El pasado viernes, el TJUE dictó una nueva sentencia que vuelve a poner en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y deja al deudor hipotecario en una situación de desigualdad e indefensión. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esta sentencia coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978 : «Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que pueda producirse indefensión«.
Por tanto, y como advertía la PAH, la ley del PP es ilegal y vulnera los derechos humanos. Una nueva victoria de la ciudadanía organizada que vuelve a dejar al gobierno del PP y a la banca criminal en evidencia.
Todos estos pasos no se hubiesen producido sin el trabajo continuado y solidario de miles de personas que se han dejado la piel desinteresadamente, sin las campañas de desobediencia civil que han permitido la autotutela de nuestros derechos en momentos límite y sin el apoyo incontestable del conjunto de la población que ha recogido la PAH durante los últimos años. Sin la fuerte movilización social organizada en torno a los desahucios y las ejecuciones hipotecarias tampoco hubiese sido posible que los estamentos judiciales se posicionasen a favor de los DDHH.
Hace ya más de un año que la PAH presentó una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por casi un millón y medio de firmas. Quienes realmente quieran terminar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda sólo deben escuchar las demandas de la ciudadanía que durante los últimos años no sólo ha hecho propuestas legislativas, sino que las ha defendido día a día jugándose incluso su integridad física, parando desahucios, arrancando daciones y alquileres sociales a los bancos y denunciando a los responsables del sufrimiento de miles de familias a través de la campaña de escraches. Mientras tanto la única respuesta del gobierno ha sido menospreciar el clamor de la calle, culpabilizar a las víctimas de esta estafa, multar a los que se manifestaban pacíficamente denunciando a los culpables y agredir a las personas que se concentraban en las puertas de las casas para impedir unos desahucios que, además de ilegítimos, son ilegales. Como hemos repetido desde hace 5 años, cuando se producen violaciones de DDHH, desobedecer las leyes injustas y señalar a los responsables políticos que las redactan y aplican se convierte en un deber de toda la ciudadanía.
Tras este nuevo varapalo judicial, al gobierno del Partido Popular no le queda otra opción que aprobar las medidas que la PAH viene demandando a través de la ILP: paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos. Se trata de algo muy sencillo, dar una solución rápida, efectiva y posible a la situación de emergencia habitacional que vive nuestra sociedad.
No es el momento de volver a andar un camino ya recorrido. Es el momento de hacer cumplir por parte de los representantes políticos un mandato claro y conciso. La Plataforma de Afectados por la hipoteca exige, a todos y a cada uno de los partidos que se sientan defensores de los DDHH y de la democracia, que legislen por la via de urgencia la ILP de la PAH y se garantice, de una vez por todas, el derecho a una vivienda en nuestro país. Se trata de unas medidas de mínimos, de sentido común y que están avaladas por una aplastante mayoría social.
Por último, y en aplicación de la sentencia del TJUE, exigimos que se paralicen todos los procesos de ejecución hipotecaria en curso hasta que se modifiquen las leyes vigentes para adaptarlas a una normativa acorde con los derechos humanos.
La ciudadanía manda y los gobiernos tienen que obedecer
Nos va la vida en ello