Dos años después, las famílias que solicitaron la moratoria siguen sin soluciones y con una deuda mayor.

Hacemos  un llamamiento a la movilización para parar estos desahucios y seguir  luchando para que se aprueben las medidas de la ILP.

Este  fin de semana se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la  moratoria para ejecutar el desalojo de las viviendas habituales en  España aprobada por el Real Decreto Ley de novembre de 2012.

Desde la PAH ya advertimos en su momento que esta moratoria parcial no sólo no iba a resolver el problema de los  desahucios, sino que incluso podía empeorarlo. Dos años después, los  hechos confirman nuestro análisis y reafirman que la política de  vivienda del Gobierno ha fracasado. 

En primer lugar, esta moratoria ha resultado ser insuficiente porque ha excluido a la mayoría de gente afectada  a través de requisitos que son arbitrarios y discriminatorios. En este  sentido, recordamos que todas las personas que pueden perder su casa por  motivos económicos ajenos a su voluntad, son casos vulnerables. Sin  embargo, la medida del Ministerio de Economía ha dejado fuera a la  immensa mayoría de ejecutados, permitiendo suspender sólo el 8% de las  120.682 ordenes de desahucio de los últimos dos años.

En segundo lugar, esta medida no ha abordado el problema de la deuda y ha dejado a sus «beneficiarios» en una situación peor a la que se encontraban antes.  Durante ese tiempo, los intereses de los pocos que se han podido acoger  a ella han seguido aumentando y ahora que termina la moratoria se  encuentran sin soluciones y con una deuda aún mayor. Además, la  incertidumbre sobre su futuro es total: a día de hoy siguen  desconociendo qué va ocurrir la próxima semana cuando venza la fecha de  suspensión de sus desahucios.