El martes 5 de febrero, la portavoz de la PAH, Ada Colau, comparece en el Congreso. La comparecencia se da en el marco de la Comisión de Economía sobre el proyecto de la protección a los deudores hipotecarios. Se podrá seguir en directo aquí, en el streaming de la web del Congreso a las 20:00.
La voz de la PAH llega al Congreso en un momento en el que se está debatiendo la ley procedente del Decreto «antidesahucios» (Real Decreto ley 27/2012), un Decreto que excluye a gran la mayoría de los afectados. Pero los grupos políticos del Congreso tienen una oportunidad histórica de hacer un ejercicio de democracia y escuchar las demandas ciudadanas. La ILP acaba de ser entregada al Congreso, con el aval de más de un millón de firmas y el apoyo de un 90% de la población. Las medidas de la ILP, dación en pago con carácter retroactivo, alquiler social en las viviendas vacías en manos de entidades financieras y una moratoria de desahucios de vivienda habitual, son demandas de mínimos. Mañana se entregará una solicitud a todos los grupos políticos para que expresen su compromiso de tramitar con carácter de urgencia la ILP y votar a favor. Con la ILP las PAHs, y la ciudadanía movlizada hemos agotado todas las vías que tenemos a nuestro alcance para modificar una ley obviamente injusta: ahora está en manos de los políticos escuchar las demandas ciudadanas o atenerse a las consecuencias.
Los sobres de la PAH llegan al Congreso, carta para los respresentantes de los grupos políticos:
A la atención del Grupo Parlamentario _________:
Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una de las caras más dramáticas de la crisis en España. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la vida de demasiadas personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira de la prensa internacional. Desde hace años la voz organizada de los afectados viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se ha llevado por delante a más de 400.000 familias. El marco legal que regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de recuperación. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos de PSOE y PP. A través de la campaña Stop Desahucios, la sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular. Hace dos años un auto valiente dictado por la audiencia de Navarra interpretaba la ley de acuerdo a la realidad social abriendo la puerta a la dación en pago, una de las principales demandas de la PAH. Durante este tiempo, más de trescientos ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el país; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad un normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. También la abogada del Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado la legalidad del ordenamiento jurídico español en materia de desahucios. Hace pocas semanas, el gobierno de Ecuador demandaba al Estado Español ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. Los suicidios de Granada y Barakaldo son tan solo la punta del iceberg. La gota que colma el vaso. La ciudadanía ve cómo el dinero que se sustrae de sanidad y educación se utiliza para rescatar entidades financieras que desahucian a familias con niños, mientras continúan especulando y acumulando viviendas vacías. Ante el aumento de la presión popular, el gobierno se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad han servido para atajar el problema. Habida cuenta que ambas prerrogativas contaron con el visto bueno de la patronal bancaria previa aprobación, tampoco es de extrañar. La realidad es que tanto el código de buenas prácticas como la moratoria excluyen la inmensa mayoría de los casos y no modifican una coma del procedimiento actual, que condena a las familias a una deuda de por vida. Mientras tanto la ILP por la dación retroactiva, la paralización de desahucios y el alquiler social toca a su fin superando el umbral del millón de firmas y la vivienda ya figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según la última encuesta del CIS. Según un sondeo de Metroscopia publicado en noviembre de 2012, el 94% de los encuestados se mostraban a favor de una moratoria en los desahucios de vivienda habitual mientras que un 86% lo hacía a favor de la dación en pago. La política del miedo utilizada por el gobierno para revertir el estado de opinión favorable al cambio normativo se ha constatado un fracaso. Los mensajes apocalípticos que advertían a la población que modificar la ley hipotecaria y paralizar los desahucios hundirían el sistema financiero, no han servido para nada. El sistema financiero ya se ha hundido y el apoyo de la sociedad civil a las demandas de los afectados no ha dejado de aumentar. Todos sabemos que los obstáculos para adoptar dichas medidas no son técnicos sino políticos. Se requiere de voluntad política para enfrentarse a determinados intereses económicos. Entre la dictadura de los mercados financieros y la defensa de los derechos humanos, la ciudadanía ya ha elegido. Solo falta que esa elección quede reflejada en el Congreso. Sin embargo, parte de esta cámara se obstina en no escuchar a la ciudadanía para plegarse de nuevo a los intereses de las entidades bancarias. Ante esta situación de bloqueo ilegítimo e injustificado advertimos que no nos quedaremos de brazos cruzados. No podemos perder más tiempo. Hay vidas literalmente en juego y hay que actuar de manera inmediata. Aunque tarde, aún están a tiempo. A aquellos partidos que hasta ahora habéis ignorado las demandas de la población, la ILP os brinda una nueva oportunidad para recuperar parte de la legitimidad perdida. Entendemos que en los cuatro años que llevan la PAH denunciando esta tragedia hemos agotado todas las vías y mecanismos democráticos que ofrecía el sistema para cambiar una ley injusta y anómala. Hemos negociado con los bancos, interpelado a los diferentes niveles de la administración pública, hemos recurrido a instancias internacionales y hemos recabado más de un millón de firmas que avalan las propuestas de la gente afectada. Incluso hemos llegado allí donde la administración se ha ausentado deteniendo, mediante la desobediencia civil, más de 500 desahucios en todo el Estado. Por este motivo solicitamos a su grupo parlamentario que se comprometa por escrito a defender las demandas que contiene la ILP desde hoy mismo y sin esperar a su tramitación parlamentaria ordinaria. Exigimos un posicionamiento claro. Sin rebajas ni concesiones de ningún tipo. A este efecto, les adjuntamos un escrito que deberá firmar el secretario general de su organización o portavoz de grupo parlamentario y remitirlo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en un plazo máximo de diez días. En caso de no recibir respuesta afirmativa en el plazo indicado, entenderemos que su partido renuncia a escuchar la voluntad de una incontestable mayoría. En ese caso, no tendremos otra opción que señalar públicamente a los diputados de su grupo parlamentario como responsables directos del sufrimiento y el dolor de miles de familias de este país. Plataforma de Afectados por la Hipoteca Barcelona, 05 de Febrero de 2012Puedes descargarte la carta aquí y la Declaración de Compromiso Responsable que se ha entregado adjunta para que la firmen los diputados
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Sois los mejores!
Ada Palau lo está haciendo extraordinariamente bien en su comparecencia, muy claro y directo, enhorabuena.
Os aporto una idea…. a aquellos diputados que NO APOYEN la dación en pago, se les puede perseguir con disfraces de COBRADOR DEL FRAC, para que sepan que tienen una deuda con los ciudadanos…
Muy buena idea la de Miguel! Qué mayor vergüenza que el quedar señalado públicamente como uno de los mayores responsables de la devaluación total de la democracia… yo no podría vivir con algo así sobre mi conciencia.
El problema va a ser que muchos de esos diputados carecen de algo parecido a moral…
Acabo de ver en el telediario a Ada Palu. Increible! alguien que habla sin acobardarse delante de toda esa gentuza de politicos. Diciendo las cosas por su nombre y a la cara.
Ada eres mi heroina…llevo 20 años sin votar pero por ti lo haria…
Alea jacta est..
Hola soy un ciudadano mas afectado, mi pregunta es, cuanta gente tiene que quiterse la vida para que esto pare? cuanta gente tenemos que estar con sicologos y mas……
Aunque sea lo que voy adecir un poco diferente, pero tiene que haber sangre para adoctar la solucion, o se les tiene que tocar directamente las orejas por decir a los que nos siguen robando y encima intentan ser bien vistos, que ya nos nos vale las palabras y encima tenemos que estar avergonzados por lo que dicen fuera de españa por culpa de estos ejecutores de vidas. Hasta donde quieren llegar?