El pasado 22 de marzo la PAH presentamos un texto de ley a los grupos parlamentarios que contenía medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional: la dación en pago retroactiva, una moratoria de los desahucios, garantizar a todos los hogares la luz, el agua y el gas, el aumento del parque público de vivienda mediante la movilización de pisos vacíos en manos de la banca y una regularización de los precios del alquiler. Esta última medida parte de experiencias en ciudades europeas, como Berlín y París, donde se han creado índices de referencia para poder marcar precios según las características de los inmuebles. Una medida que ha servido para garantizar los precios asequibles, y que, de implementarse en España, supondría el cese de un incremento indiscriminado de los precios que hacen imposible que las familias accedan en régimen de alquiler a una vivienda. Recordemos que sólo en Barcelona, el alquiler ha subido un 24% en los últimos tres años.
Una medida a la cual la PAH le incluye tener en cuenta la capacidad adquisitiva de las familias, para asegurar que las mismas puedan continuar viviendo en los municipios y barrios donde han crecido, evitando las expulsiones que conllevan la especulación y el alza de precios. Y que además sería reforzada con un aumento en la duración de los contratos de alquiler a un mínimo de 5 años prorrogables. De modo que el alquiler volvería a permitir proyectos de futuros y de vida para las familias garantizando el Derecho a la Vivienda.
Precisamente ayer, miércoles 28 de junio, en el Congreso se debatió y se aprobó una Proposición No de Ley (PNL) a favor de dar capacidad a las Comunidades Autónomas y municipios de regularizar el precio de los alquileres así como de aumentar la duración de los contratos de 3 a 5 años. Un paso adelante hacia el derecho a la vivienda en el que se han puesto de acuerdo Unidos Podemos, En Marea, En Comú Podem, PSOE, ERC, Compromís, Foro Asturias del Grupo mixto y el PNV. Al tratarse de una Proposición No de Ley, no tendrá efectos reales, pero ya indica un compromiso con mayoría parlamentaria respecto a la necesidad de regular el mercado del alquiler para devolver a las viviendas su función social. En este sentido, representa un buen punto de partida de cara al registro de nuestro texto de ley en septiembre, que si contiene medidas legislativas que de aprobarse garantizarían la existencia de un parque de vivienda de alquiler asequible, estable y seguro.
Recordamos a este respecto que la última reforma de la LAU producida a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2013 de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, ha supuesto una merma en los derechos de los arrendatarios de vivienda y la consiguiente inseguridad que ha supuesto la reducción de plazo y garantías. Bajo la excusa de flexibilizar un mercado de alquiler que ahora se nos muestra incapaz de dar respuesta a la necesidad creciente de alquileres asequibles, se redujo aún más la capacidad de las inquilinas de poder defenderse de los procesos del desahucio exprés: estamos hablando de que las familias pueden ser expulsadas en pocas semanas de su hogar, sin tener en cuenta ni siquiera si tienen alternativa habitacional, ni tampoco las causas ni circunstancias del impago que propicia el desalojo. El resultado de estas políticas es que a día de hoy, según datos del Consejo General del Poder Judicial el 54% de los 173 desahucios que hay al día son por alquiler.
Ha llegado el momento de cambiar las cosas, de dejar de tratar la vivienda como mercancía y hacerlo como lo que es, un derecho humano básico. Por eso empleamos toda la energía y la fuerza que tenemos, junto a la credibilidad ganada día tras día durante los últimos 8 años, en hacer realidad la Ley Vivienda PAH. Una propuesta de sí ley, para acabar con no leyes como las de hoy, que ofrece las herramientas y garantiza el derecho a la vivienda de una vez por todas. Y frente a la cual es de sentido común que todos los grupos parlamentarios lo apoyen. Tanto los que han apoyado la PNL haciendo real su compromiso de regular el alquiler, como el resto de partidos para hacer cumplir el Derecho a la Vivienda recogido en la Constitución.
No admitiremos más leyes criminales que atenten contra las familias, necesitamos que se legisle la Ley Vivienda PAH para defender hipotecadas, alquileres y acabar con las ocupaciones en precario.
¡Sí Se Puede!