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Si los intereses de mora son abusivos, el juez no tiene que recalcularlos sino debe declararlos nulos. 

El  Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) ha resuelto una  cuestión prejudicial planteada por un  juez de Marchena (Sevilla) que  supone un nuevo golpe al gobierno español por no proteger al consumidor  frente a las entidades financieras.

El TJUE sentencia que si los intereses de mora ante un impago hipotecario son abusivos, el  juez  podrá apreciar que se trata de una cláusula abusiva y decretar su nulidad  para que no se apliquen en la ejecución hipotecaria en marcha. Asimismo, el Tribunal advierte que estas cláusulas declaradas nulas no podrán integrarse por otra norma nacional. La sentencia supone otro duro golpe a la Ley hipotecaria 1/2013  aprobada por el Gobierno del PP que pretendía que en estos casos el juez  se limitara a recalcular los intereses considerados abusivos.

En marzo de 2013, la sentencia del caso Aziz de este tribunal puso patas arriba  el caduco sistema de ejecución hipotecaria española  al permitir al  juez entrar a analizar el contrato hipotecario -hasta  entonces no podía-  ante una posible existencia de cláusulas abusivas,  analizarlas de  oficio y suspender el proceso hasta resolverlo. Con  ello, el TJUE aplicaba la Directiva 93/13 vigente desde 1993 en la Unión  Europea.

Con  esta resolución, el TJUE ratfificaba los postulados de la PAH: el  procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de   lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía,  sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que  infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.

Tras  dicha sentencia, todo el país esperaba que el Gobierno actuara de forma responsable, decretando una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria de obligado cumplimiento. Sin embargo, el Gobierno del  PP respondió a esta doctrina con la Ley 1/2013, manteniendo los desalojos forzosos y la deuda ilegítima, y pretendiendo legalizar las cláusulas abusivas.  Así, estableció que los intereses de mora no podían superar una  frontera, pero aplicó esta frontera sólo a los contratos firmados a  partir de la entrada en vigor de la ley. Para las ejecuciones  hipotecarias en marcha, dispuso que se hiciera un recálculo sobre dicho  límite (fijado en tres veces el interés legal del dinero que, además,  sólo se carga sobre el capital pendiente de pago).

Ahora,  el TJUE da un nuevo golpe a este parche del legislador español que descaradamente favorece a las entidades financieras. Con la reciente resolución, si los intereses son abusivos, el juez no tiene que  recalcularlos sino que puede declararlos nulos y no aplicarlos en una ejecución hipotecaria. Por lo que, en consecuencia, la deuda deja de augmentar por este concepto.

La  sentencia es muy relevante porque afecta a las miles de ejecuciones  hipotecarias en marcha, también las que fueron firmadas antes de la entrada en vigor la nueva ley. Asimismo, demuestra un respaldo del Tribunal de Justícia de la Unión Europea a los postulados de la PAH. En un contexto de emergencia habitacional en el que practicamente cada trimestre aumenta el número de desahucios, las medidas del Gobierno no solamente están resultando incapaces para frenar esta sangría, sino que además desprotegen al consumidor frente a los numerosos abusos que contienen las hipotecas diseñadas por las entidades financieras.