En 2012-2013 la PAH presenta un millón y medio de firmas que respaldaban la ILP, medidas que contaban con un apoyo social aplastante. Las medidas que presentamos eran de mínimos, de sentido común, medidas que iban a abordar la emergencia habitacional: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y alquiler social. El PP, sirviendo a sus amos, las entidades financieras, bloqueó con su mayoría absoluta la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular. En su lugar, hicieron medidas de cara a la galería como el Código de buenas prácticas, el Fondo social de viviendas o la falsa moratoria de los desahucios, medidas que hemos anunciado desde el primer día como insuficientes y que el tiempo lo ha demostrado, dando resultado para la banca pero no para la ciudadanía, ya excluyen al 99% de los afectados.
El TJUE ha dado la razón a la PAH en numerosas ocasiones. En 2013 la sentencia del TJUE señaló que el procedimiento hipotecario español era contrario a los derechos de lo consumidores. El PP respondió con una modificacion Ley 1/2013 para adaptar regulacion española a la Directiva 93/13 sobre clausulas abusvas en los contratos de consumidores. Esta modificacion suponia que se si el ejecutado se opone al procedimiento por considerar que hay clausulas abusivas en el contrato, para lo cual se da un plazo de un mes, el procedimiento se suspendia hasta resolver si habían clausulas abusivas o no. Ello en los procedimientos despues de la entrada en vigor de la ley 1/2013. Ésta ley tenía una disposición transitoria para los procedimientos en curso, que da el mismo plazo de un mes para oponer clausulas abusivas.
Ayer salió una sentencia del TJUE que dice que el plazo de un mes para oponer cláusulas abusivas es suficiente, pero condena la manera de comunicarlo a las personas que tenían los procedimientos de ejecución hipotecaria abierto. En concreto, se condena la comunicación a través del BOE, es decir, que no hubo una comunicación personal a los demandados, y esto no garantiza que ese mes sea plenamente efectivo al no garantizar que la información llega directamente a cada persona interesada.
En definitiva, es un nuevo tirón de orejas más del TJUE al gobierno de Mariano Rajoy, a sus medidas ineficaces. La cuestión es cómo piensa abordar ahora el gobierno este toque de atención, que garantias y que procesos se van a abrir para las que no se pudieron acoger y perdieron su vivienda.
Una vez más se demuestra que las políticas del Partido Popular son parches inutiles y burdos, medidas que van a limitar los derechos de la ciudadanía y que en ningún momento han tenido voluntad de limitar los privilegios de la banca.
Y eso no solo lo señala la PAH, sino que de forma reiterada y casi vergonzante en multitud de sentencias, el TJUE. El Gobierno de Rajoy se presenta como serio y riguroso, pero lo cierto es que la imagen internacional que proyecta es penosa y mas propia de una de republica bananera probancaria.
¡Cambien de una vez por todas las leyes injustas y dejaran de recibir severos y vergonzantes correctivos de los Tribunales Europeos! ¡Hagan caso a la PAH y no a sus asesores de la banca criminal!
¡Sí se puede!