En enero de 2014 la PAH lanzó una nueva campaña para proteger a las familias de los desahucios: la de mociones a los Ayuntamientos para recuperar la vivienda vacía en manos de la banca.
Casi un año después de que el PP rechazara la ILP de la PAH en el Congreso, el resto de administraciones -tanto autonómicas como locales- estaban paralizadas e insistían en que no había nada más que hacer para detener la emergencia habitacional.
Mientras la PAH seguía haciendo lo que las administraciones no hacían: proteger los derechos más elementales de la población. Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios no han parado de crecer y las PAHs de todo el estado presionaban a los bancos consiguiendo miles de daciones en pago y alquileres sociales, parando desahucios a diario o realojando a miles de personas con la campaña de la Obra Social de la PAH.
Además de detener los desahucios y ofrecer una segunda oportunidad a las familias, conseguir movilizar las viviendas hacia el alquiler social es uno de los elementos clave para frenar la emergencia habitacional.
El estado español es el país de Europa que más desahucia, con más vivienda vacía y menos vivienda social: más de 400.000 desahucios desde 2008, 3,4 millones de viviendas vacías de los que unos 800.000 en manos de las entidades financieras y menos de un 1% de vivienda de alquiler social1. Cataluña encabeza el ranking en desahucios del estado, tiene un 13% del parque de viviendas vacío (448.000) muchos de ellos en manos de bancos, y tiene un parque público de alquiler de un 1% frente a un 18% de media en la UE.
Es intolerable que la banca acumule viviendas vacías mientras expulsa a las familias de sus casas. Por esta razón las PAHs de Cataluña llevaban tiempo exigiendo a la Generalitat y los Ayuntamientos que hicieran todo lo que estuviera en sus manos para conseguir movilizar vivienda social. La respuesta era que no era posible, pero la iniciativa pionera de la ciudad de Terrassa de penalizar el uso antisocial de las viviendas vacías de bancos, que se había puesto en marcha gracias a la presión de la PAH-Terrassa, dejó claro que : «si se quería, se podía».
La campaña de «Mociones para la sanción de los inmuebles permanentemente desocupados propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas» basada en la Ley catalana del derecho a la vivienda y en la experiencia de Terrassa, tenía por objetivo extender a toda Cataluña la detección y penalización de la vivienda vacía en manos de los bancos con el fin de movilizar y ponerlo en alquiler social para las familias.
Aplicar esta medida no es sólo una opción, sino una de las únicas vías que permite crear el parque social de viviendas que necesitamos de forma urgente. En Europa las políticas de movilización de las viviendas vacías son habituales y se utilizan desde hace años: Dinamarca, Francia, Italia o Inglaterra multan la vivienda vacía con el objetivo de movilizarlo para la población que necesita vivienda social. Pero cuando la PAH lanzó la campaña de mociones los «supuestos expertos» en vivienda se apresuraron a decir que «multar no serviría para conseguir vivienda social» o que «los bancos no pagarían las multas». Incluso la propia Generalitat, que es quien debería aplicar la ley, quiso esquivar la campaña de mociones con una propuesta «descafeinada» de tasa a las viviendas vacías que no sabemos cuándo se empezará a aplicar.
A casi un año después del lanzamiento de la campaña podemos decir que la tenacidad de la sociedad civil ha demostrado de nuevo que «si se quiere, se puede», dando una lección a las administraciones que se niegan a proteger a las personas frente a la banca.
- La PAH ha presentado la moción en 166 Ayuntamientos de Cataluña y se ha aprobado en 120 de ellos (hay 46 pendientes de aprobar) donde vive el 68% de la población catalana y están los municipios más poblados de Catalunya.
- 16 municipios de Cataluña ya están aplicando la moción y 3 municipios ya han puesto multas (Terrassa, Girona y Santa Coloma de Gramanet).
- La experiencia más avanzada de Terrassa está demostrando que multar sirve para conseguir vivienda social:
- Se han impuesto 43 multas de los más de 1000 expedientes a los 2500 viviendas vacíos detectados.
- Los bancos han cedido 100 viviendas para evitar multas.
Se han cobrado 3 multas y los bancos multados han cedido las 3 viviendas expedientados donde ya han entrado familias a vivir.
De los 120 municipios que aprobaron la moción hay muchos más estudiando su aplicación y que lo harán en poco tiempo.
La inactividad del Gobierno Central y el tímido papel la Generalidad de Cataluña a la hora de hacer frente a la emergencia habitacional aboca a cientos de miles de familias a la miseria, y deja solos a los Ayuntamiento que ven cómo se colapsan cada día más los servicios sociales municipales. El ejecutivo de Artur Mas ha decidido seguir incumpliendo la obligación de aplicar la ley, y renuncia a sancionar lo que esta define como «incumplimientos muy graves en materia de calidad del parque inmobiliario» enmascarando su inacción con un insuficiente proyecto de impuesto sobre los pisos vacíos que normaliza la impunidad ante la acumulación de pisos vacíos que protagonizan los bancos.
En cambio, hoy podemos decir que, gracias a la presión de la PAH, los municipios de Cataluña son la única administración que ha respondido al clamor de la ciudadanía, y que ha empezado a hacer políticas reales, valientes y efectivas de vivienda contra la emergencia habitacional.
#SíSePuede
Hoy es posible pasar de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda!
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1A mucha distancia del siguiente y acumulando más de la tercera parte del total europeo, que se situa en 11 millones de vivienda vacía, según publica The Guardian.El estado español tiene un 3% de vivienda social(vivienda protegida y alquiler social).