómica que contenía demandas para garantizar el Derecho a la Vivienda.
Hay que recordar también que Ciudadanos y PSOE, que todavía no se han posicionado favor de la dación en pago retroactiva, llevaron la semana pasada una Propuesta No de Ley al Congreso sobre medidas contra el sobreendeudamiento. Y al ser “no de ley”, implican que no tendrán ningún cambio legislativo. No tiene ningún sentido que mientras las familias afectadas ponen soluciones que cambiarían las leyes, los grupos parlamentarios se dediquen a hacer declaraciones de intenciones que ni siquiera nombran a la dación en pago retroactiva.
Nosotras tenemos claras cuales deberían ser estas medidas, recogidas en el texto de la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley que presentamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que detalla la necesidad de legislar la dación en pago, que se limite la responsabilidad del deudor hipotecario a la vivienda, la inembargabilidad a los avalistas y el análisis de oficio de las cláusulas abusivas. De hecho, estamos muy impacientes de escuchar por fin que el PSOE apoya la dación en pago retroactiva, ya que es el único grupo parlamentario del Congreso que todavía no se ha posicionado sobre la Ley Vivienda PAH.
El 90% de la población avala nuestras demandas. Son demandas que surgen de las voces de las mismas familias que han sufrido los desmanes de la banca. Para que en el Congreso se debatan las propuestas de quienes viven en su piel y combaten con su cuerpo la realidad de la crisis habitacional. Demandas para rescatar a las personas, no a los bancos. Legislar la dación en pago retroactiva es sólo cuestión de voluntad política. Pasemos de una ley criminal a una ley de justicia.
¡Sí Se Puede!
#DaciónEnPago