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Hoy llegan a Bruselas los participantes del viaje por la dignidad impulsado por Stop desahucios Córdoba. A su llegada, después de 87 días de marcha, entregarán a los parlamentarios europeos una carta con las demandas que les han llevado a emprender la marcha. La PAH ha convocado concentraciones en diversas ciudades del Estado.

Carta a los parlamentarios:

A la atención de los representantes, grupos parlamentarios y diputados del Parlamento Europeo:

Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una de las caras más dramáticas de la crisis en España. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la vida de demasiadas personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira de la prensa internacional. Desde hace años la voz organizada de las personas afectadas viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se ha llevado por delante a decenas de miles de familias. El marco legal que regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de recuperación.
Por haber firmado un contrato para acceder a una necesidad básica, reconocida como derecho fundamental en la declaración universal de los derechos humanos y recogida en el artículo 47 de la constitución española, tú y tu familia estáis condenados a malvivir en los márgenes de la sociedad. El sistema te expulsa. Te rechaza. Solo está dispuesto a darte una segunda oportunidad en la medida que pueda seguir exprimiéndote. Por eso afirmamos que nos encontramos ni más ni menos que ante una versión contemporánea de la esclavitud. Hagas lo que hagas no te podrás recuperar. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos sucesivos del PSOE y del PP. Durante cuatro años la sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular.
Durante este tiempo, centenares de ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde, entre otros, denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el estado español; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad una normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. Se trata de una ley casi medieval, y como tal expresa la relación de fuerzas desigual entre las partes. Una relación de vasallaje. Una ley bárbara propia de un país poco civilizado. Por ello afirmamos con rotundidad que estamos ante una ley criminal. Como criminales son los que sacan beneficio de ella. Como criminales son los que la amparan y la protegen.

Suicidios como los de Granada, Baracaldo, Córdoba, Calvià o Alacant son tan sólo la punta del iceberg. La gota que colma el vaso. La ciudadanía ve cómo el dinero que se sustrae de sanidad y educación se utiliza para rescatar entidades financieras que desahucian a familias con niños mientras continúan especulando y acumulando viviendas vacías.

En noviembre de 2012 El Gobierno de Ecuador demandaba al Estado Español ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. En febrero de 2013 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminaba que la ley hipotecaria española es ilegal y que vulnera derechos fundamentales, al dejar a los ciudadanos en absoluta indefensión.
Ante el aumento de la presión popular, el gobierno del Partido Popular también se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad, ni la ley 1/2013 de “protección de deudores hipotecarios” aprobada recientemente, han servido para atajar el problema. Sólo han servido para que las entidades financieras sigan ganando tiempo para seguir ejecutando. La crítica es unánime. Tampoco es de extrañar teniendo en cuenta que estas iniciativas se han aprobado con el visto bueno de la patronal bancaria. La realidad es que a día de hoy ley hipotecaria continua condenando a la inmensa mayoría de las familias a una deuda de por vida y las deja en la calle.

Para hacer frente a la barbarie y ante la dejación por parte de las instituciones del Estado de sus funciones, la ciudadanía nos hemos visto obligados a autorganizarnos y autotulelar nuestros derechos. A través de la solidaridad y del apoyo mutuo hemos paralizado más de 700 desahucios, arrancado centenares de daciones en pago , conseguido alquileres sociales y hemos realojado a través de la obra social de la PAH a más de 600 personas. Hemos agotado todas las vías y cauces democráticos, hemos interpelado a todos los niveles de las administraciones públicas y dialogado con todos los partidos políticos que nos han querido escuchar. A través de una Iniciativa Legislativa Popular hemos recogido casi un millón y medio de firmas con tres demandas de mínimos: la dación en pago o derecho a una segunda oportunidad para las personas que por motivos ajenos a su voluntad no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, la paralización de los desahucios de vivienda habitual y la reconversión de los pisos vacíos en manos de los bancos en alquiler social. Las encuestas muestran que nuestras demandas tienen una incuestionable respaldo social. Casi un 90% de la población las apoya.

A pesar de esto, el gobierno se obstina en desoír el clamor popular y desatiende el sufrimiento de miles de familias para plegarse de nuevo a los intereses de una banca acosadora que ha arruinado la economía del país y ha roto nuestras vidas. No conforme con ello, no ha dudado en tildar a las personas que hemos decidido plantar cara y luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad, de nazis y terroristas.

Sin embargo la política del miedo utilizada por el gobierno para revertir el estado de opinión favorable al cambio normativo se ha constatado un fracaso. Los mensajes apocalípticos que advertían a la población que modificar la ley hipotecaria y paralizar los desahucios hundirían el sistema financiero, no han servido para nada. El sistema financiero ya se ha hundido por sí solo y el apoyo de la sociedad civil a las demandas de los afectados no ha dejado de aumentar. Todos sabemos que los obstáculos para adoptar dichas medidas no son técnicos sino políticos. Se requiere de voluntad política para enfrentarse a determinados intereses económicos. ¿Por qué las empresas inmobiliarias que durante años presentaron beneficios millonarios pueden cancelar sus deudas entregando sus inmuebles, mientras que las familias que sólo pretendían acceder a un bien básico no pueden? ¿Por qué se rescatan a los bancos responsables de esta estafa, mientras se abandona en la cuneta a miles de familias?

Entre la dictadura de los mercados financieros y la defensa de los derechos humanos, la ciudadanía ya ha elegido. Solo falta que esa elección se refleje en el congreso. Y mientras ello no sea así, seguiremos afirmando que vivimos en una democracia secuestrada.

En un sistema que supuestamente defiende el estado del bienestar, expulsar del circuito a centenares de miles de familias supone quebrantar la credibilidad de sus instituciones. Las instituciones europeas no están exentas de este descrédito. Somos conscientes que las políticas de recortes y el desmantelamiento del estado de bienestar se promueven también desde Europa. Así, con el pacto social hecho añicos, la paz social no puede perdurar.

En junio de 2013 el parlamento europeo concedió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca el “premio al mejor ciudadano europeo 2013”. Una distinción que se concede anualmente a ciudadanos u organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos y promueven los valores de la carta de los derechos fundamentales de la UE . Sin embargo y aunque les estamos agradecidos, la PAH no pretende ni persigue galardones, sino que exige a las instituciones democráticas que protejan los derechos humanos, velen por el interés general y defiendan activamente los valores que asegura representar.

Hoy llegan a las puertas del Parlamento Europeo la marcha por la dignidad. Una marcha que ha llevado a nuestros compañeros y compañeras a recorrer durante 87 días el trayecto Córdoba – Bruselas, más de 2.600km a pie, arriesgando su salud, con el objetivo de hacer entrega de esta carta y con la esperanza de que actúen en consecuencia.

A menos de un año de que se convoquen elecciones para el Parlamento Europeo tienen una nueva oportunidad para recuperar la esperanza en el proyecto europeo y parte de la legitimidad perdida. No den de nuevo la espalda a los ciudadanos de a pie, a la gente honesta, a las personas. Hay vidas en juego.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca – PAH