Sr. Presidente Carles Puigdemont,
Nos dirigimos a usted como Presidente del nuevo Gobierno de Cataluña, en nombre del Grupo Promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. Hace más de 6 años que estamos denunciando la estafa hipotecaria y la preocupante inacción de los diferentes gobiernos y administraciones para detenerla. Asimismo, hemos alertado sobre la vulneración diaria del derecho a la vivienda digna y nos hemos visto obligadas a actuar de urgencia para detener miles de desahucios, arrancar colectivamente en la banca daciones, condonaciones y alquileres sociales para las familias, o inclusive realojando, cuando se cierran todas las puertas y las familias se quedan en la calle. Por si fuera poco, hace 2 años nos tuvimos que organizar también para poner fin a los cortes de suministros y a la pobreza energética, ejecutados por unas empresas suministradoras que se comportan como los bancos con los desahucios: beneficio máximo y ningún tipo de responsabilidad. Como sabrá, también desde el primer día, hemos hecho propuestas legislativas solventes y serias para poner fin a esta injusticia, porque hay vidas en juego y porque ninguna sociedad debería soportar las consecuencias nefastas de una situación de emergencia habitacional y social como la que hemos sufrido en los últimos ocho años.
En julio pasado, un texto legal impulsado por la sociedad civil y que recogía las medidas necesarias para poner freno a la emergencia en el ámbito de la vivienda, la «ILP Habitatge», logró un hito histórico. Por primera vez, una ILP en el ámbito de los derechos esenciales se convirtió en ley: la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento. Hablamos de la norma más garantista de todo el Estado en el ámbito del derecho a la vivienda, y el único marco normativo en vigor en Cataluña con medidas efectivas contra la pobreza energética. Hay que remarcar que, además del apoyo unánime del Parlamento de Cataluña, este texto legal recibió el aval de más de 150.000 catalanes y catalanas que firmaron nuestra iniciativa legislativa popular. La Ley 24/2015 ha venido para quedarse, y lo más importante, para implementar y proteger el derecho humano a una vivienda digna y adecuada.
Como no podría ser de otro modo, una vez aprobada la ley, nos pusimos a trabajar, puesto que teníamos bien claro que la aprobación de una ley no transforma la realidad de inmediato. Hemos elaborado y publicado documentos jurídicos para que las personas conozcan sus derechos y los reclamen a los juzgados y hemos interpelado a los Jueces Decanos para que apliquen la Ley 24/2015. También hemos trabajado intensamente con la Generalitat, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de Consumo de Cataluña, elaborando una guía de aplicación de la norma para los Ayuntamientos, una para los usuarios y otra para a las entidades financieras. Y hemos participado en las 9 formaciones que se han realizando por todo el territorio catalán a más de un millar de trabajadores de la Administración local. Un esfuerzo mutuo para la aplicación diligente de esta ley que tanto necesitábamos y que, evidentemente, ponemos en valor. Pero todavía quedan muchos pasos imprescindibles que hacer.
Presidente, en algunas de sus primeras entrevistas a medios de comunicación que hemos podido escuchar, nos ha parecido inconcreto o quizás confundido en relación a la importancia y vigencia de esta norma. Dado que el plan de choque del nuevo gobierno ha sido el centro del debate en los últimos días, le queremos recordar y aclarar que la Ley 24/2015 es plenamente vigente. A pesar de tener una ley útil y potente, es cierto que los desahucios, los cortes de suministros y las deudas de por vida no se han detenido todavía en Cataluña. Es por eso que le pedimos voluntad, determinación y coraje político para aplicarla. La responsabilidad de la Generalitat de Cataluña no se acaba en las formaciones y en generar herramientas para los Ayuntamientos. Por ello, le instamos a asumir un compromiso público y firme a la hora de ejecutar las siguientes acciones para completar la aplicación plena de la mencionada ley de manera urgente:
- Desarrollar el reglamento de segunda oportunidad que permitirá a las familias dejar atrás el sobreendeudamiento asociado a la vivienda y empezar de nuevo. Sin este reglamento, la segunda oportunidad que establece la Ley en sus artículos iniciales es mera retórica, ya que es inaplicable y resta eficiencia a la norma, que fue pensada como un todo. Esto da carta blanca a las entidades financieras para seguir chantajeando a las familias, y continúa condenándolas a la exclusión social y a la economía sumergida para evitar los embargos y la persecución de deudas asociadas a la vivienda habitual, a las que no pueden hacer frente. Recordemos que la misma Ley fija 3 meses para disponer de un mecanismo extrajudicial de segunda oportunidad, y un año para presentar proyecto de ley que desarrolle las medidas contra el sobreendeudamiento de los consumidores relacionado con la vivienda habitual.
- La Ley obliga a los Ayuntamientos y a la Generalitat, subsidiariamente, a movilizar la vivienda vacía de bancos y grandes tenedores necesaria para proteger el derecho a la vivienda de las familias en situación de exclusión residencial y que incumple su función social mediante la cesión obligatoria. Si esta posibilidad que la Ley aporta no se aplica, no podremos acabar con la emergencia habitacional en nuestro país. Con más de 65.000 familias desahuciadas, un parque público de alquiler social del 1% y más de 480.000 viviendas vacías en Cataluña, según datos del IDESCAT, la cesión en parte de este parque de viviendas se convierte en algo indispensable y urgente. Para hacerla efectiva, es necesario hacer un censo de viviendas vacías y que la Generalitat aplique la cesión obligatoria hasta alcanzar un parque social temporal que nos ayude a frenar el golpe, ya que los ayuntamientos, exceptuando los más grandes, no tienen suficientes recursos para llevarlo adelante. Hoy mismo, la Generalitat puede demostrar que quiere resolver la infradotación de vivienda social en Cataluña y proteger a las familias condenadas a perder su vivienda habitual, iniciando la cesión de tantas viviendas (de las 47.000 vacías de grandes tenedores ya identificadas en Cataluña) como familias en exclusión residencial haya.
- Liberar a las familias de la deuda que se deriva de la pobreza energética firmando los convenios con las suministradoras de agua, luz y gas que la Ley establece, por lo que serían las empresas suministradoras las que se harían cargo de las ayudas y los descuentos muy significativos en las facturas de las personas en riesgo de exclusión residencial. No tiene sentido que cada Ayuntamiento haga un convenio diferente; esta tarea debe ser asumida por la Generalitat y tenemos que poder disponer de convenios que den la misma cobertura a todas las ciudadanas de Cataluña. Como anterior alcalde de Girona, usted conoce bien las necesidades y las dificultades de los municipios a la hora de sentar a las grandes empresas para que asuman los compromisos que les tocan. Mientras no existan estos convenios, las deudas de las familias aumentan si no son los ayuntamientos los que asumen -con fondos públicos- los impagos. Lo que no tiene ningún sentido es que se transfiera 1.1 millones de euros de fondos públicos para solventar el cobro de facturas impagadas a estas empresas, tal como se ha hecho con el Fondo de la Generalitat. Las empresas suministradoras deben asumir la responsabilidad que implica gestionar servicios básicos, servicios de interés general y necesidad básica. Y, por lo tanto, deben hacerse cargo de la deuda de las familias que no pueden pagar, tal como establece la ley, teniendo en cuenta los cuantiosos beneficios que obtienen.
- Sancionar los incumplimientos de la Ley para incentivar que se aplique y se alcancen sus objetivos. No se puede permitir la impunidad con que las empresas suministradoras incumplen la Ley 24/2015; por eso exigimos a la Generalitat que inicie los procedimientos sancionadores pertinentes por los cortes de suministro que no respetan el principio de precaución. Es decir, cuando se ha cortado el suministro sin haber contactado previamente con los servicios sociales, tal como establece la norma, para comprobar si se trata de una familia en riesgo de exclusión residencial. El mecanismo sancionador es indispensable para evitar que las empresas suministradoras miren hacia otro lado mientras continúan haciendo cortes de los servicios básicos. También hay que aplicar el correctivo correspondiente a los incumplimientos de las entidades financieras que no detienen los desahucios para hacer la obligada oferta de alquiler social. La Ley prevé mecanismos para corregir los incumplimientos voluntarios y flagrantes de los derechos establecidos y, lógicamente, hay que utilizarlos.
- Dotar de partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal y como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial. Esto significa calcular qué presupuesto es necesario para dar cobertura a lo que determina la Ley, como por ejemplo en las siguientes aplicaciones: ayudas al alquiler para casos de impagos a pequeños tenedores; formación de comisiones para el sobreendeudamiento, y la ampliación del registro y funcionarios que trabajarán para desarrollar la Ley.
Cuando iniciamos la ILP vivienda, anhelábamos poner fin de una vez por todas a la Cataluña que lidera el ranking de la vergüenza en desahucios, cortes de suministros, familias endeudadas y pisos vacíos que no cumplen su función social. Sin una determinación clara en la aplicación de la Ley 24/2015 por parte del Presidente del Gobierno de Cataluña y de todo el arco parlamentario en pleno junto a los municipios, no se podrá conseguir. Nosotras, la gente afectada, la sociedad civil, tenemos claro que queremos una Cataluña que lidere el ranking en la conquista de derechos, no del empobrecimiento. Es por ello que, con determinación, continuaremos haciendo todas las acciones necesarias para conseguir la aplicación integral de la Ley 24/2015.
En materia de derecho a la vivienda, el plan de choque lo ha marcado la ciudadanía hace tiempo: el nuevo gobierno y el nuevo Parlamento deben tener como prioridad detener y revertir la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña. Tenemos una herramienta potentísima para conseguirlo: la Ley 24/2015.
Para continuar trabajando en su aplicación, esperamos encontrarnos con usted mismo, la Consejera de Gobernación, de quien depende Vivienda, y del Consejero de Economía en los próximos días. Presidente, esperamos su respuesta.
Atentamente,
Grupo promotor de la ILP Vivienda,
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Alianza contra la Pobreza Energética
#CartaAPuigdemont
