Segundo encuentro de la PAH con la Generalitat para tratar el desalojo del edificio recuperado por la Obra Social de la PAH a la SAREB (banco malo) en Salt.

La PAH actúa para garantizar los derechos fundamentales. El gobierno de CIU, cómplice de la nueva estafa promovida por el PP: la SAREB, el ‘banco malo’, llega tarde y mal para abordar la situación de las familias

El pasado jueves, la PAH ocupó la Conselleria de Vivienda para exigir una reunión con el Conseller Santi Vila y tratar de manera urgente el desalojo del Bloc Salt (propiedad de la SAREB), sobre el que pesa una orden de desalojo prevista para el próximo 16 de octubre.

La acción dio como resultado una reunión in situ con el Secretari General d’Habitatge, Carles Sala, quien se comprometió: [1] a negociar con la SAREB; [2] convocar una reunión en la que participen SAREB, la PAH y la Generalitat con el fin de paralizar la vía judicial, evitar el desalojo y abrir una vía de negociación para encontrar una solución; [3] realojar a las familias en caso de que el desalojo se produzca, y [4] a efectuar un posicionamiento público por parte de la Generalitat en contra del desalojo del Bloc Salt y la necesidad de que la SAREB ponga sus viviendas a disposición de aquellas personas que las necesitan.

A la reunión de hoy, han asistido miembros de la PAH, Carles Sala, Secretario General de Vivienda, acompañado de varios altos cargos políticos y técnicos del Departament, además de representantes de Justícia y responsables de mediación de los Mossos de esquadra. El objetivo de la reunión era hacer un seguimiento de los compromisos adoptados el pasado jueves (a una semana de la fecha señalada para el desalojo) para ver los resultados obtenidos por parte de la Generalitat. Unos compromisos que se han visto reducidos a buenas palabras y un brindis al sol.

[compromisos que se esfuman]

En la reunión, Carles Sala ha notificado que se han puesto en contacto con la SAREB, tal y como se comprometió el pasado jueves, pero se ha negado a facilitar la referencia de la persona de la SAREB con la que la Generalitat ha contactado para tratar la situación del Bloc Salt . Tras el contacto, además, a una semana del desalojo, no ha recibido respuesta alguna de los responsables del Banco Malo. En este sentido, el compromiso adoptado el jueves pasado por parte de la Generalitat de organizar una reunión en la que participen la Generalitat, la SAREB y la PAH se ha visto reducido a un «si la SAREB quiere».
Por último, el compromiso de que la Generalitat se posicione públicamente en contra del desalojo se ha desvanecido. Produce estupor la rapidez con la que el conseller Espadaler (Interior) se apresuró a señalar que la policía autonómica ejecutaria el desalojo, mientras sus homólogos de Vivienda permanecen en silencio ante la posibilidad de que 43 sean desahuciadas.

[emergencia habitacional]
El incumplimiento de los compromisos adoptados el pasado jueves muestra cómo la Generalitat, desde la complicidad con la SAREB, se niega a reconocer la situación de emergencia habitacional que se da en Catalunya. Una situación de emergencia que está obligando a cada vez más familias desahuciadas (por problemas de hipoteca o alquiler) a abrir viviendas vacías en manos de las entidades financieras, mientras la administración pública ofrece medidas parche, irrisorias ante el drama que viven miles de familias actualmente, más cuando la SAREB cuenta con 8000 viviendas vacías en Catalunya (según trasladó el mismo president Mas a la PAH en la reunión del pasado 21 de junio, las cuales se quedan cortas). No mostrar sensibilidad en Salt significa despreciar a las miles de famílias que se ven obligadas a ocupar viviendas para no dormir en la calle en Catalunya cada día.

La actitud de los responsables de vivienda de la Generalitat en el caso del Bloc Salt es del todo inaceptable. Por un lado, la evasiva a una reunión a tres bandos, contando con todos los agentes implicados y el incumplimiento de los compromisos adoptados, por otro, la benevolencia hacia la SAREB resulta inadmisible e icomprensible desde una óptica democrática y de garantía de los derechos humanos.

Finalmente, Carles Sala ha planteado la posibilidad de realojar a las personas que viven actualmente en el Bloc Salt. Pero el anuncio ha venido seguido del reconocimiento de la inviabilidad de facto ya que los servicios sociales del Ayuntamiento de Salt (CiU) no se habían activado hasta una semana, aunque hace más de seis meses que tienen constancia de la situación del edificio, y de la apertura de un proceso judicial contra las familias que viven en él. Además, en todo este tiempo no han intervenido de ninguna manera en el proceso judicial para plantear un posible realojo, algo que hubiera podido evitar llegar a la inminencia del desalojo. Llegan tarde y mal, y aun así ha costado horrores arrancarles el compromiso de activar a sus servicios técnicos (jurídicos y sociales) para pedir en sede judicial que se detenga el desalojo dando fe que está activa la negociación con la SAREB y que se empieza a trabajar con las familias.

Esta propuesta es también insuficiente, además de irresponsable. No es aceptable que la Generalitat, para evitar la denuncia pública que supone el desalojo del Bloc Salt, priorice el realojo de unas familias en unos pisos de la administración que son obviamente escasos. Como tampoco es serio tratar este caso como una simple «excepción», puesto que, desgraciadamente, cada vez más, es la regla. ¿Está en condiciones el Gobierno de CIU de realojar en las mismas condiciones a todas las familias que se han visto obligadas a entrar en viviendas de la SAREB (o de otros bancos)? Resulta escandaloso que una administración pública ofrezca un trato de favor para evitar silenciar lo que es ya obviamente una situación de alarma social. La PAH lucha por los derechos de todas.

Con el desalojo del Bloc Salt, la Generalitat tiene la posibilidad de hacer una gesto necesario y contundente a favor del derecho a la vivienda, obligando a la SAREB a que ponga sus viviendas a disposición de quienes realmente lo necesitan. La situación de emergencia habitacional que vivimos actualmente, provocada en gran parte por la entidades bancarias que posteriormente han sido rescatadas con dinero público y que conforman la SAREB, no da opción alguna a poner parches. La situación es urgente y las soluciones tienen que ser contundentes.

El caso del bloc Salt es un ejemplo más de que la PAH está actuando para garantizar derechos fundamentales allá donde la Generalitat, con plenas competencias en materia de vivienda, solo pone buenas palabras y deja todo a merced de «si la SAREB quiere», renunciando de forma negligente a sus funciones como gobierno. La PAH ha realojado a las familias del Bloc Salt que de otra manera se encontrarían en la calle, y ha devuelto la función social a unas viviendas que llevaban más de tres años vacías. ¿Dónde estaba la Generalitat cuando desahuciaron a estas familias? Es una cuestión de derechos humanos, pero también de justicia.

El Gobierno de CIU, en el caso de Salt y de las viviendas de la SAREB, puede ponerse del lado de los derechos humanos y del sentido común o guardarle las espaldas a la SAREB, a una banca que ha mostrado ya en demasiadas ocasiones tener prácticas criminales. Puede defender a las familias o dejarlas tiradas en la cuneta.

No hay medias tintas, ni buenas palabras que valgan.

¡Paremos este desalojo y garanticemos el derecho a la vivienda de todas las personas en situación de exclusión residencial!

Mientras haya familias en la calle y viviendas de bancos vacías, la PAH no cesará de garantizar los derechos humanos.

La campaña de acciones continua mañana en Madrid:

Jueves 10, 11:00 frente al SAREB (Paseo de la Castellana 89)