Desde la PAH exigimos soluciones reales, como son las 5 de la PAH, para acabar con los parches del Gobierno
El miércoles 1 de Febrero, el Ministro de Economía de De Guindos, anunciaba que prorrogará la suspensión de desahucios de vivienda habitual a familias vulnerables que vence el próximo mes de Mayo con el apoyo del PSOE. Es decir, que amplia la moratoria que no ha parado ni el 5% de los desahucios en el todo el Estado.
Otra vez, como en 2015, el Gobierno vuelve a poner parches y aplazar el fin de la moratoria, que expira el 15 de mayo de 2017, pero sin decir cuánto tiempo más lo va a prorrogar, sin modificar los requisitos restrictivos para poder acogerse y sin dar ningún tipo más de información generando incertidumbre a las 24.000 familias con sus viviendas subastadas y que han podido acogerse a las moratorias.
Nos encontramos de nuevo con medidas provisionales que aplazan sin resolver el problema de la emergencia habitacional, por su clara insuficiencia e ineficacia para abordar las causas y consecuencias, residenciales y sociales, del grave problema de la vivienda provocado por las numerosas ejecuciones hipotecarias y desahucios de viviendas principales, en propiedad y alquiler
Tampoco podemos olvidar que la ley 1/2013 de De Guindos para desnaturalizar la ILP de la PAH de 2012, ha sido considerada contraria al derecho comunitario por el TJUE en todas y cada una de las 8 veces en que este tribunal se ha pronunciado sobre la misma.
Somos conscientes de que el gobierno no ha cumplido sus obligaciones ante la realidad que vive la ciudadanía desde que empezó la crisis. A día de hoy más de 710.308 familias se han visto en procedimientos de ejecución hipotecaria y 494.157 han perdido su vivienda desde el inicio de la crisis.
La PAH viene exigiendo una modificación de la Ley desde sus inicios hace ya casi 8 años, con la ILP hipotecaria con la que recogimos casi 1,5 Millones de firmas, con las Exigencias PAH, con las 5 de la PAH y el Gobierno no ha hecho más que rechazar nuestras exigencias, poner medidas cosméticas y recurrir todas las leyes autonómicas que se han ido aprobado en muchas comunidades.
Ante la gravísima emergencia habitacional, el Gobierno ha ido fijando, durante este tiempo tres plazos de límite: primero el 16 de noviembre de 2014 que fijó el R.D.-Ley 27/12; después el 15 de mayo de 2015, según la Ley 1/2013, y por último, según el Real Decreto Ley 1/2015 hasta el 15 de mayo de 2017. Pero esta Ley y sus sucesivas modificaciones, no han resuelto nada o muy poco ya que solo se han acogido 22.850 familias hasta septiembre de 2016, lo que resulta un número bastante bajo en relación a la cantidad de familias desahuciadas, un porcentaje que no llega a resolver ni el 5% del total.
Y esto ocurre por los estrictos requisitos que se han fijado que excluyen a esta Ley a la mayoría de familias.
No hay que olvidar, que la gran mayoría de los procesos que dan lugar a los lanzamientos que hoy se pretenden paralizar se han sustentado en una cláusula que ha sido declarada nula en la reciente sentencia del TJUE de 26 de Enero del año 2017,(Asunto C-421/14). Suponiendo esto, que estas situaciones, son responsabilidad de una mala transposición de la normativa comunitaria y una inaplicación de la misma por el poder judicial. Debiendo por tanto el gobierno responder ante la situación que han creado. Debiendo además, dar una solución real, efectiva e inmediata a tales situaciones provocadas por los reiterados incumplimientos del derecho comunitario.
Debido a la situación económica y precariedad en el empleo, muchas familias no solo no han podido mejorar su situación en todos estos años, sino que la han empeorado y ven con angustia como pasan las semanas, meses y cómo se acerca indeseablemente esa fecha una y otra vez, prorroga, tras prorroga, sin un horizonte que solucione definitivamente el problema, mientras siguen acumulando deuda.Claramente siguen sin tenerse en cuenta las dificultades de las familias.
La PAH exige que las familias han de poder vivir en sus viviendas sin otro límite de tiempo que hasta que se le ofrezca una alternativa habitacional y eliminando toda otra restricción para acceder a este derecho que no sea la ausencia de vivienda habitual y de recursos.
Todos los partidos políticos tienen una inmediata responsabilidad en encontrar la solución a este drama que viven las familias, que no vendrá si no se produce un cambio urgente de la legislación española (Ley Hipotecaria, LEC, etc..) y un cambio total de las políticas de vivienda de las administraciones municipales, autonómicas y estatales en el Estado español que suponga una intervención en el negocio del suelo para garantizar el bien común. Debemos luchar por una promoción prioritaria del alquiler social y sumar al precario parque público de viviendas de alquiler social esas viviendas vacías en manos de entidades financieras y de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) y no volver con los discursos del pasado, esos que nos llevaron a la burbuja inmobiliaria, de que comprar es ahorrar e invertir en nuestro futuro y hacer crecer la economía. YA ESTA BIEN!
Ahora el gobierno nos vende que va a hacer una Nueva Ley Hipotecaria a la que hace referencia como una norma que se unirá al Real Decreto Ley de Cláusula Suelo. ¿Será que es un parche más de todos los que ha ido poniendo todos estos años? Lo que esta claro es que solo traspondrán una directiva, otro parche más, que no es ningún éxito sino una obligación.
Creemos que la solución es dejar las medias cosméticas a un lado y legislar con criterio, teniendo en cuenta la opinión de todos los agentes que rodean el derecho constitucional a la vivienda, para garantizar los Derechos Humanos y normativas como la Directiva del año 1993 ( CEE 93/13) que lleva mas de veinte años siendo vulnerada por la negligencia de los legisladores y gobernantes de nuestro país.
Cuando se refieren a que hay menos desahucios, no sabemos cómo pueden celebrar algo que solo podrá celebrarse cuando el número sea 0. Mientras una sola familia se quede en la calle Sr. Guindos, ¡aquí no hay nada que festejar! Y aquí estará la PAH para defenderles de los abusos de la banca y de esos poderes políticos que no hacen más que darnos la espalda.
La PAH exige al Parlamento español que, de una vez por todas, se aborde seriamente la problemática. No podemos dejar en manos del PP y de los pactos con el PSOE, que siga aplazando los problemas, manteniendo la angustia y sufrimiento de las familias y parcheando las soluciones.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estamos trabajando en poner fin a esta estafa hipotecaria, a la usura bancaria y a poner, por fin, el derecho a la vivienda delante los intereses económicos de los bancos. El próximo 18 de Febrero nos reuniremos en Madrid para sacar una herramienta en esa dirección.