Sobre las 21.30h de la noche recibimos la llamada de Zaida, compañera que participa habitualmente en nuestras asambleas de vivienda Alcorcón y que se encuentra, desde hace varios meses, residiendo, sin título para ello al haber sido desahuciada de su anterior vivienda, en un inmueble que se encontraba vacío propiedad de Bankia.
A pesar de que Zaida lleva meses solicitando la regularización de su situación, mediante un «alquiler social», Bankia no había procedido aún a regularizar su situación. Sin embargo, sí había iniciado un procedimiento penal de desalojo, en el que aún no se había dictado fecha de desahucio, y ni siquiera se había celebrado el juicio.
Zaida tiene dos hijos menores, pero debido a su situación económica ambos se encuentran tutelados por la Comunidad de Madrid. Los dos menores solo viven con su madre, Zaida, los fines de semana.
Desde hace varias semanas, Zaida recibía frecuentemente la visita de la Polícia Nacional en las que de forma reiterada la pedían que abandonara la vivienda, a pesar de no tener orden judicial para ello. Ayer, no fue diferente, y la Policía volvío a acudir a su vivienda a requerirla que se marchara, pasados unos minutos, aparecieron allí dos personas que venían en nombre de BANKIA y decían ostentar un contrato firmado por la entidad que les autorizaba a entrar y vivir allí, procediendo a desalojar todos los muebles y enseres de Zaida.
Tras lo ocurrido, tanto el grupo de vivienda de Alcorcón, como el de Móstoles y otros colectivos sociales de la zona, nos desplazamos al lugar para atender la emergencia que suponía desalojar mediante engaños a una familia un 12 de enero por la noche.
Una vez llegamos allí, llamamos a la Polícia para que volviese, a la que tras contarle lo sucedido, lejos de colaborar con nosotr@s, y tras el transcurso del tiempo expresó que a ellos sí les habían mostrado un contrato de BANKIA, y que igual que ella «había ocupado, ahora se lo habían hecho a ella». Estos hechos fueron, inmediatamente denunciados en comisaria, por Zaida y un compañero abogado de la PAH.
Ante la emergencia, procedimos a comunicarnos a traves de las redes sociales con el Ayuntamiento de Alcorcón, para exigir una solución inmediata ante un desalojo producido en su municipio. No es posible tolerar que ante una situación de emergencia social en la que, por el motivo que sea, se despoja sin alternativa habitacional a una familia de su vivienda en una gélida noche de Enero, las instituciones municipales no sepan como actuar.
El Ayuntamiento de Alcorcón, lejos de dar una solución a Zaida, usó las redes sociales para invisibilizar una realidad frecuente, alegando que se trataba de » un problema entre particulares» como si eso no tuviera como consecuencia que unas personas se quedaban en la calle. Ana Gómez Rodríguez, Concejala de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Alcorcón, afirmó en Twitter que había un desahucio en uno de los barrios de la localidad y que el Samur Social estaba al tanto y que habian facilitado un alojamiento a Zaida. Dos horas despues la Concejala borró el tuit que informaba de todo esto. En ningún caso, dijimos que el Ayuntamiento era el que desalojaba a Zaida, pero sí, el responsable de la situación de indefensión y máxima vulnerabilidad que tenía anoche al no proveerla de un techo inmediato.
Hoy nos hemos levantado con múltiples menciones en Twitter del Alcalde de Alcorcón, David Pérez, quien nos acusa de haber orquestado una campaña contra él, únicamente por haberle requerido de forma reiterada una solución de emergencia para Zaida. Exige igualmente que rectifiquemos en nuestro compartamiento al haber manipulado y mentido. No entendemos a que se refiere, lo que sí sabemos es que en estos momentos lo importante es la vida de Zaida y sus hijos, para que que cuando llegue el fin de semana se encuentren con el hogar que les ha sido arrebatado ilegalmente.
Esta mañana, tras acudir a Servicios Sociales de Alcorcón, nos han ratificado lo que ya nos temíamos, que un municipio de 180.000 habitantes no tienen ninguna vivienda de emergencia social, únicamente la han ofrecido colaborar en el pago de una habitación durante un máximo de 2 meses.