El APE y la PAH convocamos hoy una concentración para exigir responsabilidades por las muertes que causa la pobreza energética y que se podían haber evitado
Lunes, Rosa, una mujer de 81 años murió en Reus a causa de un incendio provocado por una vela con la que se iluminaba porque hacía dos meses Gas Natural había ordenado cortarle la luz por impago. Desde esta concentración queremos enviar el pésame a sus familiares y amigos, lamentando profundamente una muerte que se podía haber evitado si Gas Natural hubiera cumplido la Ley 24/2015 de medidas urgentes contra la emergencia habitacional y la pobreza energética en vigor Cataluña desde agosto del año pasado, gracias al impulso de la iniciativa legislativa popular contra los desahucios y la pobreza energética.
El principio de precaución de la Ley 24/2015 obliga a las empresas suministradoras, que al final son las que tienen la información de las personas que tienen impagos, a consultar a Servicios Sociales antes de efectuar un corte para ver si la persona está en situación de vulnerabilidad, y de ser así, no lo puede efectuar. El Ayuntamiento de Reus dice que no tenía constancia de los impagos de las facturas, lo que demuestra que la compañía ha incumplido de forma flagrante la ley y lo que es más grave, que esta muerte se podía haber evitado.
Desgraciadamente el caso de la Rosa no es un caso aislado, muchas familias se encuentran en situaciones similares. Los bomberos denunciaban hace tan sólo unas semanas que 6 de cada 10 de los incendios con víctimas mortales que se producían en Cataluña tenían que ver con la pobreza energética.
Y aquí hay que hacer una aclaración porque hay cierta confusión sobre que está vigente y que no de esta Ley: es cierto que, obedeciendo a la banca, el PP impugnó gran parte de las medidas de vivienda y que el Tribunal Constitucional las ha suspendido hasta dictar sentencia, y eso nos indigna. Pero hay que tener presente que las medidas de pobreza energética las salvamos del recurso gracias a la presión social y que están plenamente vigentes.
La Alianza contra la Pobreza Energética no nos hemos cansado de denunciar, desde el día siguiente de la entrada en vigor de la ley, los incumplimientos flagrantes por parte de las compañías eléctricas y de gas que han hecho caso omiso a una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Hemos hecho acciones de denuncia reiteradas contra las eléctricas y también hemos exigido muchas veces a la Generalitat que actúe de oficio, que inspeccione estas compañías y que no se quede sentada esperando que lleguen las denuncias. La Generalitat tiene constancia de los incumplimientos diarios por parte de estos compañías porque los hemos denunciado desde la sociedad civil y desde los propios Ayuntamientos, pero lo único que ha hecho es abrir un centenar de expedientes por los que ha puesto 18 sanciones de importe mínimo, 10.000 euros, y no ha tomado ninguna acción de oficio.
Es por este motivo que exigimos responsabilidades, en primer lugar y sobre todo, a Gas Natural que ha incumplido el principio de precaución y la obligación que tiene de ponerse en contacto previamente con Servicios Sociales y en segundo lugar a la administración, Generalitat y ayuntamientos, que en definitiva son los garantes de que se cumplan las leyes aprobadas en el Parlamento de Cataluña. Estamos estudiando iniciar acciones legales contra todos aquellos que han incumplido la ley.
Asimismo, exigimos a la Generalitat que aplique una sanción ejemplar a Gas Natural imponiendo una multa de máxima cuantía, 1 millón de euros, por tratarse de una infracción muy grave. Asimismo pedimos una reunión de urgencia con el Consejero Jordi Beiget, de Empresa y Conocimiento, para que nos explique de primera mano cuáles serán los próximos pasos que harán.
Evitar los cortes de suministro y hacer que se aplique el principio de precaución es el primer paso para afrontar la emergencia, pero las obligaciones que se establecen en la ley no quedan ahí. También establece un mecanismo para hacerse cargo de la deuda que se les genera a las familias que no pueden hacer frente a las facturas. No tiene ningún sentido que los Ayuntamientos, como explicaba Reus ayer en la rueda de prensa, continúe pagando con presupuestos municipales las facturas impagadas de familias vulnerables y seguimos engordando los beneficios de compañías que hacen negocio con la gestión de derechos básicos. De nuevo la responsabilidad recae sobre la Generalitat, que más de un año después de la entrada en vigor de la ley no ha firmado los convenios con las compañías suministradoras que deben garantizar que éstas se hagan cargo de las deudas de las familias aplicando ayudas a fondo perdido y descuentos significativos tal como marca el artículo 6.3.
El invierno está aquí, el lunes murió una mujer en Reus por culpa de un corte de Gas Natural, mañana puede ser cualquier otro lugar de Cataluña y cualquier otra empresa suministradora. No tiene ningún sentido que si tenemos una herramienta como la Ley 24/2015 se permita que situaciones como ésta vuelvan a suceder.
La Ley 24/2015 salva vidas y no podemos permitir ni un incumplimiento más por parte de ninguna empresa suministradora.
Ni sed ni frío ni oscuridad