Este lunes 14 de noviembre una delegación de la PAH se reunirá con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, la Concejala de Calidad de Vida y Servicios Sociales, Maite Fandos, el responsable municipal de Vivienda, Antoni Sorolla, y el Comisionado de Participación Ciudadana, Carles Agustí.
Hace un año la PAH inauguró una campaña para que los ayuntamientos aprobaran mociones en las que se solicita al gobierno español la regulación de la dación en pago y medidas que paralicen los desahucios. La misma moción no sólo insta al gobierno estatal sino que se compromete a actuar a nivel local, empezando por la creación de una comisiónmixta formada por el gobierno municipal, los partidos, la PAH y otras entidades, en la que se propondrán medidas para frenar los desahucios y, en aquellos casos en que no se puedan evitar, garantizar el realojo digno de las familias desahuciadas.
Más de cien ayuntamientos han secundado la campaña. Barcelona es, hasta la fecha, el ayuntamiento más importante de todo el estado que ha aprobado la moción. También es una de las provincias más afectadas: de los 22 desahucios que se ejecutan cada día en Cataluña, 18 son en Barcelona. Ahora se trata de cumplir con el compromiso adquirido y de demostrar si tras la moción hay voluntad política real.
Por ello, la PAH acudirá a esta reunión con voluntad de concretar medidas que tengan efectos inmediatos, por ejemplo:
– Eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda.
– Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales para, entre otros, que ninguna familia más sea amenazada de perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio. Por el contrario, exigimos que servicios sociales colabore siempre en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
– No poner ni un solo guardia urbano más a disposición de las ordenes de desahucio.
– En los casos en que no se haya podido impedir el desahucio, garantizar el inmediato realojo en una vivienda digna en régimen de alquiler social asequible, a poder ser en el mismo barrio.
– Hacer un censo con carácter urgente de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras para luego poder aplicar medidas que fuercen su puesta inmediata en alquiler social asequible, desde una recarga del IBI hasta la expropiación temporal de su uso.
– Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los deshaucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. En caso de no obtener respuesta por parte de éstas, aplicar medidas sancionadoras.