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Artículo de Adrià Alemany, miembro de la PAH y coautor del libro Vidas Hipotecadas : De la Burbuja inmobiliaria al Derecho a la Vivienda

Con la nueva reforma financiera anunciada por el Ministro de Guindos (la quinta desde que estalló la crisis, y la tercera desde que gobiernan los populares) se obliga a las entidades financieras perceptoras de ayudas públicas a deshacerse de los inmuebles adjudicados en cartera. Para ello se crearán sociedades gestoras (banco malo), participadas por el FROB,  que compraran los activos tóxicos que se acumulan en los balances bancarios para venderlos en un plazo máximo de 15 años. Con ello se pretende sanear las cuentas de las entidades financieras de la indigestión inmobiliaria. De esta manera el FROB, que podrá endeudarse hasta un tope de 120.000 millones de euros, financiará la compra de estos activos tóxicos, mayormente inmuebles que actúan como garantía de créditos ligados a promotor, según el propio ministro de economía. El gobierno ha asegurado que dichos activos se compraran a un precio razonable y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado que la reforma “se ha diseñado para que no cueste un euro al erario público”.

Sin embargo, esta nueva “restructuración” se presenta ante nosotros como el mayor rescate bancario hasta la fecha y otra gran estafa a la ciudadanía. Al respecto varias consideraciones:

1) ¿Quién nos asegura que las parcelas, suelos,  promociones sin acabar y urbanizaciones fantasma  que absorberá el banco malo se comprarán a un precio razonable? Que se entiende por “precio razonable”?

 Si la intención del banco malo es comprar activos para luego venderlos,  el precio al que se compren y luego se vendan estos activos será clave para determinar el coste final para el contribuyente. Una de las hipótesis que se barajan es que los inmuebles sean transferidos al banco malo por su valor contable menos las provisiones ya realizadas sobre el activo que poseen en cartera (un colchón que los bancos están obligados a reservar para compensar la depreciación de los inmuebles). ¿Pero descontar la provisión realizada sobre el precio contable de los activos será suficiente para ajustarnos a su valor actual de mercado? Suponiendo que fuera así, que no lo es, y que, tal y como asegura el ministro De Guindos “los activos tóxicos de los bancos ya estuvieran  suficientemente  provisionados, con lo que el precio de compra podría ser reducido”, ¿por qué estos activos no encuentran salida en el mercado privado? ¿Por qué se transfieren entonces al banco malo? ¿Por qué nadie los quiere? ¿Por qué los tiene que comprar el Estado?

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