Dos bloques de Sareb con personas realojadas por el movimiento stop desahucios, en peligro de desalojo en Madrid y Valencia el 20 de febrero y el 6 de marzo respectivamente.
El ministerio de Economía responde a la PAH que Sareb -pese a que sus propiedades han sido adquiridas con avales públicos- es una entidad privada y que por lo tanto no tiene potestad para obligarle a conceder alquileres sociales en los pisos que mantiene vacíos.
La PAH considera que los precedentes de Sabadell y Manresa muestran que con voluntad política las administraciones pueden forzar a regularizar a las familias realojadas en pisos vacíos de Sareb.
Dos bloques con familias en situación de emergencia habitacional realojadas por el movimiento Stop Desahucios se enfrentan a la amenaza de desalojo en Madrid y Valencia. El 20 de febrero serán las seis familias habitantes del bloque Cadete las que se puedan quedar en la calle, en el barrio madrileño de Carabanchel, y el día 6 de marzo éste podría ser el caso de las siete que residen en la llamada ca Esperança, en la localidad valenciana de Aldaia. Ambos bloques, actualmente en manos de la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) fueron recuperados dentro de la campaña de Obra Social que impulsan la PAH y los colectivos stop desahucios como alternativa de vivienda para hogares desahuciados.
La PAH viene reclamando que los pisos vacíos en manos de la banca rescatada con dinero público y de entidades como Sareb sean destinados a alquileres sociales ante la situación apremiante provocada por los desahucios de vivienda habitual, que según todos los registros disponibles han seguido aumentando en 2014. Ante la pasividad y complicidad general de las administraciones con el sector financiero, desde noviembre de 2011 La PAH impulsa la campaña de Obra Social, mediante la que ha realojado a más de 2.000 personas en una treintena de bloques en todo el Estado español, de los cuales 12 son pertenecientes a Sareb.
En respuesta a una carta dirigida por la PAH al ministro español de Economía, Luis de Guindos, el gabinete del ministerio se desentendió del problema y respondió que Sareb es una entidad privada y que por lo tanto no tiene ninguna capacidad para forzarla a satisfacer las reivindicaciones de la ciudadanía. Esta afirmación no es correcta: el mayor accionista de la entidad es el Estado que aportó el 45% del capital a través del FROB. Pero la magnitud de este rescate encubierto a la banca es mayor dado que todos sus activos (como créditos o los propios pisos) fue comprado con avales públicos por valor de 50.000 millones de euros, aproximadamente el doble de lo que cuesta financiar las prestaciones por desempleo cada año. Entendemos que semejante riesgo asumido por toda la ciudadanía -y no por las entidades causantes de la catástrofe económica- justifica que a la entidad conocida como banco malo se le exija una responsabilidad y unos criterios sociales en la gestión de sus viviendas.
Dar a la vivienda un uso social, no especulativo como se pretende desde a SAREB no solo es posible sino tambien indispensable para paliar los efectos de la crisis y dar una alternativa habitacional a las miles de personas que en la actualidad no tienen acceso ni por lo tanto derecho a una vivienda digna como afirma el art. 47 de la Constitución. Con ejemplos como el Bloc 2 de Manresa o el bloc Gracia de Sabadell, propiedad de Sareb y en los que la PAH ha conseguido alquileres sociales a través de la Generalitat, se demuestra que se pueden gestionar las miles de viviendas vacias de la SAREB de otra manera, sólo es cuestión de voluntad.
El Ministerio de Economía y Sareb son responsables de la situación de estas familias y deben suspender de forma urgente los dos desalojos y ofrecer una solución en forma de alquiler social a los vecinos de Cadete y Esperança y al resto de bloques recuperados. Las viviendas propiedad de Sareb deben ser puestas al servicio de la ciudadanía.
Si la Sareb es nuestra, sus casas también.
#CadeteNoSeToca