La respuesta al recurso contra la Ley 24/2015 no puede ser otra que activar medidas inmediatas por parte de todas las administraciones
El pasado viernes 29 de abril, el Gobierno del PP anunció que interpone un recurso con suspensión cautelar ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 24/2015. El recurso impugna y pide la suspensión de los artículos relativos al mecanismo de segunda oportunidad (2, 3 y 4), del artículo que regula el alquiler social obligatorio por parte de los grandes propietarios (5) y la cesión obligatoria de pisos vacíos en el administración (artículo 7), así como las sanciones por la no aplicación de la ley y la cesión de créditos litigiosos (DT 2ª, DF 3ª, DA). Continúan vigentes los artículos que hacen referencia a la obligatoriedad de la Administración a un realojo adecuado y las ayudas al pago del alquiler en casos de pequeños tenedores de vivienda para evitar los desahucios. La presión en la calle ha conseguido salvar todas medidas que hacen referencia a la pobreza energética (artículo 6).
Este recurso llega de un Gobierno en funciones que, haciendo caso omiso del amplio apoyo popular con que cuenta la ley y movido por el pánico al precedente que sienta la Ley que amenazaba a extenderse a otras comunidades, ha preferido responder a los intereses de la banca que le pedía eliminarla. Porque es una ley que funciona, y las entidades financieras han tenido que co-responsabilizarse de las situaciones de miles de familias que estaban en riesgo de perder su vivienda. El Gobierno y las entidades financieras no querían mantener mecanismos que daban cumplimiento al artículo 47 de la Constitución y recogía la vivienda como un derecho. Sin embargo, no hay ninguna alternativa por parte del PP: las medidas de la última legislatura -cuestionadas constantemente incluso desde los tribunales europeos- no han cambiado la realidad de la emergencia habitacional. Hemos tenido que ser la ciudadanía organizada que propusiéramos un texto, después de recoger 145.000 firmas y apoyos y adhesiones, y se aprobara por unanimidad y se convirtiera en la única Ley que tiene por objetivo revertir la emergencia habitacional de todo el estado. Y también ha sido desde la calle desde donde se ha defendido esta gran conquista con una respuesta ejemplar en forma de protestas en todo el estado.
Dos días después de que el PP consumara este golpe de estado del PP y de la Banca y burla gravísima a la democracia por parte de un gobierno en funciones en su último minuto, la respuesta de quien hemos impulsado y apoyado esta Ley no se hará esperar.
El día antes de la cumbre donde la Generalitat ha convocado a los actores implicados para responder al recurso, presentamos la hoja de ruta inicial para evitar un retroceso en los derechos que la Ley 24/2015 protege. Esta hoja de ruta recoge las acciones que las instituciones y administraciones deben aplicar de forma coordinada y con un criterio de urgencia y de prioridad para asegurar este objetivo.
A la Generalitat y los Ayuntamientos:
Hacer cumplir con contundencia la parte de pobreza energética, porque no ha sido impugnada y porque prácticamente no ha sido aplicada, haciendo efectivos ya convenios y sanciones.
Activar inmediatamente nuevos instrumentos y acciones urgentes que ofrezcan la cobertura que daban los artículos impugnados.
Nuevos instrumento legislativos como respuesta a la impugnación de los artículos 2, 3, 4, 5 y 7.
Apuntalar prioritariamente el pico de desahucios derivados del recurso movilizando de forma inmediata 16.000 viviendas al año y penalizando el parque de viviendas vacíos de los bancos con la Ley 18/2007, así como reforzando líneas de ayudas al pago del alquiler, cubriendo el vacío temporal y haciendo efectivo el derecho al realojo.
Exigir a las entidades financieras y grandes propietarios que sigan cumpliendo los estándares de protección y de actuación que establece la Ley 24/2015, y predicar con el ejemplo manteniéndolos y extendiéndose a las políticas públicas de vivienda.
Al Parlamento: control al Gobierno y garantía de que los derechos que protegía la Ley 24/2015 se siguen garantizando desde el primer día.
A los partidos que se presentan al 26J: retirar el recurso cuando se forme nuevo gobierno y extender la Ley en el resto del estado.
Adjuntamos un documento donde se detallan estas demandas. Presionaremos para que se cumpla igual que hemos hecho en la aplicación de la Ley y como hemos hecho siempre en nuestra defensa del derecho a la vivienda.
Sobre la «cumbre» convocada por el presidente Puigdemont, queremos dejar claro que su objetivo no puede ser otro que concretar de qué manera aseguramos que los estándares de protección de derechos que marca la Ley 24/2015 se sigan cumpliendo sin ningún retroceso. El Grupo Promotor y su hoja de ruta deben tener un papel clave: en las dos últimas semanas nos ha faltado información por parte de los 2 gobiernos y eso ha perjudicado la defensa de la ley.
Ante las reacciones al recurso de los últimos días advertimos que las grandes declaraciones de intenciones no paran desahucios ni cortes, pero a la vez tampoco conseguiremos nada si nos resignamos y aceptamos la impugnación sin reaccionar con valentía y determinación. Ahora lo que hace falta es estar a la altura haciendo cumplir la parte de la Ley que ha sido salvada del recurso gracias a la presión de la calle y llenando el vacío que puede generar la impugnación en la parte de vivienda.
En los próximos días convocaremos una acción estatal para finales de mayo en la calle, de reacción contra el recurso, y que será a la vez el lanzamiento de la campaña de presión para poner el derecho a la vivienda en el centro de la campaña del 26J.
#AvuiEsPot #AlertaPP #NiUnPasoAtrás
Descargate el documento de hoja de ruta del grupo promotor: Full de ruta inicial Llei 24_2015 CAS-1
