Parece que las entidades financieras no tienen bastante con un procedimiento de ejecución hipotecaria que permite la adjudicación de las viviendas por un 60% del valor de tasación y el desalojo sin contemplaciones de las personas afectadas. Su avaricia no tiene límite, y algunas entidades han decidido recurrir a la subasta extrajudicial, un procedimiento aún más perverso, si cabe, que el de la ejecución judicial: más rápido (se puede resolver en tres meses), con indefensión absoluta por parte de la persona afectada (al no ser judicial, sino notarial, no se tiene derecho a la justicia gratuita) y, el colmo de los colmos, se resuelve en 3 subastas, permitiendo que si las dos primeras quedan desiertas, en la tercera la entidad se lo puede adjudicar por cualquier valor, es decir, a partir de 1 euro, quedando a la persona o familia afectada la totalidad de la deuda de por vida.
A la PAH han empezado a acudir personas afectadas por este tipo de procedimiento. Concretamente tenemos ya varios casos de Banca Cívica, a quien no hemos dudado en rebautizar como Banca InCívica y quien se podría convertir en una buena metáfora de la hipocresía de la banca española, que no contenta con engañar, extorsionar, robar, estafar y desahuciar a buena parte de la población, aún pretenden mantener una buena imagen pública con nombres como Banca Cívica, o con una obra social que jamás podrá compensar todo el daño que están causando.
A Banca InCívica, y al resto de entidades que pretendan seguir cometiendo estos abusos, las avisamos: no permitiremos más violaciones de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Iremos a las subastas y las pararemos, igual que estamos paralizando los desahucios. Exigimos no sólo que retiren inmediatamente los procedimientos notariales extrajudiciales, sino que liberen de deuda a las personas afectadas y les permitan mantener la vivienda en régimen de alquiler social asequible. En caso contrario, la PAH emprenderá las acciones necesarias para defender los derechos de la ciudadanía.
Y a la administración le recordamos que está tardando en cambiar una legislación a todas luces injusta. Mientras no se cambie una ley que sobreprotege a unos bancos y cajas totalmente irresponsables, capaces de abusar de las leyes existentes para conseguir el máximo beneficio, de nada servirán los vanos intentos de mediación que algunas administraciones están intentando impulsar para neutralizar el conflicto. Igual que sería impensable mediar entre un agresor y la persona agredida, no se puede mediar cuando existen dos partes desiguales, donde la parte fuerte (las entidades bancarias) no duda en abusar de los más vulnerables para lucrarse. Aquellas administraciones que utilizan la mediación para retrasar el cambio de la ley, se acaban convirtiendo en cómplices de todos los abusos. Más allá de las palabras y las buenas intenciones, exigimos justicia.
Ver la denúncia recogida en el reportaje de El Pais «Los bancos recurren a subastas notariales para recuperar pisos»