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Desde la PAH exigimos una serie de medidas de urgencia e imprescindibles para que la Ley de Segunda Oportunidad no sea otro fracaso con un impacto ínfimo en la situiación de las familias en ejecución hipotecaria.

El decreto ley llamado de «segunda oportunidad» que anunció Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación podría aprobarse hoy mismo en el Consejo de Ministros en un contexto de opacidad y confusión total.

Durante esta semana ningún Ministerio ha sido capaz de explicar en qué consiste realmente y cómo afectará a las familias afectadas por desahucios y los autónomos ahogados por las deudas. Ayer, los miembros del Gobierno solo repetían las mismas generalidades que enunció Rajoy en el discurso y derivaban la responsabilidad a Economía, proponente del decreto ley junto al Ministerio de Justicia. De hecho, ni siquiera está claro que vaya a aprobarse hoy.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tras años presentando una propuesta articulada a través de la Iniciativa Legilsativa Popular en 2013, nos tememos que las medidas aprobadas por el Gobierno tengan demasiadas limitaciones que las conviertan en ineficaces y vuelvan a condenarlas al fracaso.

Recordamos el fracaso absoluto de todas y cada una de las iniciativas que los Gobiernos del PPSOE han adoptado hasta hoy para «intentar frenar» los desahucios. La moratoria de los desahucios, por ejemplo, anunciada a bombo y platillo por el ejecutivo ha tenido unos efectos ínfimos parando solo el 8% de los 120.000 desahucios que se han producido durante su vigencia. Por su parte, el impacto del Código de Buenas Prácticas de Guindos (RD Ley 6/2012) aún ha sido más ridículo. En los casi tres años desde su aplicación solo se ha conseguido daciones en pago para un 0,7% de los afectados, y por su parte el fondo social de vivienda solo ha concedido alquileres sociales a un 0,4% de las ejecuciones hipotecarias.

A pesar de que hasta el dia de hoy aún no hemos podido tener acceso al contenido del texto definitivo que previsiblemente aprobará hoy el Gobierno, queremos hacer una serie de consideraciones para informar a la ciudadanía de algunas de las exigencias de mínimos que tendría que incluir este Real Decreto Ley para que realmente fuera una Ley de Segunda Oportunidad y no volviera a ser un fracaso estrepitoso.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exigimos:

• Que el préstamo hipotecario se incluya sin condiciones. Los préstamos hipotecarios (actualmente excluídos en los procedimientos concursales) tienen que quedar afectados por la nueva ley, puesto que de lo contrario, tratándose de la principal deuda de la ciudadanía, la medida anunciada seria totalmente inútil. Asimismo, no tiene sentido poner ningún tipo de requisito a su inclusión más allá del hecho de que el préstamo hipotecario sea por vivienda habitual.
• Que la «segunda oportunidad» no dependa de la voluntad de los acreedores. Ha quedado demostrado que los mecanismos de segunda oportunidad -como los procedimientos extrajudiciales- cuando dependen de la voluntad de las entidades financieras están condenados al fracaso: siendo un mero trámite sin ninguna posibilidad de acuerdo, o simplementre una vía que ni siquiera se inicia.
• Que no se establezca ningún tipo de restricción a los deudores de buena fe, ni de tipo económico ni social. Todas las personas en situación de sobreendeudamiento que han contraído los préstamos de buena fe merecen una segunda oportunidad, independientemente de la situación familiar que tengan y las condiciones económicas del crédito. El fracaso del Código de Buenas Prácticas debería ser un argumento de peso suficiente como para que el Gobierno tomara la determinación de que no se puede seguir dejando fuera a la gran mayoría de la población afectada en base a unos criterios arbitrarios de vulnerabilidad.
• El plazo que se establezca para la condonación de las deudas que hubieran quedado pendientes tras el concurso no debería superar un año, tiempo más que suficiente para comprobar la rehabilitación económica o no del deudor. Además el procedimiento debe evitar que, como sucede en otros casos, los costes del mismo lo hagan inviable para los afectados.
• Que la mera solicitud del procedimiento extrajudicial suspenda temporalmente cualquier ejecución de deudas del afectado. De esa manera se suspendería toda ejecución hipotecaria en curso y se impediría el inicio de nuevas, evitando el riesgo de embargo y desahucio.
• Que la nulidad de las cláusula suelo se extienda a todas las personas afectadas y suponga la obligación de devolución de las cantidades pagadas en aplicación de los mismos. El anuncio de regular las cláusulas suelo hipotecarias parece reducirla a «colectivos vulnerables», a pesar de existir miles de sentencias judiciales dictando la nulidad de los «suelos» e incluso la devolución de las cantidades pagadas en aplicación de los mismos. El Gobierno no puede seguir legislando a favor de la banca y haciendo caso omiso a estas resoluciones judiciales.

Queremos recordarle al Gobierno que la «segunda oportunidad» (que ya prevén la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno) es un derecho de todos los ciudadanos, y no puede limitarse a casos de extrema necesidad y «especial vulnerabilidad». La insolvencia sobrevenida para miles de familias que fueron victimas del estallido de la burbuja inmobiliaria no puede seguir suponiendo una condena a la exclusión social y a la desesperanza. Ya está bien de que los intereses especulativos de los bancos pisoteen el derecho a la vivienda de los afectados

Una vez más, tememos que las propuestas que nos ofrecen sean las propuestas que están dispuestos a ceder los bancos. Es decir, las propuestas de los abogados de los bancos que han tenido acceso al texto definitivo antes que los propios afectados para desvirtuarlo y asegurarse que no perjudica sus intereses. Y nos preguntamos: ¿No debería ser al revés? La democracia no es un sistema de representación que traduce en ley aquello que la ciudadanía clama a gritos? ¿Por qué este gobierno se deja manipular como marionetas por el interés de una minoría y en contra de la gran mayoría social?

La respuesta a la situación de sobreendeudamiento y emergencia habitacional que sufre el país es clara. Dación en pago retroactiva, moratoria real de desahucios y alquiler social. Es esta la Segunda Oportunidad Real para las más de 570.000 familias que sufren una ejecución hipotecaria desde 20007. Tenemos el aval de 1.402.854 firmas a la Iniciativa Legislativa Popular y de más de 200 PAHs que en todo el Estado las aplican día a día en la calle, presionando a los bancos y aplicando la desobediencia civil para conseguir las daciones, condonaciones y alquileres sociales que el Gobierno les niega.

Hay vidas en juego y no aceptaremos que trafiquen con nuestros derechos. Que no le quepa ninguna duda a éste o cualquier Gobierno que no vamos a aceptar ninguna rebaja y seguiremos luchando por el derecho a la vivienda y una segunda oportunidad real y para todas.

Basta de parches y mentiras, por una Segunda Oportunidad Real!

¡Si Se Puede!

#2aOportunidadReal
#HayVidasEnJuego